En la espesura de la Amazonía boliviana, donde los árboles de castaña se elevan como columnas milenarias, se cruzan dos destinos que han marcado la historia del bosque. De un lado están los barraqueros, antiguos señores de las barracas, herederos de una época en la que vastas extensiones de selva eran dominios privados y las familias que allí vivían trabajaban bajo su tutela, en una relación teñida de dependencia y poder. Del otro, los zafreros, campesinos y recolectores temporales que cada año llegan con la temporada de cosecha para recoger, cargar y abrir los pesados frutos que la selva deja caer sobre la tierra húmeda, buscando en esa faena el sustento económico que garantiza su supervivencia. Entre ambos se teje un conflicto que es al mismo tiempo social, económico y cultural: los unos aferrados a la herencia de un control territorial que se resquebraja, los otros empeñados en conquistar un espacio propio en el corazón del bosque. En ese choque de memorias y aspiraciones, el futuro de la castaña —y de la selva misma— queda suspendido como un fruto aún sin abrir.
Conflictos en la barraca Monte Bello, Pando
“Yo ni bien veo chaqueo, los denuncio a estos avasalladores”, dice don Gustavo Cuellar Toledo, titular de la Barraca Monte Bello, ubicada en la comunidad Ingavi del Municipio de San Pedro, a orillas del río Orton, del departamento de Pando. Durante la visita a su barraca, don Gustavo nos relató que en la última zafra sufrió un avasallamiento por parte de la comunidad La Paz. En los enfrentamientos, sus hijas fueron maltratadas mientras trataban de defenderlo, y aunque aún no puede comprobarlo, sospecha que ellos fueron los que le quemaron su casa. A consecuencia de estos ataques y la incapacidad para trabajar la tierra, tuvo que devolver un tractor que no pudo pagar, perdiendo así todos los pagos previos.
“Es una situación dolorosa, de pánico, una pesadilla… Yo tengo título de propiedad, el INRA me tituló con derecho propietario sobre toda la finca y mis 500 hectáreas, pero no lo están respetando. Cuando entraron los avasalladores, me dijeron que el Estado me estaba quitando las tierras, y yo no he recibido ninguna notificación”, explica Cuellar.
A pesar de ser segunda generación de barraqueros y de que sus tierras datan desde la época del caucho (finales del siglo XIX y principios del XX), cuando no había caminos y solo existían trochas, Cuellar cuenta que actualmente cuenta con el Certificado Forestal de Origen (CFO), emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que respalda el origen legal de sus productos forestales. Sin embargo, en 50 años no ha tenido garantías ni claridad sobre su situación legal por parte de las autoridades. Además, denuncia que no se les permite siquiera sacar una bolsa de almendra. “Prácticamente, los avasalladores no la roban la almendra, nos la quitan, nos arrinconan y se la llevan, es una pesadilla”, lamenta.
Acusa al gobierno de fomentar estos avasallamientos y lamenta que “después de todo lo que hemos hecho para legalizar nuestras tierras, todo fue sido en vano”. Denunció ante las autoridades de Riberalta y a la policía: aunque hubo detenidos, los avasalladores fueron liberados rápidamente, y en los casos de procesos judiciales, los acusados desaparecieron.
Por su parte, su hija Maya Cuellar Mojica, que busca seguir el legado de la Barraca Monte Bello, estudia para trabajar en la preservación de la Amazonía. Para ella, los avasalladores no tienen interés en la conservación, sino en la explotación indiscriminada. Relató que el día del avasallamiento fue golpeada y que no les permitieron llevar medicamentos ni alimentos a los zafreros de Monte Bello. También evidenció que muchos de los avasalladores no sabían que estaban ingresando a tierras ajenas y que, al igual que ellos, estaban enfermos y desprotegidos.
El video que invita a conocer la realidad de parte de la Amazonia boliviana.
Comunidades fantasmas
Radio San Miguel se trasladó hasta la comunidad La Paz, y la escena que vio fue muy diferente. Solo una familia permanecía en el lugar y comentaron que habían llegado hace poco, únicamente para carpir la tierra, aclarando que no participaron en los avasallamientos de 2024. El resto del asentamiento parecía un pueblo fantasma: casas cerradas, calles deshabitadas y la ausencia de sus propios dirigentes, quienes están enfrascados en disputas internas por el control de la comunidad. Lo que alguna vez fue un hogar proyectado, hoy se muestra vacío, marcado por el abandono y la incertidumbre.
