Hoy, el Tribunal Agroambiental de Bolivia escribe un capítulo trascendental en la defensa de la biodiversidad con la audiencia pública de la Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva, impulsada por la diputada María René Álvarez y acompañado por varios profesionales, fundaciones y activistas medioambientales. Este acto, centrado en la protección del jaguar (Panthera onca) y su hábitat, no solo busca salvaguardar al mayor felino de América, sino también establecer un precedente histórico en la jurisprudencia ambiental del país.
La audiencia, se celebrará en las instalaciones del Tribunal Agroambiental en Sucre, reunirá a representantes del Estado, pueblos indígenas, científicos, organizaciones civiles y defensores ambientales, quienes expondrán argumentos para frenar la destrucción del hábitat del jaguar, amenazado por la expansión agrícola, los incendios forestales, la ganadería y el tráfico ilegal. “Este caso debe sentar precedente y jurisprudencia ambiental para la defensa de nuestros recursos naturales y especies protegidas”, afirmó la diputada Álvarez, cuya demanda presentada el 4 de febrero de 2025 denunció el biocidio de al menos cinco jaguares en el Área Natural de Manejo Integral San Matías, en Santa Cruz, a manos de un grupo de empresarios extranjeros.
La resolución del Tribunal, pionera en admitir una Acción Ambiental Directa, busca proteger no solo al jaguar, sino también a los defensores ambientales como el guardaparque Marcos Henrique Uzquiano Howard y otras personas e instituciones que fueron amenazados y perseguidos por diferentes actores que buscan destruir la naturaleza. Además, se espera que ordene medidas para fortalecer el monitoreo en áreas protegidas y combatir el tráfico ilegal, respondiendo a la urgencia de preservar un ecosistema vital para Bolivia.
“Bolivia podría marcar un hito en la justicia ambiental con esta acción”, destacó Álvarez en una entrevista con Revista Nómadas, subrayando la importancia de este día para consolidar políticas efectivas de conservación.
Daniela Justiniano, fundadora y líder de la plataforma medioambiental Alas Chiquitanas, sabe que para ella y para todos los que alzan la voz en defensa de la Madre Tierra y la biodiversidad esta acción legal en defensa del jaguar no es solo una medida judicial, es un acto de esperanza, después de la mayor catástrofe ambiental vivida en Bolivia, es una señal de que la justicia mira por fin hacia la vida silvestre con la seriedad, la sensibilidad y el compromiso ético que se merece.
“Ver al Tribunal Agroambiental abrir sus puertas a una Acción Ambiental Directa es sentir que las voces de quienes no pueden hablar (los jaguares, los bosques, los ríos) están empezando a ser escuchadas. Es una lástima que tengan que suceder estos crímenes para que, finalmente, quienes deben hacer algo para prevenirlo recién actúen. Esperemos que no sea tarde”, sostiene, emocionada y remata: “Esta acción será un paso hacia la reivindicación profunda frente al dolor y el daño sufrido por estos seres inocentes que jamás tuvieron voz para pedir justicia. Hoy, lo hacemos por ellos y también por nosotros mismos, porque en su extinción y la pérdida de su hábitat se juega nuestra propia supervivencia”.
El pedido de rechazo de David Choquehuanca
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, emitió un informe ante el Tribunal Agroambiental solicitando declarar improcedente una acción ambiental presentada por María René Álvarez Camacho, diputada nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La acción buscaba medidas cautelares preventivas y de reparación integral por daño ambiental a favor de la biodiversidad, específicamente para proteger al jaguar (Panthera onca) y su hábitat.
En el documento, Choquehuanca argumenta que, señala que no existe un código procesal agroambiental ni una ley procesal ambiental que regule la sustanciación de estas medidas, lo que, a su juicio, imposibilita continuar con el proceso.
El informe también destaca que la Constitución Política del Estado no otorga al Tribunal Agroambiental competencias para resolver este tipo de demandas, y que el Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad, no fue cumplido en la forma y contenido de la solicitud presentada.
Choquehuanca pidió al Tribunal Agroambiental que se declare no competente para conocer, sustanciar y resolver esta acción, argumentando una falta de legitimación activa y solicitando que se subsanen las deficiencias legales para evitar consecuencias jurídicas mayores. El caso, registrado bajo el expediente No. 6084/2025, sigue en análisis, mientras se espera una resolución definitiva por parte del tribunal.
Desde el equipo de comunicación de la diputada cruceña María René Álvarez, quien es la cabeza que lidera la solicitud de la Acción Ambiental Directa para proteger al jaguar y su hábitat, han informado a Revista Nómadas que la actividad para este fin programada hoy 23 de abril, en Sucre, sigue en pie.
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