El pasado 15 de enero de 2025, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue destituido por el presidente Luis Arce Catacora tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.
Este hecho marca la segunda destitución casi consecutiva en esta cartera por acusaciones de corrupción. En mayo de 2023, su antecesor, Juan Santos, enfrentó cargos similares. A la fecha, no se conocen avances en esa investigación, ni se ha informado sobre sentencias ni sobre la recuperación de fondos públicos desviados o captados mediante actos de corrupción.
Este panorama es alarmante, especialmente cuando Bolivia atraviesa una crisis ecológica sin precedentes, caracterizada por incendios forestales, desmontes descontrolados y la expansión de la minería aurífera, que contamina severamente a comunidades y ecosistemas ribereños. Este contexto exige una respuesta firme y urgente.
Es imperativo que el presidente actúe con mayor rigurosidad en la selección de sus colaboradores. La designación del próximo/a ministro de Medio Ambiente y Agua debe garantizar integridad, competencia técnica y un compromiso real con la gestión ambiental pública. La corrupción y la ineficiencia solo agravan la ya crítica situación ecológica del país.
No es admisible que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua continúe siendo repartido como cuota de poder entre facciones del MAS, funcionando como un “pasanaku” de favores entre organizaciones sociales afines al gobierno. Las denuncias contra Juan Santos, acusado por sus propios asesores de cobrar coimas del 8 %, superando el 3 % que se consideraba “aceptable”, y rumores de que Lisperguer, supuestamente llegó a exigir hasta un 15 %, reflejan un deterioro institucional inadmisible. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Un ministro que exija un 30 %?
Como medio comprometido con el seguimiento de la gestión ambiental pública, expresamos profunda preocupación ante el saqueo del escaso presupuesto destinado al medio ambiente. Más aún, tememos que estas investigaciones queden impunes y que los recursos desviados nunca sean recuperados, consolidando un daño irreversible al Estado, la sociedad y los ecosistemas.
Este es solo el síntoma más visible de una corrupción estructural. Recordemos que Juan Santos fue acusado de adquirir al menos 27 inmuebles durante su gestión, mientras que sobre Lisperguer recaen sospechas de poseer al menos nueve propiedades no declaradas. ¿Qué concesiones de desmonte, permisos mineros y contratos ilícitos facilitaron la acumulación de semejantes fortunas? Es alarmante, considerando que Lisperguer manejó en 2024 un presupuesto superior a los Bs 1.000 millones, en menos de un año de gestión.
Estos hechos evidencian la falta de controles y auditorías eficaces. Resulta inverosímil que solo se investigue a los exministros, cuando sus actos difícilmente pudieron ejecutarse sin la complicidad de funcionarios subordinados. Urge, por tanto, una auditoría profunda y la depuración del ministerio, con transparencia total sobre los responsables y sus actos.
A esto se suma la preocupante situación del actual director del SERNAP, quien ha debilitado la institución y hostigado a defensores ambientales como hemos denunciado en un editorial hace unos días. ¿Están realmente las personas idóneas, técnica y éticamente, al frente de la gestión ambiental?
Al futuro ministro de Medio Ambiente y Agua, le recordamos que la transparencia y el respeto por la sociedad civil son innegociables. La censura y la falta de información no ocultarán la gravedad de los incendios y el desmonte, cuya magnitud sigue sin ser reportada oficialmente tras la crisis de 2024. ¿Cuándo van a informar y transparentar los mapas de las zonas afectadas por incendios en los últimos años? La ciudadanía sufre las consecuencias directas de esta negligencia, y el silencio no bastará para encubrir la ineficiencia y mala gestión publica.
Finalmente, hacemos un llamado a la cooperación internacional y a las ONG ambientales que colaboran con las instituciones públicas. Es fundamental que vigilen que sus recursos no sean malversados y que condicionen su apoyo a mejoras tangibles en la gestión ambiental. Bolivia no puede seguir respaldando una administración pública ambiental ineficiente y corrupta.
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