Una imagen satelital ha revelado que, entre el 17 de enero y el 8 de marzo de este 2022, una nueva brecha de siete kilómetros de largo ha sido abierta en las entrañas del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, según datos proporcionados por el observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) .
La diputada nacional María René Álvarez, enterada de este nuevo desmonte, recordó que, en su condición de parlamentaria, procedió a elaborar una estrategia de intervención que tiene cuatro fases.
Se trata de un desmonte de las mismas características y dimensiones que el ocurrido el 2021, cuando, pese a que el Bajo Paraguá había sido elevado a área protegida, se habían perpetrado avasallamientos y, entre ellos, la deforestación en una brecha de por lo menos siete kilómetros de largo.
Ahora, en imágenes satelitales, se pone en evidencia que el antiguo y el nuevo desmonte se encuentran en paralelo, lo que, según estudiosos en analizar los daños ambientales, como Stasiek Czaplicki, se trata de una técnica que se conoce como “costilla de pez”, porque, en base a esas aperturas se continúa con un plan de desmonte cuyas brechas abiertas se asemejan al de una costilla de pez, sobre las que van metiendo orugas y penetrando en el bosque.
“Es muy probable que el siguiente paso sea abrir más brechas, dejar que los árboles tumbados sequen y, dentro de tres meses, prendan fuego. La idea es que las brechas perpendiculares les permitan, a los deforestadores, meter la maquinaria de forma más directa y, así, ahorrar combustible. Lo terrible de ese método es que también contribuye a la parcelización del bosque y, con ello, acarrea una pérdida de la integridad de bosques primarios y disminución de sus funciones ecosistémicas”, ha explicado Czaplicki.
Un plano general confirma que los avasallamientos están dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.
La diputada nacional María René Álvarez, enterada de este nuevo desmonte, recordó que, en su condición de parlamentaria, procedió a elaborar una estrategia de intervención que tiene cuatro fases para lograr que las autoridades estatales solucionen el problema estructural de los avasallamientos a las áreas protegidas, reservas forestales y municipales, entre ellas el Bajo Paragua.
La de ahora, se trata de un desmonte, dentro del Bajo Paraguá, de las mismas características y dimensiones que la perpetrada el 2021.
“En la primera fase de esta estrategia, realicé inspecciones in situ al Bajo Paragua para verificar la existencia de avasallamientos y, en consecuencia, solicité peticiones de informe escrito para contar con información clara. En la segunda fase se están utilizando instrumentos coercitivos de nivel superior, con la finalidad de acelerar la intervención de las autoridades involucradas en los avasallamientos del Bajo Paragua. Sin embargo, este problema no es prioridad para todos los asambleístas, por lo que es necesario que la sociedad civil organizada realice una protesta más visible y contundente, para así coadyuvar a que las acciones que estoy realizando cobren mayores repercusiones. También se están elaborando minutas de comunicación, a través de las cuales estamos recomendando que se tome una acción clara, real e inmediata contra los avasallamientos y los grupos irregulares que son un peligro para la sociedad y nuestros pueblos indígenas”, ha detallado la diputada María René Álvarez.
La Reserva Forestal y Área Protegida Municipal de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz, Bolivia), es un bosque de 983,006 hectáreas que tiene tres grandes candados que hasta ahora no lo han podido proteger del ingreso de los avasallamientos ni de los desmontes ilegales. El 18 de junio del 2021, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), después de haberse fijado en sus archivos y base de datos, confirmó a través de un informe técnico que este pulmón verde y herido de Bolivia se encuentra registrado como Tierra Fiscal no Disponible, reveló también que rechazó 59 solicitudes de otorgación de tierras y aclaró que no inició ni iniciará procesos de dotación en esa zona de la Chiquitania.
Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá son oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores se siguen campeando libres y sin frenos.
Con la confirmación del INRA, el Bajo Paraguá tiene en papeles y en teoría tres escudos protectores: Además de ser Reserva Forestal Permanente y Tierra Fiscal no Disponible, tiene el título de Área protegida Municipal de San Ignacio de Velasco: tres candados que están unidos uno a otro, amparados por las leyes bolivianas que en la práctica son vulneradas por avasallamientos y desmontes perpetrados por los llamados interculturales que han manifestado en varias oportunidades su afinidad con el partido de gobierno del MAS.
Pese a estas corazas de normas y papeles, no cesan las denuncias de avasallamientos y desmontes en el Bajo Paraguá. Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá ya oficialmente son ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora, porque los avasalladores —tal como queda en evidencia tras la apertura de la nueva brecha de siete kilómetros de largo que fue abierta entre el 17 de enero y el 8 de marzo del este 2022— se siguen campeando libres y sin frenos, desmontando el bosque.
