La Fundación Tierra ha manifestado su rotundo rechazo al Proyecto de Ley de Declaración de Pausa de la Verificación de la Función Económica Social (FES) y Función Social (FS), que —afirma— está promovido por grandes ganaderos y sectores agropecuarios. Esta propuesta, que busca suspender durante siete años la verificación de las funciones sociales y económicas de las tierras en Bolivia, es visto como un intento de aprovecharse de la tragedia ambiental generada por los incendios forestales del 2024 para evadir las regulaciones agroambientales existentes.
El 12 de diciembre del 2024, el proyecto de ley 096/2024-2025 fue presentado a la comisión de tierra y territorio del senado, para su tratamiento por los senadores Centa Rek (Creemos), Neila Velarde (Comunidad Ciudadana), Claudia Eguez (Creemos) y Walter Justiniano (Comunidad Ciudadana) como se puede evidenciar en la copia del proyecto de Ley que se encuentra al finalizar esta nota.
Este 11 de enero 2025, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL), que entre otros representa a las federaciones regionales departamentales, aclaro en conferencia de prensa que este proyecto de ley es de su autoría y que la principal justificación es la de garantizar la seguridad jurídica. Este proyecto de ley vendría a sumarse a las cinco normas de ley obtenidas durante el gobierno de Evo Morales hasta inicios del 2019, entre otros la no obligación de reforestación que fue sustituida por una ‘’regeneración natural asistida’’, medida que era requerida en caso de desmonte ilegal.
La preocupación principal de la Fundación TIERRA, destacada organización experta en materia agriaría y ambiental, radica en el hecho de que, si el proyecto es aprobado, se desactivaría el control sobre el uso de la tierra en el país y se eliminarían las multas que actualmente enfrentan aquellos responsables de quemas ilegales e incendios forestales provocados. Este proyecto ha sido impulsado bajo el argumento de que la extrema sequía e incendios del año pasado han afectado a los ganaderos del país.
El proyecto también incluye varios puntos clave, incluyendo la derogación del articulo 1ero del decreto supremo DS 5225 aprobado el 11 de septiembre 2024 que declara una pausa ambiental ecológica en todo el país, a raíz de los megaincendios del año pasado. Además incluye la derogación del decreto supremo DS 5203 que aumenta las multas por incendios en áreas de bosque permanente, y que por lo tanto no tienen vocación agropecuaria, de USD0.05 y 0.20/ha a entre USD 70/ha y 365/ha, según lo establecido por el valor actual de los UFV. Si bien dicho proyecto de ley está aún en tratamiento, existen antecedentes en el senado donde una mayoría de senadores de Creemos, Comunidad Ciudadana y el MAS han postergado el tratamiento de leyes contra los incendios como reportado anteriormente.
La Fundación TIERRA sostiene que este proyecto, en lugar de abordar los problemas reales del país relacionados con la gestión sostenible de las tierras y el medio ambiente, solo favorece a quienes no cumplen con la ley, permitiéndoles continuar con prácticas irresponsables que perpetúan la destrucción del entorno natural y la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Además de la crítica al proyecto de ley, la Fundación TIERRA ha solicitado que se suspenda su tratamiento en la Asamblea Legislativa, argumentando que su aprobación podría tener efectos devastadores para el medioambiente y las comunidades rurales e indígenas que dependen de la tierra para su subsistencia.
Este pronunciamiento resalta la urgente necesidad de fortalecer las políticas agroambientales y sancionar adecuadamente a aquellos que infringen las normativas que buscan proteger los ecosistemas y la biodiversidad de Bolivia.
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