Tras una audiencia de cinco horas y 54 minutos, el Tribunal Agroambiental ordenó a diferentes entidades públicas la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia emitida hoy en Sucre tiene 12 disposiciones, y entre ellas se exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Además, se establece un plazo de 10 días para que se dicten medidas de protección para defensores y defensoras ambientales.
El objetivo inicial ha sido logrado. El Tribunal Agroambiental tomó las determinaciones precisas para poder proteger y perfeccionar los mecanismos de protección del hábitat del jaguar. “Nosotros tomamos como muy positiva estas respuestas de los magistrados, ya que ellos actuaron de acuerdo a sus atribuciones. De acá en adelante se abre un precedente histórico para que se pueda pedir también el cuidado de otras especies. Falta mucho por avanzar, pero esto es un buen inicio”, destacó la diputada María René Álvarez, quien presentó la demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental.
La parte resolutiva emitida hoy por los magistrados ambientales, tiene 12 puntos, que fueron sustentados en gran medida en el Acuerdo de Escazú. Lo central es la emisión de órdenes para las instancias estatales para tomar medidas y aplicar políticas de protección al jaguar y su hábitat, que incluye la declaración de una pausa ecológica.
Por ejemplo, en el punto nueve, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, compuesta por los magistrados Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, ordenó disponer una pausa ecológica en las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional con base al Decreto Supremo 5225, que implica la suspensión de las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como prohibir la emisión de nuevos permisos. La pausa ecológica se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.
“Lo más importante es que se aplique protocolos mediante la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, para prevenir y erradicar todo de tipo de cazas indiscriminadas e ilícitas de esta especie (jaguar)”, afirmó el abogado Juan Carlos Camacho, quien también fue parte de la demanda ambiental.
Así, el Tribunal Agroambiental de Bolivia escribió un capítulo trascendental en la defensa de la biodiversidad con esta audiencia pública, que impulsada por la diputada Álvarez y por varios profesionales, fundaciones y activistas ambientales. Con este acto se logró salvaguardar al mayor felino de América y se estableció un precedente histórico en la jurisprudencia ambiental del país.
El 4 de febrero de esta gestión, la diputada Álvarez presentó una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental. La demanda de la legisladora inició como denuncia de biocidio y tráfico de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, en la que solicitó a los magistrados que dicten medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, para frenar la caza de este animal.
“El jaguar es un símbolo de la Amazonía y la Chiquitania, pero sobre todo es una de las especies protegidas que durante años fue cazada, comercializada y vulnerada en sus derechos. Y con la caza del jaguar también se ha incrementado el avasallamiento de nuestros territorios y la afectación a los pueblos indígenas. Por tanto, este fallo se constituye en un primer paso para hacer una defensa íntegra no solo para las especies protegidas sino para nuestros territorios y nuestros pueblos”, resaltó Álvarez.
Ayer, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, intentó frenar la acción legal de defensa ambiental al presentar un memorial solicitando la improcedencia de las medidas cautelares preventivas. Hoy, en la audiencia, Rudy Flores, representante de la Vicepresidencia, insistió la posición de esta instancia e incluso advirtió que la decisión del Tribunal Agroambiental puede tener consecuencias jurídicas.
Pero el Tribunal Agroambiental se puso firme y, en una jornada histórica, ordenó protección al jaguar, pausa ecológica y prohíbe quemas en todo el territorio nacional.
