
La diputada nacional María René Álvarez presento notas ante la Fiscalía de San Ignacio de Velasco y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), luego de recibir las denuncias sobre nuevos avasallamientos de tierras en la zona del Alto Paraguá, dentro de ese municipio en el departamento de Santa Cruz.
La legisladora explicó que los caciques y pobladores de las comunidades Campamento Dos, Unión, Colorado y Candelaria llegaron hasta El Gomal, para verificar cómo estos grupos de avasalladores, identificados como parte de los entes afines a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) ingresaron a la zona y abrieron una brecha de 5 km para asentarse en este lugar.
Los avasalladores huyeron al ver la llegada de los comunarios chiquitanos, pero dejaron como evidencia de su ingreso a la zona boscosa varios bidones, plásticos, basura y hasta latas de cerveza.
“Las cuatro comunidades que viven de la economía agrícola familiar, sin dañar la tierra y bosque chiquitano, tienen el amparo de la ley al ser poblaciones indígenas originarias que viven en el Alto Paraguá. Por ello, han decidido bloquear este ingreso y colocar un letrero de “prohibido el paso” para que lo vean estos grupos irregulares”, explicó Álvarez.
La nota para la Fiscalía solicita que se actúe para identificar a estos grupos irregulares que pretenden asentarse en una zona boscosa que es custodiada por los pueblos indígenas de tierras bajas.
“Esta situación, además, se da en un contexto del inicio de las quemas, pese a que existe una pausa ecológica vigente y emitida por el Tribunal Agroambiental, que genera sospechas sobre el objetivo de este nuevo avasallamiento”, acotó la diputada.
En tanto, la solicitud al INRA explica que esa entidad debe activar los mecanismo de control correspondientes y solicitar el desalojo de los avasalladores mediante una petición al Tribunal Agroambiental, como señala la Ley 477 contra el avasallamiento y el tráfico de tierras.
Los caciques de las cuatro comunidades afectadas se encuentran movilizados de forma pacífica y han determinado bloquear los ingresos a El Gomal. También se pide la presencia de la Policía y las autoridades porque ven en riesgo una zona que es parte vital de la biodiversidad dentro de la Chiquitania.
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