Querer transformar la propiedad comunitaria en propiedad individual no es un “error” de politiqueros: es un atentado directo contra nuestro territorio y nuestra cultura. En el municipio de Roboré, contamos con más de una decena de comunidades indígenas con titulación como Propiedad Comunitaria (San Pedro, Los Sotos, Quitunuquiña, Limoncito, entre otras) y con TCO (Tierras Comunitarias de Origen) como Turubó Este y Tobité. En conjunto, son más de 120 mil hectáreas (igual 17% de la superficie del municipio) de territorio que hoy sostienen nuestra identidad y nuestra forma de vida.
Qué está en juego
Según la ley agraria boliviana (INRA), la Propiedad Comunitaria y las TCO tienen características que las protegen: inalienables (no pueden venderse), indivisibles, irreversibles (no pueden revertirse por deudas), colectivas, inembargables e imprescriptibles. Esas garantías son un dique para que traficantes de tierra y acaparadores —incluida la gran agroindustria— no puedan apropiarse de nuestro territorio. Cambiar el régimen de propiedad desmantela ese dique.
El mecanismo de riesgo
La “conversión” de propiedad comunitaria a individual abre una puerta conocida: parcelación, compra por intermediarios, presión económica y, finalmente, concentración en pocas manos. En un contexto de crisis y abandono estatal, el territorio comunitario pasa a estar a merced de las reglas del mercado, con subastas a “precio de gallina muerta”. Es la ruta más rápida para que la casa grande cambie de manos.
El espejismo del crédito
A algunas comunidades les puede sonar atractivo el discurso del crédito bancario: si la tierra se individualiza, se puede hipotecar y “acceder al sistema”. Pero esa solución viene con una trampa. En un escenario de sequías, incendios y eventos climáticos cada vez más extremos, la probabilidad de incumplir pagos aumenta. Cuando eso ocurre, la garantía —la tierra— pasa a manos de la banca y termina subastada. Resultado: familias expulsadas hacia las ciudades y más territorio comunitario perdido.
Los actores y la narrativa
No se trata de un solo grupo. El diseño favorece a varios actores: intermediarios de tierra, grandes privados y quienes, desde el poder político o económico, empujan la ampliación de la frontera agrícola. En el Valle de Tucabaca, en zona de uso forestal, se ha señalado públicamente la presencia de intereses agroindustriales que avanzan sobre nuestro entorno. Reducir esta discusión a etiquetas partidarias impide ver el problema en todas sus aristas.
Entre esos pocos que buscan apropiarse de nuestro territorio se encuentran, personajes como Branko Marinkovic y sus aliados, cuyas actividades agroindustriales en el Valle de Tucabaca —en plena zona de uso forestal— han sido señaladas por organizaciones y vecinos, incluyendo favores y préstamos de maquinaria para el camino de acceso al Valle.
Identidad y futuro
Esta visión “modernizadora” —presentada como progreso— erosiona la base que sostiene incluso a quienes hoy la ven atractiva. Nuestra identidad está profundamente ligada al territorio y a la forma comunitaria de propiedad que cuidamos por casi un siglo. Desarmarla no solo impacta la economía local; rompe tejidos sociales, saberes, y la relación con el bosque que nos da agua y vida.
Qué alternativa proponemos
La respuesta a la necesidad de financiamiento no puede ser hipotecar la casa grande. Debe ser la presencia efectiva del Estado para dinamizar economías locales con respeto a la vocación del suelo y del bosque: agroecología, manejo forestal comunitario, ecoturismo, transformación artesanal con valor agregado, incentivos a la restauración y acceso a mercados justos. Eso requiere políticas coherentes, crédito público adecuado al riesgo climático, asistencia técnica y garantías que no exijan entregar la tierra como prenda.
Reglas claras y participación
Cualquier intento de modificar el régimen de propiedad debe pasar por consulta previa, libre e informada, decisiones en asamblea y controles públicos y comunitarios. Además, se necesitan candados: prohibición de parcelar con fines de venta, límites estrictos a transferencias, y nulidad de actos que vulneren la naturaleza colectiva del territorio.
Una decisión civilizatoria
No estamos ante una reforma administrativa más. Estamos ante una decisión civilizatoria: elegir entre un modelo que concentra y expulsa, o uno que cuida y reproduce la vida. Yo elijo defender la propiedad comunitaria porque allí está nuestra dignidad, nuestra memoria y la posibilidad de un futuro compartido.
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