El Movimiento Ecologista Boliviano, integrado por organizaciones de la sociedad civil, colectivos ambientales, plataformas juveniles, centros de rescate de fauna silvestre, colegios profesionales y organizaciones indígenas; se declara en estado de emergencia nacional ante la posible fusión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como por la designación de Óscar Mario Justiniano Pinto como Ministro de Medio Ambiente y Agua e interino de Desarrollo Productivo.
Advierten que estas medidas debilitan la institucionalidad ambiental, reducen capacidades técnicas y presupuestarias y profundizan un modelo extractivista basado en la expansión agroindustrial, la deforestación y el uso de agroquímicos tóxicos.
El reciente informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH sobre los incendios de 2024 estableció que estos fueron el resultado de “condiciones estructurales” vinculadas al avance ganadero y sojero. En este contexto, las organizaciones consideran que la designación de Justiniano, representante del sector agroindustrial, constituye un conflicto de intereses incompatible con el mandato ambiental del Estado.
El Movimiento demanda al Presidente de Bolivia:
– Destitución del ministro Óscar Mario Justiniano.
– Nombramiento de una autoridad con solvencia ética, trayectoria técnica y compromiso ecológico.
– Restitución de la autonomía institucional y presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
– Auditoría independiente a la gestión ambiental del periodo 2020–2025, incluyendo ABT, SERNAP, INRA y AAPS.
– Mesa de diálogo multisectorial y vinculante con sociedad civil, pueblos indígenas, academia y juventudes.
Bolivia enfrenta un deterioro ambiental acelerado: pérdida de bosques, contaminación por agroquímicos y mercurio, reducción de fuentes de agua y afectaciones a la salud pública. En 2024, el país fue el segundo con mayor pérdida de bosque en el mundo. Finalmente, el Movimiento solicita una reunión directa con el Presidente para presentar las demandas de la ciudadanía organizada, señalando que no representan intereses empresariales ni partidarios, sino la defensa del agua, los bosques y la vida en el país.
A continuación, la carta enviada al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira:
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