Las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este, del municipio de San José de Chiquitos, acudirán este 6 de noviembre, a las 14:30, a una audiencia virtual de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Buscan ser escuchadas y obtener una respuesta frente a los obstáculos judiciales que denuncian en su lucha por recuperar el río San Lorenzo, una fuente de agua fundamental para su subsistencia.
Este conflicto se remonta a la intervención del cauce del río mediante la construcción de infraestructuras, que alteraron el flujo natural del agua y afectaron a las comunidades que dependen de ella. En noviembre de 2020, el cauce permaneció seco durante más de un mes afectando a 1500 familias de las comunidades indígenas
Después de años de lucha, el 27 de noviembre de 2025, el Juzgado Agroambiental de Roboré emitió una sentencia que ordenó retirar las infraestructuras P1 y P2 y restituir el curso del río. Sin embargo, casi un año después la sentencia no se ha ejecutado.
¿Por qué las comunidades recurrieron al amparo constitucional?
El fallo fue impugnado mediante un recurso de casación, que permite al Tribunal Agroambiental revisar posibles errores de la sentencia o del procedimiento.
Las comunidades denunciaron que durante esta etapa se produjeron actuaciones que consideran contrarias al debido proceso y obstaculizando su acceso efectivo a la justicia. Entre ellas, cuestionan la decisión de la magistrada relatora Rocío Vázquez Noza que, el 16 de marzo de 2026, suspendió los plazos para resolver el proceso y ordenó de oficio la producción de nuevas pruebas técnicas. Según la representación comunitaria, estas actuaciones carecen de justificación legal y prolongan innecesariamente el proceso, manteniendo pendiente una decisión definitiva y una sentencia sin ejecutarse mientras las familias continúan esperando la recuperación de su fuente de agua.
A la espera se suman obstáculos para conocer su propio proceso. Las comunidades denuncian que el rechazo de las notificaciones digitales obliga a representantes comunitarios, entre ellos adultos mayores de escasos recursos, a viajar más de veinte horas hasta Sucre solo para conocer las actuacionesjudiciales del proceso que fueron notificadas por pizarra. E incluso ya presentes en Sucre, el 14 de julio, se les negó el acceso al expediente porque estaba «en suspensión».
El 25 de agosto pidieron a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental revisar estas actuaciones y apartar a la magistrada relatora. Pero el 9 de septiembre recibieron un «no ha lugar» que, según denuncian, consideran una respuesta insuficientemente fundamentada.
Ante esta situación, presentaron una acción de amparo constitucional, un mecanismo de protección frente a actos u omisiones que presuntamente vulneran derechos reconocidos por la Constitución.
¿Qué está en juego en la audiencia del viernes?
La audiencia del viernes 6 de noviembre examinará las vulneraciones de derechos denunciadas durante la tramitación del caso.
Mediante el amparo las comunidades solicitan dejar sin efecto las actuaciones cuestionadas, reasignar la relatoría y garantizar una resolución pronta y fundamentada de la casación.
Esta audiencia no resolverá directamente la demolición de las represas ni la recuperación inmediata del río, pero una decisión favorable podría corregir las vulneraciones denunciadas y permitir que el proceso retome su curso hacia una resolución definitiva.
Para las comunidades de la TCO Turubó Este, lo que está en juego va más allá de un expediente judicial. Se trata de la recuperación de su fuente de vida.
Después de años de lucha y de haber obtenido una sentencia favorable, las comunidades piden que se respete el debido proceso y que su esfuerzo por defender el río encuentre una respuesta efectiva de la justicia. La sentencia reconoció su demanda; ahora esperan que la protección del agua y de su territorio se haga realidad.
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