Para conocer la versión del sector campesino sobre las comunidades fantasmas y los avasallamientos, se intentó contactar a Faifer Cuajera, dirigente de la Federación de Campesinos de la regional Madre de Dios (Pando), y a Daniel Trujillo Romero, dirigente campesino de Madre de Dios. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta.
Avasallamientos en la Reserva Manuripi
La situación de la Barraca Monte Bello no es un hecho aislado. En otro punto crítico de la Amazonía boliviana, la problemática se repite con la misma preocupación, aunque en un escenario aún más delicado: la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. En esta área protegida se encuentra la Barraca Camacho, donde los barraqueros también enfrentan el avance de los avasallamientos, pese a que el territorio debería estar resguardado por el Estado.
Osvaldo Barba Landívar, barraquero de “Camacho”, que se encuentra en la reserva, expresa su frustración: “Perder todo lo que hemos logrado legalmente, conservar el medio ambiente, es muy doloroso. Gente inescrupulosa penetra y le arrebata el espacio a quienes hacemos la zafra de manera legal. Nos quejamos a las autoridades, pero no hacen nada. Es injusto que personas que han trabajado con nosotros durante tres meses terminen con las manos vacías porque les quitan sus productos.”
Asimismo, la realidad de la reserva la explica Rodolfo Rivera Porsel, titular de la barraca San José, ubicada en el río Madre de Dios, provincia Manuripi, municipio de Puerto Rico, cantón El Carmen. Con 30 años de experiencia en la barraca, recuerda que estas tierras pertenecían originalmente a Nicolás Suárez. Cuenta que ha invertido meticulosamente en infraestructura, construyendo galpones resistentes que ya no son de hoja ni pachuva, y mejorando caminos que antes solo se transitaban con mulas y ahora pueden usar tractores. Sin embargo, denuncia que, tras el proceso de saneamiento, solo le otorgaron 50 hectáreas de las casi 18 mil que decía poseer, alegando que la mayoría no cumplía con la función económica social. Rivera explica que, en la Amazonía, este concepto debe entenderse de forma distinta; para él, “la función económica social no es depredar el bosque. Cumplirla sería mostrar todas las hectáreas que se sembraron, y yo no he matado ni una sola hectárea de bosque”.
Aunque titularon solo esas 50 hectáreas, el resto de la tierra está considerada como tierra expectáticia, es decir, tierras fiscales no disponibles, que no pueden disponerse hasta que las autoridades lo determinen.
Rivera afirma que los barraqueros son custodios de estas tierras no disponibles, protegidos por un decreto, y que por ello pagan cuatro bolivianos anuales por hectárea expectáticia para ingresar con sus zafreros al trabajo de la castaña. La ley no permite a los barraqueros pasar de custodios a titulares debido a la prohibición de la doble titulación de tierras. Se ha estudiado la figura de concesiones forestales como permisos transitorios para aprovechar temporalmente esas áreas, pero todavía falta una norma que regule esta figura.
SERNAP: “LA ZAFRA 2025-2026 SERÁ AÚN MÁS CONFLICTIVA
Según Denis Navarra actual, jefe de Protección de la Reserva Manuripi y ex Director del El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), los avasallamientos, entre 2024 y 2025 “hemos enfrentado ingresos y asentamientos de distintos grupos en varias zonas del área protegida. Actualmente llevamos tres casos principales: Camacho, Independencia y San José (propiedad de Don Rodolfo Rivera Porsel), todos en el río Madre de Dios. Además, existe otro caso en el río Manuripi, en el predio Bolívar, de propiedad de Dora Mercado. En otros puntos también hubo intentos de asentamiento, pero logran desalojar a las personas. En total son cuatro procesos activos. En cada uno el SERNAP elaboramos los informes correspondientes y los remitimos tanto a la Policía de Pando como al Ministerio Público, que ahora debe continuar con los procesos judiciales.
En cuanto a permisos, el SERNAP nunca ha autorizado a comunidades o zafreros a ingresar a un área bajo su administración. Las comunidades deben tramitar su documentación para que el SERNAP les otorgue licencia de recolección, y la ABT, a su vez, autoriza la zafra, ya sea para comunidades o personas individuales.
Respecto al conflicto en la barraca de Don Chichi (Rodolfo Rivera Porsel), “lo que ocurrió es que algunos zafreros antiguos, con confianza otorgada por el dueño, comenzaron a organizarse y a querer apropiarse del predio. Sin embargo, ese espacio le pertenece legalmente a Don Chichi, quien pagó al Estado Bs. 4 por hectáreas a través del SERNAP y cuenta con la documentación y mapas que lo respaldan.
