La diputada nacional María René Álvarez presentó una demanda histórica ante el Tribunal Agroambiental de Sucre para frenar la caza ilegal e indiscriminada de jaguares (Panthera onca), un hecho criminal que ha cobrado relevancia en las últimas semanas. Esta acción busca establecer criterios jurídicos preventivos, productivos y sancionatorios, así como la reparación por parte de los responsables de estos actos que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente.
“Esta demanda es un precedente histórico en la protección del medio ambiente, ya que permitirá la emisión de criterios jurisprudenciales aplicables a este y otros casos análogos. Un paso crucial en la lucha contra los crímenes ambientales y la defensa de nuestros recursos naturales”, ha afirmado la diputada Álvarez.
Los hechos que conmocionan
La demanda también denuncia que un grupo liderado por el ciudadano argentino Jorge Néstor Noya, vinculado a la organización “Caza&Safari Argentina”, habría asesinado al menos cinco jaguares en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, en Santa Cruz. Estos hechos, documentados en reuniones internacionales como la del Grupo Mini-SIG Caza Furtiva en Brasil, han expuesto la gravedad de la caza furtiva en Bolivia y su impacto en una especie en peligro de extinción.
Un precedente jurídico para la protección ambiental
La diputada Álvarez destacó que esta demanda no solo busca sancionar a los responsables, sino también sentar un precedente histórico en la defensa del medio ambiente. Está interponiendo esta acción para que el Tribunal Agroambiental establezca criterios jurídicos que permitan prevenir y sancionar este tipo de crímenes ambientales. Es un paso crucial en la lucha contra la impunidad y la defensa de nuestros recursos naturales.
La legisladora recordó que el jaguar es una especie protegida por la Constitución Política del Estado (artículos 33, 381 y 383), la Ley 1333 de Medio Ambiente y tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Acuerdo de Escazú.
Medidas urgentes solicitadas
– Entre las medidas preventivas solicitadas al Tribunal Agroambiental se encuentran:
– La suspensión inmediata de actividades de caza que amenacen al jaguar.
– El cierre o restricción de acceso a zonas críticas donde se haya detectado caza furtiva.
– El fortalecimiento de sistemas de monitoreo en áreas protegidas, con apoyo de guardaparques y fuerzas de seguridad.
Campañas de concienciación sobre las sanciones legales asociadas al tráfico de especies protegidas.
Además, se pidió la remisión de antecedentes a las autoridades competentes para iniciar acciones sancionatorias y determinar la reparación de los daños causados.
Un llamado a la acción colectiva
La diputada Álvarez hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a sumarse a esta lucha por la protección del jaguar y su hábitat.
Esta demanda marca un momento importante en la defensa del medio ambiente en Bolivia, sentando las bases para una jurisprudencia que proteja la biodiversidad y combata los crímenes ambientales con firmeza y decisión.
El pasado 23 de enero, Revista Nómadas publicó una investigación titulada: “Más de 30 viajes ilegales para cazar jaguares hasta por 50.000 dólares: así operaba la red de Jorge Néstor Noya que saqueaba la fauna en Bolivia”.En ese informe especial,se reveló que la empresa Caza & Safaris Argentina ofrecía paquetes para cazar jaguares en el AMNI San Matías y otros lugares de Santa Cruz. Hay siete imputados en Buenos Aires y hay dos que están procesados también en Bolivia. El jefe de la organización ecocida, Jorge Néstor Noya —según las investigaciones— introducía a Bolivia a sus clientes internacionales en avionetas desde Brasil.
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