Entre el 7 y el 15 de julio de 2025, se han detectado 158 focos de calor con alta probabilidad de ser incendios activos en distintos puntos de Bolivia. Esta cifra no proviene de estimaciones gubernamentales, sino de un riguroso análisis realizado por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, que utilizó datos satelitales VIIRS procesados mediante la plataforma Google Earth Engine. El estudio se enfocó únicamente en focos con temperatura superior a los 340 kelvin (unos 67 °C), considerados técnicamente como “de alta confianza” por su correspondencia con fuego real.
Mientras algunas autoridades insisten en restar importancia a estos registros bajo el argumento de que “los focos de calor no necesariamente son incendios”, las evidencias apuntan a lo contrario. En el Valle de Tucabaca, las imágenes satelitales fueron confirmadas con vuelos de dron que fueron tomadas por de Alas Chiquitanas tomadas el domingo 13-04-2025, captaron columnas de humo y fuego activo en zonas forestales que, según la zonificación legal, no están autorizadas para actividades agrícolas. Esas mismas áreas ya habían sido objeto de denuncias previas por quemas ilegales.
La realidad en terreno muestra un patrón repetido: los incendios están ocurriendo dentro de predios agroindustriales privados, asentamientos de comunidades interculturales y colonias menonitas que amplían la frontera agrícola a costa del bosque seco chiquitano. Se trata de una reproducción casi calcada de lo ocurrido en 2024, cuando los incendios arrasaron grandes extensiones del este boliviano sin que se aplicaran sanciones efectivas ni se ejerciera un control estatal real.
Todo esto sucede a pesar de la vigencia del Decreto Supremo 5225, que establece una Pausa Ambiental Ecológica y prohíbe de forma expresa las quemas en el territorio nacional. El fuego, sin embargo, no espera trámites administrativos ni discursos ambiguos. Las imágenes aéreas y satelitales son contundentes: el daño ambiental es tangible y creciente. La inacción de las autoridades —que debería ser respuesta y fiscalización— hoy son percibidas por el Movimiento de Defensa del Valle de Tucabaca, como complicidad por omisión.
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