Se emitió en su momento “una autorización interna, firmada por el SERNAP, en mi gestión, para permitir a la comunidad trabajar en un área de aproximadamente 3.000 hectáreas. Esa autorización fue excepcional y ya no puede repetirse porque sería irregular. Según el reglamento de la zafra, las comunidades con tierra insuficiente pueden recibir un espacio para recolección, pero nunca sobre tierras privadas o barracas legalmente registradas”.
Asimismo, advirtió un responsable de la Reserva Manuripi, al alertar que la zafra 2025-2026 será aún más conflictiva por la crisis económica y el aumento de avasallamientos.
El funcionario explicó que la reserva de 747.000 hectáreas apenas cuenta con seis guardaparques cuando debería tener al menos 15. “Nos falta personal y urge actualizar el plan de manejo de Manuripi, que es nuestra constitución interna. Sin eso, los avasallamientos seguirán entrando a zonas rojas, donde la castaña, el cacao y otros productos silvestres son la riqueza que todos quieren aprovechar”, señaló.
Violencia en la barraca San Miguel: heridas que no cicatrizan
Existen dos historias que aún no cicatrizan. Durante la zafra de 2022 en la Barraca San Miguel, ubicada en el municipio de El Sena, Pando, Liseth Queteguari Pilco y su esposo Yoanir Gilarde Parada recolectaban castaña con la esperanza de comprar una casa propia.
Pero una violenta noche lluviosa de diciembre cambió sus vidas para siempre. Después de dos meses en la barraca, la propietaria Janet Vargas intentó dialogar con los avasalladores que habían llegado al lugar, para que permitieran el trabajo, sin lograr un acuerdo. En la oscuridad, el primero de diciembre escucharon pasos, machetes y disparos. Yoanir salió a proteger a su familia y fue herido de muerte. Liseth intentó salvarlo con respiración boca a boca, mientras sus hijos lloraban alrededor. Lo trasladaron, en moto, al médico más cercano, pero en Sena no lograron salvarlo. Desde entonces, Janet se ha hecho cargo de los gastos y paga una pensión para los hijos de Liseth, quien ahora trabaja en limpieza y considera emigrar a Chile para un futuro digno para sus hijos. Luis Alberto Gallardo, identificado como responsable, fue sentenciado a 20 años de prisión de Villa Bush, Pando.
No hubo justicia para Juan Carlos, un joven de 23 años que recibió nueve impactos de bala y quedó imposibilitado para trabajar. En sus propias palabras, compartidas de manera anónima, porque teme por su vida, narra el ataque: “Nos estaban atacando, sin soltar el grito, nos tenían rodeados en media luna, querían meternos plomo y no dejar a ninguno vivo”. A pesar del terror, lograron proteger a los niños y mujeres. “Nos defendíamos con palos, con lo que pillábamos, agarraron machetes y nos brincaron”.
Juan Carlos recuerda el primer disparo que escuchó: “Pum… sonó. Quise reaccionar, pero ya no me dio para esconderme, el escopetazo me cayó en el cuerpo”. Describe las secuelas que le dejó la violencia: “Mi intestino quedó dañado, me cortaron un pedazo de mi hígado, en la primera cirugía me sacaron siete perdigones; en la segunda, dos más. Todavía tengo municiones en mi cara, labio y oreja”. Denuncia la impunidad: “Lo vi, me disparó de frente. Él anda tranquilo, no hay justicia para nadie. Aquí la justicia se compra con dinero; si no tienes plata, no tienes nada”.
En la última Zafra 2024 – 2025, los conflictos por la zafra de castaña en la Barraca San Miguel, Pando, continúan generando violencia y heridas entre las comunidades. El más reciente enfrentamiento, ocurrido en la zona conocida como Camello, involucró a comunarios de San Miguel y Fortaleza y dejó al menos tres personas heridas tras el uso de machetes y palos. Este episodio es el segundo registrado entre ambas comunidades en pocos meses. El profesor Agapito Vira, comunario del área, ha solicitado a través de redes sociales la intervención urgente de autoridades, incluyendo la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el instituto nacional de reforma agraria (INRA) y la Policía, para frenar la escalada de violencia.
¿Dónde se va la castaña de los avasalladores?
Las denuncias de los barraqueros no se limitan a la pérdida de tierras; también señalan que la castaña extraída de los avasallamientos no se queda en la selva, sino que ingresa al mercado, alimentando un circuito ilegal que perjudica a quienes trabajan legalmente. Algunas beneficiadoras han sido acusadas de comprar esta castaña ilegal, pero desde Cadexnor, la cámara que agrupa a las beneficiadoras de la región, Omar Durán, gerente general, aclara que las empresas formales no adquieren almendra robada, la cual, según indica, es sacada hacia Brasil y Perú mediante el contrabando.
