La diputada nacional María René Álvarez interpuso el lunes 15 de septiembre, una demanda de responsabilidad por daño ambiental contra el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, por su omisión e inacción en el manejo del botadero municipal.
“Durante más de 15 años, el botadero municipal de San Ignacio de Velasco ha funcionado de manera ilegal, sin licencia ambiental y sin las mínimas condiciones técnicas. En ese tiempo, se ha convertido en un foco de contaminación que envenena nuestro suelo, contamina nuestras aguas, degrada el aire y pone en riesgo la salud de miles de familias”, declaró.
La legisladora representante de la Chiquitania, quien realizó varias inspecciones in situ durante su gestión parlamentaria, presentó la nota y los antecedentes del caso ante el Juzgado Agroambiental de San Ignacio de Velasco, recordando que durante los últimos años la acumulación de residuos sólidos está afectando a ese municipio con el botadero ubicado a solo 8 kilómetros del centro urbano, camino a la comunidad Recreo y sobre un suelo franco arcilloso a cielo abierto.
Una de las argumentaciones de la diputada cruceña es el hecho de que existen terrenos disponibles para el traslado del vertedero a un lugar con 200 hectáreas, de las cuales 10 se encuentran disponibles para uso inmediato, pero desde 2021 el alcalde Dorado no ha realizado ninguna gestión efectiva para solucionar esta demanda de vecinos y comunarios que se encuentran afectados con la contaminación que, además, ya amenaza a los recursos hídricos de la zona.
Desde 2019 se realizaron gestiones para buscar un nuevo espacio ante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y se aprobó el proyecto de “Gestión Integral de Residuos Sólidos de San Ignacio de Velasco” e incluso se remitió al Ejecutivo el respectivo proyecto de Diseño Final del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.
“Actualmente, el botadero carece de licencia ambiental, no trata los lixiviados que se generan y ya ha superado su vida útil, representando un grave riesgo de contaminación de las fuentes de agua cercanas, los suelos, la biodiversidad y la salud pública”, agregó Álvarez.
La demanda pide se declare probada la existencia de daño ambiental y la responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco y su máxima autoridad ejecutiva por omisión e inacción frente al manejo inadecuado del botadero municipal.
Asimismo, solicita se ordene el cierre técnico y la clausura definitiva del actual botadero municipal, por representar un riesgo continuo a la salud pública y al medio ambiente, así como la ejecución inmediata del nuevo relleno sanitario, conforme a los estudios de preinversión existentes y las observaciones técnicas emitidas por el MMAyA.
Álvarez explicó que esta demanda busca sentar un precedente, pero también que exista una reparación integral con la remediación de los suelos contaminados, el tratamiento de lixiviados, la restauración de la biodiversidad local y la compensación patrimonial a las comunidades y predios ganaderos afectados.
“San Ignacio de Velasco no puede seguir pagando las consecuencias del abandono. La reparación del daño es una obligación legal y moral del Gobierno Municipal”, concluyó.
Por su parte, el vecino Elio Torrico agradeció la representación de la legisladora ignaciana, porque la autoridades municipales no atiende los reclamos de la ciudadanía.
En su caso, el afectado explicó que sufrió la pérdida de 16 vacas lecheras, muertas por la contaminación y los constantes incendios provocados en el botadero municipal y sin control, que provoca inseguridad en toda la zona.
El botadero municipal a cielo abierto funciona desde 2009 y recibe aproximadamente 21 toneladas diarias de residuos sólidos, sin que exista ningún proceso de separación, clasificación ni tratamiento adecuado.
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