La firma de un acta de coordinación entre el gobierno de Rodrigo Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) no logró desactivar el conflicto y terminó abriendo una nueva fractura dentro de las movilizaciones. En una extensa y acalorada conferencia de prensa desde los puntos de vigilia en La Paz, representantes regionales y bases de los marchistas anunciaron el desconocimiento total del acuerdo y el veto sindical de su ejecutivo nacional, Víctor Hugo Roca, en medio de una jornada marcada por acuerdos, pactos y tensiones cruzadas entre distintos pliegos de la COB, el magisterio y otros sectores movilizados.
Apenas horas antes, se informaba que el presidente Rodrigo Paz Pereira, había logrado un consenso para gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras de pequeña propiedad a mediana. Sin embargo, este acercamiento, que fue celebrado por el Ejecutivo como una apuesta por el “diálogo y la comprensión”, fue recibido con indignación por quienes sostienen las medidas de presión y marcharon durante más de 25 días hacia la ciudad de La Paz.
Los dirigentes regionales denunciaron que Víctor Hugo Roca asistió a la Casa Grande del Pueblo sin el consentimiento de las bases y sin la participación de los representantes autorizados que caminaron kilómetros durante la marcha. “Usted se ha ido a negociar con el gobierno sin tomarnos en cuenta. El ejecutivo nacional no es de una departamental, es de todos los bolivianos”, sentenciaron las portavoces del movimiento.
La ruptura es total. La Comisión de Justicia de la Csutcb, representada por Severo Marca, calificó de “barbaridad” el accionar del ejecutivo nacional. El malestar radica en que, según los movilizados, el dirigente no respetó los principios estatutarios que obligan a consultar cualquier decisión con los sectores en lucha.
Como consecuencia directa, los marchistas anunciaron los siguientes puntos:
- Desconocimiento de la autoridad: Víctor Hugo Roca deja de ser reconocido como secretario ejecutivo de la Csutcb.
- Veto sindical: Se ha declarado al dirigente como “traidor” y queda vetado de las filas sindicales de todo el país.
- Rechazo al acta: El acuerdo firmado con el gobierno carece de validez para las bases, al no haber participado los representantes genuinos de los departamentos afectados y de los pueblos indígenas de tierras bajas.
La vigilia continúa
A pesar de que el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el tema ya está en manos del Legislativo, los marchistas no confían en la intermediación de su ahora desconocido dirigente. Aseguran que, debido a su “mala gestión”, se obstaculizó la sesión parlamentaria del día miércoles.
“No nos movemos hasta que abroguen esa ley y la promulgue el presidente”, afirmaron, señalando que solo aceptarán la anulación total de la normativa mediante una ley corta. Mientras el gobierno insiste en que el acuerdo quedó plasmado en un acta de trabajo, en las calles el grito de “la lucha no se negocia” ha invalidado cualquier firma rubricada en la Casa Grande del Pueblo. El conflicto, lejos de solucionarse, entra en una fase de radicalización interna y externa.
Exigen aprobar la Ley de la Amazonía Bruno Racua y la nueva Ley de Bosques
Organizaciones indígenas, campesinas, obreras y del magisterio rural exigieron el martes el tratamiento y aprobación inmediata de la Ley de la Amazonía Bruno Racua, la nueva Ley de Bosques y otros sistemas de vida, además de la Ley de Gestión Pública para las Autonomías Indígenas Originarias.
La demanda forma parte del pliego de 12 puntos aprobado durante un encuentro realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, en La Paz, donde sectores de Beni, Pando y La Paz conformaron una plataforma conjunta para masificar movilizaciones.
El punto cuatro del pronunciamiento plantea que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe acelerar la sanción de estas normas y remitirlas al Ejecutivo para su promulgación, en medio de crecientes tensiones por el control territorial y el modelo de desarrollo en la Amazonía boliviana.
El bloque, integrado por organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), la CSUTCB, la COB y el Conamaq, sostiene que las nuevas leyes son fundamentales para fortalecer la protección de los bosques, los sistemas de vida y las autonomías indígenas.
Además, las organizaciones exigieron la abrogación de la Ley 1720 y demandaron la dotación y titulación de tierras y territorios indígenas y campesinos en todo el país.
El pronunciamiento también rechaza el proyecto de ley 060/25 sobre mercados de carbono, al considerar que promueve la “mercantilización” de territorios indígenas y áreas protegidas, y pide archivar la denominada ley “anti bloqueos”, porque supuestamente criminaliza la protesta social.
Entre otros puntos, las organizaciones demandan soluciones a la crisis de combustibles, el fortalecimiento de empresas estratégicas del Estado y participación de sectores sociales en la elaboración de nuevas leyes de minería e hidrocarburos.
El documento además reclama garantías para la educación y salud públicas y cuestiona que el Gobierno no haya atendido las demandas de las marchas indígenas y campesinas movilizadas desde hace más de un mes.
Las organizaciones anunciaron que continuarán las movilizaciones y convocaron a universidades públicas, plataformas ambientalistas y movimientos sociales a sumarse a la articulación nacional.
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