En medio de la emergencia por los incendios forestales que consumen el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una nueva denuncia de “cierre irregular” de las operaciones aéreas ha desatado una preocupación. A través de dos cartas dirigidas al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la organización Alas Chiquitanas Voluntarios ha solicitado una investigación y acciones inmediatas, señalando que el retiro de las aeronaves dejó desprotegida a la primera línea de combate contra el fuego.
Las cartas, enviadas el pasado 15 de septiembre de 2025, están dirigidas a Paulo Viruez, Director de Recursos Naturales, y a Mary Luz Rivero Bravo, Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, respectivamente. Ambas misivas expresan una “profunda preocupación” por la falta de transparencia y coordinación durante las operaciones aéreas llevadas a cabo entre el 9 y 12 de septiembre.
Según las cartas, firmadas por Daniela Justiniano, el 12 de septiembre, el cuerpo de guardaparques realizó un sobrevuelo en el que avistó y confirmó la presencia de al menos dos focos de calor activos dentro del parque. A pesar de esta evidencia, se habría ordenado el “cierre de operaciones de manera unilateral” por parte del personal de las Fuerzas Armadas a cargo de la coordinación en el campamento de Florida.
La decisión, según la denuncia, se tomó en un contexto de alerta naranja por altas temperaturas, alerta roja por incendios y una declaratoria de emergencia departamental mediante el Decreto 505, lo que constituye una “irresponsabilidad en la gestión de riesgos”. La denuncia también sugiere que esta acción podría ser un desacato a las medidas cautelares preventivas dictadas por el Tribunal Agroambiental.
Un punto clave de la denuncia es que los guardaparques, en un acto de protesta contra la decisión, se negaron a firmar el documento que validaba el retiro de los dos helicópteros del Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI). Solo el coronel y un cacique local habrían firmado el documento.
Este retiro de apoyo aéreo ha limitado gravemente el traslado y el reabastecimiento de los guardaparques que continúan en la primera línea de combate contra el fuego, a pesar de que la situación sigue activa y representa una amenaza para el ecosistema. La comunidad ahora exige respuestas y acciones inmediatas para proteger uno de los ecosistemas más valiosos de Bolivia, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
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