Durán señala que esta situación representa una pérdida anual aproximada de 40 millones de dólares para Bolivia debido al contrabando, y lamenta que las autoridades no hayan hecho esfuerzos efectivos para detener a los traficantes, pues no se tiene registro de ningún caso resuelto. Por su parte, el asesor legal de Cadexnor, José Freddy Hassan Suárez, denuncia la corrupción involucrada en todo el proceso, donde entidades como la ABT, SENASAG y la Policía estarían siendo cómplices indirectos, permitiendo la salida ilegal de la castaña más allá del certificado de origen (CFO) emitido por la ABT.
Hassan llama a la conciencia y espera que el nuevo gobierno implemente políticas de seguridad jurídica para proteger a los barraqueros y poner fin al contrabando y los avasallamientos, que, según advierte, no solo generan pérdidas económicas sino también luto y violencia en la región.
Saneamiento agrario en Pando
El saneamiento agrario culminó oficialmente en Pando en 2008, bajo la Ley 1715 y su ajuste por la Ley de Reconducción Comunitaria, buscando ordenar un territorio disperso y re
clamado. Según un estudio de Linberg Rosell, más de 6 millones de hectáreas fueron reclamadas y sancionadas, con un 43% tituladas, aunque la mayor parte de la tierra sigue siendo colectiva, perteneciente a más del 75% de la superficie y más del 60% de las familias campesinas, descendientes de barraqueros ligados históricamente al caucho y la castaña. Sin embargo, este proceso, marcado por una visión occidental, no logró comprender la estrecha relación de estos pueblos con la tierra ni su vocación de respeto hacia ella.
El estudio señala que estas tierras enfrentan amenazas como la falta de información actualizada sobre su uso real, lo que permite que comunidades como Vera Cruz y San Antonio del departamento de Pando sean impactadas por actividades ganaderas, agrícolas y madereras intensivas, o que lugares como la Comunidad La Paz se vuelvan fantasmales. Aunque la ley protege estas tierras como territorios colectivos inalienables, la falta de control convierte esta zona en un espacio vulnerable, poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema, las comunidades y su memoria.
Los años bajo el mando en las barracas del caucho
Según Rosell, los barraqueros en la Amazonía boliviana, especialmente en el departamento de Pando, fueron trabajadores vinculados históricamente a las barracas desde principios del siglo XIX. Estas instalaciones fueron centros de explotación del caucho, la castaña y la madera, en las que los barraqueros, en su mayoría descendientes de colonos y pobladores originarios, desempeñaban labores bajo la dirección de terratenientes como Nicolás Suárez, una figura clave en la economía extractiva de la región. Durante este periodo, los barraqueros estuvieron inmersos en relaciones de sometimiento, actuando como mano de obra para las casas comerciales y manteniendo vínculos laborales y sociales propios de ese contexto histórico.
En la investigación de Radio San Miguel, existen testimonios de barraqueros que se refieren a la tradición, diciendo que sus zafreros “se dieron la vuelta”, refiriéndose a una ruptura o falta de agradecimiento. Este lenguaje refleja una forma de entender las relaciones laborales que estuvo marcada por el control y la subordinación, propia de tiempos en los que “manejar gente” hacía alusión a dominar y dirigir sin cuestionamientos. Sin embargo, las realidades han cambiado y esas antiguas maneras ya no sostienen el tejido social ni productivo que hoy se necesita la amazonia.
Aunque con la Reforma Agraria y el saneamiento de tierras en Bolivia a finales del siglo XX se buscó formalizar la titularidad colectiva de las tierras para estas comunidades, la realidad actual refleja tensiones derivadas de su organización bajo usos y costumbres, y los mecanismos legales vigentes. Las comunidades campesinas originadas de los barraqueros recibieron dotaciones de tierra de hasta 500 hectáreas por familia en función de la normativa agraria, pero enfrentan desafíos en el manejo sostenible de los recursos, control ambiental y la adaptación a nuevas formas productivas, con un marco legal que aún busca equilibrar la autonomía comunitaria con la regulación estatal.
