Es un precedente histórico. El jaguar podrá caminar tranquilo dentro su hábitat sin que la mano del hombre amenace su existencia. Eso determinó ayer el Tribunal Agroambiental con una inédita resolución de 12 puntos que dispone, entre lo más destacado, una pausa ecológica en Bolivia, establece “medidas de protección reforzada” para los defensores y defensoras ambientales y protección para el felino más grande América del Sur. La medida fue celebrada y calificada de histórica a lo largo y ancho de Bolivia, que aplaudieron la decisión de los magistrados.
Sucre despertó ayer con un reto ambiental por cumplir: el Tribunal Agroambiental llamó a audiencia a las 09.00 para emitir una serie de protecciones a favor del jaguar. Las puertas de este tribunal se empezaron a llenar de pancartas a favor del felino, de defensores ambientales y del hábitat del jaguar y de representantes de instituciones que luchan a favor de la naturaleza y de representantes de pueblos indígenas. Dentro estaban los magistrados esperando el inicio de la audiencia. Todo estaba listo. Muchos se quedaron afuera, pero la tecnología ayudó a seguir el evento a través de Revista Nómadas y de otros canales digitales.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, abrió la audiencia. Pidió a su secretario informar si los demás magistrados estaban en sala, si la parte demandante también estaba presente. Todo estaba en orden. Luego dio paso a las posiciones que tenía cada organización o persona. Todos empujaban a que el fallo salga a favor del jaguar, pero solo una instancia estaba en contra: la Vicepresidencia del Estado. Esta entidad pública, a la cabeza de David Choquehuanca, objetó la esencia de la audiencia e incluso advirtió que la decisión del Tribunal Agroambiental podría tener efectos jurídicos negativos. Su representante vía virtual era Ruddy Flores.
La audiencia duró cinco horas y 54 minutos. Hubo un cuarto intermedio de al menos una hora para dictar la resolución. Antes, justificaron su posición todos los asistentes en sala y quienes acompañaban el evento vía virtual. La diputada María René Álvarez fue quien presentó la demanda de medidas cautelares el 4 de febrero. Se adscribieron varios activistas más, como el abogado Juan Carlos Camacho, el abogado Rodrigo Herrera y Lisa Corti, del Llanto del Jaguar.
La audiencia pública reunió un coro diverso de voces: autoridades estatales, comunidades indígenas, científicos, ambientalistas, guardaparques y activistas, todos unidos en la defensa del jaguar. Durante el evento —por ejemplo— WWF-Bolivia, con su representante Lila Sainz, contribuyó con un detallado informe técnico, elaborado en colaboración con WCS, como parte del peritaje conjunto.
Álvarez explicó que la resolución ordenó disponer una pausa ecológica en las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, lo que implica —dijo— suspender las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como prohibir la emisión de nuevos permisos. La pausa ecológica se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.
Esa disposición está en el punto 9 de la resolución: Se dispone “pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional”, para lo que “se ratifica la suspensión de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT”, “se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas” y se dispone que la medida se “de aplicación directa e inmediata”.
“El objetivo inicial ha sido logrado. El Tribunal Agroambiental tomó las determinaciones precisas para poder proteger y perfeccionar los mecanismos de protección del hábitat del jaguar. Nosotros tomamos como muy positiva estas respuestas de los magistrados, ya que ellos actuaron de acuerdo a sus atribuciones. De acá en adelante se abre un precedente histórico para que se pueda pedir también el cuidado de otras especies. Falta mucho por avanzar, pero esto es un buen inicio”, destacó la diputada Álvarez.
Mientras, la resolución también dicta medidas de protección para defensores y defensoras ambientales. Son siete en total: la propia diputada Álvarez; el guardaparque Marcos Uzquiano; el abogado Juan Carlos Camacho Terceros; la activista de Alas Chiquitanas, Daniela Justiniano Núñez; el representante de Justicia Ambiental, Rodrigo Herrera, la representante del colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Corti; el director del medio La voz de la Naturaleza, Antonio Alberto Cajías; y “otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se apersonen y soliciten igual protección”.
El Tribunal Agroambiental también ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como vulnerable.
Además, el Tribunal Agroambiental ordena a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de 30 días hábiles, proceda a elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional, territorial y diferenciado conforme a sus casos. Pero también ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó la importancia de la salvaguarda del jaguar como componente de la Madre Tierra, el cual, el 2023 fue reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una Acción Popular a favor de la protección del río Beni, que lo registra como sujeto de derechos.
“Esta audiencia se constituye en una oportunidad para reencauzar esa orientación (normativa) que en algún momento se ha dispersado, se ha direccionado de una manera errónea, en el sentido que, los derechos medioambientales se puede mirar de una perspectiva antropocéntrica y no desde una mira holística; de tal manera que los componentes de la Madre Tierra, como el jaguar pueda ser sujeto de protección jurisdiccional basada en su cualidad como componente de un sistema que es reconocido en la normativa nacional e internacional”, resaltó Callisaya.
En la audiencia pública se fueron sumando instituciones defensoras del medio ambiente, representantes indígenas y autoridades de otros departamentos donde también habita el jaguar. También se adhirieron las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Tribunal Supremo de Justicia.
Por el nivel central del Estado estuvieron presentes la Procuraduría General, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia del Estado.
“Agradecer a nuestras autoridades indígenas por hacer las denuncias y hacer el constante seguimiento a una problemática que les afecta directamente. También a aquellas instituciones que se dedican a la defensa del medio ambiente y que se sumaron a esta Acción Ambiental Directa, porque esta es una lucha de toda la sociedad comprometida con la naturaleza. A los guardapaques que trabajan a puro pulmón y exponen sus vidas por cuidar nuestra fauna y flora”, enfatizó la diputada Álvarez.
La representación del Sernap dijo que no cuenta con suficiente personal para patrullar las 16 áreas protegidas del país y esto implicaría cubrir miles de hectáreas por cada funcionario. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se pidió delimitar las áreas protegidas donde se encuentra el jaguar y que se profundice la gestión compartida para que también las gobernaciones y municipios realicen la labor de protección, así como reconocer a las autoridades indígenas ambientales para esa tarea.
Además, se exhorta a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para establecer un fondo de conservación del jaguar, con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación, que incluya aumentar el presupuesto para mejorar habilidades y competencias, así como tecnología para guardaparques y otras entidades defensoras del medio ambiente.
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