- Diputada María René Álvarez, usted ha sido la artífice de la Acción Ambiental Directa que logró una resolución histórica en el Tribunal Agroambiental. ¿Cómo nació la idea de impulsar esta medida para proteger al jaguar y su hábitat en la Chiquitania?
– Nuestra preocupación por la constante caza y tráfico de especies en la Chiquitania no es de ahora, pero este último caso de cinco jaguares muertos por acción de un empresario argentino, demostró que esta gente actúa con toda impunidad hace varios años. Por eso, junto al abogado Juan Carlos Camacho decidimos presentar una demanda en el Tribunal Agroambiental, porque acudir a las autoridades del Gobierno, sean ministerios o entidades como la ABT, el Sernap u otros resulta vano, porque ellos son parte del problema. El 3 de febrero ingresó la Acción Ambiental Directa y el 10 de marzo la demanda de medidas cautelares de preservación para esta especie protegida. Los nuevos magistrados demostraron su buena voluntad al emitir la resolución de admisión y ahora queda esperar la audiencia de este 23 de abril para sentar precedente en la defensa de nuestra fauna silvestre.
– Esta es la primera vez que se admite una Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva en Bolivia. ¿Qué significa este precedente para la justicia ambiental y la conservación de la biodiversidad en el país?
– El hecho de que el Tribunal Agroambiental haya admitido el recurso presentado en corto tiempo es positivo. Desde ya, es un hito histórico que sentará jurisprudencia ambiental y demuestra que estos temas deben resolverse en el ámbito de la justicia y no en los escritorios de los burócratas del Ejecutivo que politizan cualquier tema y siempre hacen cálculo político.
Así sucedió también, en julio de 2022 cuando presentamos una demanda ante el Juzgado Agroambiental, para frenar las operaciones de la empresa minera Mincruz que operaba en el ANMI San Matías, estableciendo por primera vez en la legislación nacional, la revocatoria de licencia ambiental de ese consorcio por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
– El 23 de abril está programada la audiencia sobre esta medida. ¿Qué espera que se concrete ese día en términos de decisiones judiciales para garantizar la protección del jaguar y su ecosistema?
– El Tribunal Agroambiental deberá garantizar la protección de esta especie (jaguar: Panthera Onca) y con ello sentar jurisprudencia ambiental para la defensa de otros animales que todavía son presas de gente inescrupulosa que no tiene ningún respeto por la vida. Pero también aprovecharemos la audiencia en Sucre, para pedir explicaciones sobre estos casos de biocidio a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente, de Gobierno, de Justicia y otros, porque esta falsa empresa operó unos cinco años en nuestro territorio con la fachada del turismo, mientras publicaba sus ofertas en las redes sociales con ganancias de hasta 50 mil dólares. ¿Cómo se explica tanta impunidad si no es por la inacción o, si fuera el extremo, la complicidad de las autoridades del nivel central del Estado?
– ¿Cuál es el papel y el aporte de las plataformas ambientales, ONGs, profesionales y población en general para el éxito de esta acción directa?
– Esta lucha por la biodiversidad, los recursos naturales y el territorio no es de una sola persona sino de toda la sociedad. Y en la Chiquitania el espíritu de lucha es tan grande que todos buscan justicia ante estos casos de biocidio que indignan. El pueblo chiquitano también recibe y colabora a las instituciones ambientalistas cuando se presentan estos casos. Existe un compromiso de todos para buscar soluciones e identificar a los culpables de la caza furtiva, los desmontes, los avasallamientos de tierras, los depredadores. Somos la cultura de la vida y la naturaleza y agradecemos a toda la gente e instituciones que se suman a esta lucha.
– Usted ha sido llamada la “jaguar chiquitana” por su labor en defensa de la naturaleza. ¿Qué representa para usted personalmente liderar esta causa y cómo conecta esta lucha con las necesidades de las comunidades de la región?
– Es un orgullo, porque al ser electa por mayoría de votos como diputada de la circunscripción uninominal 54 de Santa Cruz, como representante de la Chiquitania, no asumí el curul para buscar beneficios personales sino para responder a la población. La labor legislativa es complicada, no es para buscar beneficios, porque incluso en mi caso, para asistir a una sesión en La Paz, debo trasladarme por carretera, que dicho sea de paso son caminos olvidados por el centralismo, por horas hasta Santa Cruz y de ahí partir a la sede de gobierno, lo propio para el regreso. El trabajo también se realiza en cada comunidad indígena y cada municipio de la circunscripción, pero también en otras provincias y regiones que nos convocan para atender sus demandas, porque en estos casi cinco años fuimos devolviendo con resultados la confianza recibida en las urnas.
– ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta el jaguar en la Chiquitania y qué acciones específicas cree que podrían implementarse a partir de esta resolución para mitigarlas?
– En principio, nuestra Acción Ambiental Directa solicitó medidas de prevención como la suspensión inmediata de toda actividad de caza que amenace al jaguar, el cierre o restricción de acceso a zonas críticas donde se haya detectado la caza furtiva, el fortalecimiento de sistemas de monitoreo en áreas protegidas con apoyo de guardaparques y fuerzas de seguridad, entre otras. Pero también esperamos que las medidas cautelares de preservación se amplíen no solo al jaguar sino a todas las especies protegidas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de la Madre Tierra y el Acuerdo de Escazú del caul Bolivia es signatario.
– Esta medida cautelar es un paso inicial. ¿Qué planes o estrategias tiene a largo plazo para asegurar que la protección del jaguar y su hábitat se mantenga más allá del 23 de abril?
– La decisión que tome el Tribunal Agroambiental será importante y servirá como un instrumento para activar mecanismos legislativos de protección y preservación de nuestra biodiversidad. También llevaremos esta causa a tribunales internacionales, porque este es un delito transnacional como vimos con la responsabilidad de este empresario argentino Néstor Noya, a quien junto a sus cómplices españoles y bolivianos también les seguimos un proceso penal por biocidio. Finalmente, será el próximo gobierno el que tendrá la responsabilidad de evaluar la labor de sus ministerios y entidades dependientes que actualmente no cumplen su trabajo, son negligentes y posiblemente cómplices de estos hechos ilícitos. Los candidatos que hoy quieren postular a la Presidencia también deben informarse sobre estos temas y asumir un compromiso de defensa ambiental ante el pueblo.
– ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía y a otros legisladores para que se sumen a esta causa y repliquen iniciativas como esta en otras regiones de Bolivia que también enfrentan desafíos ambientales?
– Santa Cruz es el departamento con mayor diversidad, con un ecosistema amplio y por tanto, es también el más expuesto a los daños provocados. Pero el tema de la protección ambiental y de nuestras especies está en toda la Amazonía, en todos los departamentos, en los andes con cada especie nativa de cada lugar. Por tanto, a partir de la resolución o fallo que vaya a emitir el Tribunal Agroambiental, cada diputado podrá plantear similares recursos para sus regiones, sea por el bufeo, el tatú, el cóndor. Esta es una lucha conjunta y daremos el primer gran paso este 23 de abril.
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