En el mapa oficial, Bolivia es un Estado Plurinacional que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas. En la vida real, a pocos kilómetros de nuestras ciudades, hay hombres, mujeres y niños que huyen al monte bajo disparos, con las manos vacías y el alma rota. Son los ayoreos de Yoquiday 27 de Mayo, expulsados con fuego y amenazas, y condenados a un exilio interno del que nadie habla.
No es un relato de hace un siglo, ni un crimen lejano de las misiones coloniales. Es diciembre de 2021. Es un grupo armado que irrumpe en una comunidad con motosierra y cohetes. Es la ropa ardiendo, las casas reducidas a cenizas, las huellas de niños descalzos marcadas en el barro. Es Mariana Picanerai buscando a su hija entre el humo, sin saber que en ese instante la historia de su familia estaba siendo borrada junto con la tierra que cultivaban.
Esta realidad está documentada en el reportaje “Sin tierra y sin hogar: el desplazamiento forzado de 40 familias ayoreas en Yoquiday 27 de Mayo”, producido por el CEJIS y el ODPIB para Revista Nómadas, que publicamos este 14 de agosto 2025. El reportaje denuncia y revela que, en diciembre de 2021, colonos armados expulsaron violentamente a 40 familias ayoreas de su comunidad en Pailón, incendiando sus casas y pertenencias, sin que las autoridades las protegieran y hasta ahora, sin que los hechos sean investigados. Cuatro años después, muchos sobrevivientes siguen desplazados en asentamientos urbanos precarios, enfrentando trauma, pobreza y la pérdida de sus tierras ancestrales.
Cuarenta familias ayoreas fueron arrancadas de su territorio ancestral, donde sembraban yuca, zapallo y plátano, donde habían perforado un pozo de agua con el sudor de sus manos, confiadas en acuerdos alcanzados con el pueblo Guaraní. Hoy viven hacinadas en piezas de cuatro por cuatro metros, sobreviviendo con trabajos eventuales, respirando el polvo y el olvido.
Al atroz despojo se suma la indiferencia. La Policía se negó a recibir la denuncia. La Fiscalía no abrió proceso. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) constató las ruinas… y se retiró alegando que “no tenía competencia”. Hasta ahora no hay un solo responsable procesado. Las leyes que tienen que proteger a los pueblos en alta vulnerabilidad —como la Ley 450— se han convertido en un papel mojado que nadie se atreve a leer en voz alta.
En este país que se precia de su diversidad cultural, ser ayoreo es ser invisible. La niña de seis años que murió de fiebre y frío después de huir bajo la lluvia no ocupa titulares ni discursos. Sus hermanos siguen despertando con miedo cada vez que escuchan un petardo, convencidos de que volverán los hombres que quemaron su casa.
Bolivia no puede seguir tolerando que sus pueblos indígenas sean despojados a punta de armas, que sus territorios se repartan como botín político o económico, que la justicia se lave las manos mientras las víctimas se esconden en galpones. El desplazamiento forzado de Yoquiday 27 de Mayo es una herida abierta que nos define como país.
Si no hay justicia para los ayoreos, no la hay para nadie. Y si no somos capaces de indignarnos hasta las lágrimas por lo que ocurrió, es porque hemos dejado que la costra del egoísmo —y del tráfico de tierras, que no tiene sanciones ni frenos— nos cubra el corazón.
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