ABT PANDO: “EL DERECHO HUMANO A LA ZAFRA PUEDE EJERCERSE EN TIERRAS FISCALES, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS USOS Y COSTUMBRES DE LAS COMUNIDADES”
Según la ABT, en Pando existen más de 1,5 millones de hectáreas otorgadas bajo el llamado Decreto Barraquero (DS 29215), con la condición de convertirse en planes de manejo de castaña. Ningún barraquero cumplió este requisito, por lo que el INRA registró esas tierras como “fiscales no disponibles”, bajo control del Estado y sin uso legal autorizado. La institución recalca que su función es proteger el bosque y sancionar cualquier aprovechamiento ilegal, ya provenga de comunidades o de privados.
El trasfondo del conflicto, explica la ABT, es que ni barraqueros ni comunidades tienen plena titulación: los primeros solo cuentan con una fracción de tierras reconocidas, y los segundos dependen de solicitudes pendientes en el INRA. Ambos viven en un limbo jurídico que alimenta los avasallamientos y mantiene la incertidumbre sobre quién tiene realmente derecho a la tierra.
Para el director departamental de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT Pando), Androncles Puerta Velásquez, “los barraqueros tenían un plazo, dentro del Decreto Barraquero, para convertir sus áreas en concesiones forestales de castaña, pero no lo hicieron; todo quedó a medias y, en consecuencia, incumplido. Del otro lado, las comunidades campesinas, respaldadas por sus federaciones, tampoco tienen títulos consolidados, aunque siguen presentando solicitudes al INRA. Lo mismo ocurre con descendientes de antiguas familias barraqueras que también reclaman un derecho. En ambos casos, las carpetas están en camino, esperando el proceso de saneamiento de tierras.”
Asimismo, dijo que se “evidencio, junto a la Policía, la Fiscalía y Derechos Humanos, que el derecho humano a la zafra puede ejercerse en tierras fiscales, siempre que se respeten los usos y costumbres de las comunidades. Esto es posible en armonía y pacíficamente, mientras no se generen hechos graves como intentos de asesinato, bloqueos de carreteras o incendios de viviendas”, explicó el director de la ABT en Pando.
Por otra parte, recordó que en su gestión (enero 2025), el caso de Tapacaré, en la zona de Fortaleza, donde varios grupos reclamaron un mismo derecho sobre 9.000 hectáreas. Primero estaban los descendientes de la familia Hecker y sus antiguos trabajadores, luego llegaron profesores que aseguraban vivir ahí por años y, finalmente, 60 personas de Riberalta que también alegaban propiedad. Tras un acuerdo inicial, otro grupo irrumpió con más familias, reactivando la tensión. “Ese territorio fue uno de los más conflictivos de la gestión; al final ya no se hablaba de cajas ni barricas, la castaña se recogía por kilos para subsistir”, relata.
Según Puerta, la ABT actuó junto a la Policía, la Fiscalía y Derechos Humanos levantando actas de entendimiento y notificando a los cabecillas por daños al bosque. “Nuestra competencia es clara: sancionar y remitir al INRA los casos de tierra, porque es esa institución la que debe resolver la propiedad”, subraya.
El Director también aclara que los barraqueros nunca pagaron Certificados Forestales de Origen (CFO). “El CFO no es un impuesto; solo sirve para trasladar legalmente el producto, sea del zafrero o del comerciante” haciendo referencia que solo es garantía para transportar la castaña y no de su origen, explicó.
Se intentó establecer comunicación con el INRA Pando; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Precio de la castaña
La zafra 2024-2025 en Pando cerró en marzo con un precio histórico: 3.000 bolivianos por barrica, llegando incluso a 3.700 bolivianos en la frontera con Perú. Cada barrica equivale a seis latas y tres cajas, con un peso aproximado de 50 a 60 kilos, dependiendo de la humedad del fruto.
El valor de la castaña varía según el lugar de entrega: en payol (galpones de depósito ubicados en comunidades o barracas, de unos 20 metros cuadrados) o en boca de fábrica en Riberalta o Cobija, donde operan las beneficiadoras.
En contraste, en la zafra 2023-2024 la caja rondaba los 350 bolivianos en boca de fábrica. Un año antes, en la 2022-2023, el precio era de 230 bolivianos en fábrica y apenas 130 en payol; en algunos casos, los zafreros recibieron entre 50 y 110 bolivianos.
Cada temporada, empresarios, barraqueros y zafreros intentan fijar un precio, pero los acuerdos rara vez prosperan y el valor termina definido por la oferta y la demanda. La última zafra fue excepcional: hasta noviembre de 2024 las exportaciones alcanzaron 176 millones de dólares. Entre 2014 y 2023, el país acumuló 1.695 millones de dólares en exportaciones de castaña, con casi 246.000 toneladas enviadas al exterior, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
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