Las comunidades de San Juan, Buena Vista, Entre Ríos, Ramada e Ipiás, pertenecientes a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en la Chiquitania cruceña, reportaron que la dilación en la resolución de un recurso de casación impide el desmantelamiento de dos represas que restringen el caudal del río San Lorenzo. El conflicto hídrico se remonta al año 2020, cuando la Hacienda San Lorenzo, edificó obras de conducción y retención en las nacientes del afluente, lo que disminuyó drásticamente la disponibilidad del recurso para las poblaciones ubicadas aguas abajo.
Tras un proceso judicial, un juez agroambiental de Roboré emitió en noviembre de 2025 la Sentencia N.° 175/2025, que determinó la responsabilidad ambiental de los demandados y ordenó la remoción de las estructuras, además de la restauración del ecosistema. Sin embargo, la defensa presentó recursos de casación que terminaron frenando la ejecución de la medida.
Hasta la fecha, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental no ha emitido una resolución definitiva sobre el caso. Mientras el proceso administrativo se mantiene en pausa, las represas continúan en pie, prolongando la escasez hídrica en las comunidades indígenas, según denuncian los vecinos de las comunidades.
Los representantes de la TCO Turubó Este advierten que esta alteración del cauce incrementa su vulnerabilidad alimentaria, ya que compromete directamente el consumo humano, la agricultura familiar y la ganadería a pequeña escala.
Señalan, además, que el daño al medioambiente agrava la situación de los ecosistemas locales, cuya resiliencia ya se encuentra mermada por los recientes incendios forestales y el cambio climático.
Frente a este escenario, los comunarios han solicitado a las autoridades judiciales la pronta resolución del Expediente 11074 para ratificar la sentencia inicial, e instaron al Gobierno Departamental, a los municipios de San José de Chiquitos y Roboré, y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua a ejecutar acciones de fiscalización que garanticen el acceso al agua.
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