En Bolivia, la tierra no es solo un factor de producción. Es ecosistema, es memoria, es disputa. Es el botín sobre el que se edificó un modelo de poder: deforestar para acumular, distribuir para fidelizar, y mercantilizar para gobernar. Durante las últimas dos décadas, el aparato estatal legalizó el despojo: títulos agrarios emitidos sin verificación, dotaciones arbitrarias, asentamientos fantasma, colonias menonitas sobre tierra fiscal toleradas y permisos de desmonte que no protegen al bosque y sanciones por desmonte ilegal que brillan por su escasez. La institucionalidad ambiental fue reducida a ventanilla burocrática para habilitar desmontes, mientras el ecocidio se volvió una práctica legalizada.
Hoy, el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, elegido bajo la bandera de la transparencia y ruptura con el anterior régimen, tiene una única oportunidad para demostrar que ese discurso era más que marketing político: ordenar la casa. Empezar por el suelo. Empezar con una Auditoría Ambiental y Agraria Total.
Porque no se trata de papeles, sino de ponerle rostro y causa a la deforestación, a los incendios, a los desplazamientos silenciosos. De revisar quién se apropió de qué, cuándo, cómo, con qué respaldo, y con qué consecuencias sociales y ecológicas. ¿Cuántas hectáreas se desmontaron bajo permisos irregulares? ¿Cuántas dotaciones sirvieron para traficar con tierra fiscal? ¿Dónde están los mapas completos de concesiones mineras, especialmente auríferas, sobre territorios indígenas? ¿Por qué no se reconoce aún muchos Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOCs), cuyas demandas están archivadas en oficinas públicas? ¿Por qué la información sobre incendios, desmontes y autorizaciones forestales no es pública, accesible, verificable?
Las respuestas a esas preguntas son más que necesarias. Son urgentes.
Porque los números son conocidos, pero se silencian: 2,8 millones de hectáreas entregadas en 20 años por cálculo político. 475 comunidades fantasma solo en una provincia de Santa Cruz. Y al menos 1,7 millones de hectáreas controladas por estructuras paralelas al Estado, que alquilan, venden, desmontan… mientras los bosques desaparecen, mientras pueblos indígenas como los ayoreos son expulsados de sus territorios, mientras la minería informal contamina ríos con mercurio y la ganadería se expande sobre ecosistemas frágiles.
¿Dónde está la seguridad jurídica cuando los títulos se emiten sin verificar la Función Económico Social? ¿Dónde está la institucionalidad si el propio INRA dejó de hacer cumplir el límite constitucional de 5.000 hectáreas por persona? ¿Qué democracia existe si el país ignora cuántos permisos de desmonte se otorgan por año y cuántos desmontes ilegales terminan en sanciones reales?
La Auditoría no es persecución. Es reparación. Es aclarar quién es quién en el mapa de la tierra y del bosque: qué productor actúa legalmente, qué dirigente trafica parcelas, qué empresa acapara ilegalmente, qué concesión minera fue otorgada sin consulta ni licencia social. Es separar a quienes invierten y trabajan de quienes parasitan el sistema. Es depurar para reconstruir.
Y no estamos hablando de una medida simbólica. Hablamos de una agenda técnica, concreta y viable que el propio sector productivo debería apoyar si quiere salir del laberinto reputacional que carga hace años. Esta auditoría debe incluir al menos cinco componentes claves:
1. Verificación de existencia real de comunidades beneficiarias (2006–2025) de avasallamiento de tierra fiscal y de tierras comunitarias y privadas
Usando imágenes satelitales, inspecciones de campo y cruce con registros de servicios básicos.
¿Resultado? Identificar títulos fraudulentos, revertir o sanear tierras sujetas a conflicto y frenar el tráfico de suelo fiscal.
2. Auditoría del cumplimiento de la Función Económico Social (FES)
Revisar el uso actual de las tierras dotadas en los últimos 5, 10, 15 años.
¿Resultado? Confirmar derechos legítimos y revertir aquellos que solo sirvieron para especular o deforestar.
3. Trazabilidad de transferencias ilegales y contratos prohibidos
Rastrear alquileres encubiertos, ventas simuladas y control extranjero oculto bajo testaferros.
¿Resultado? Depurar el mercado de tierras y devolver lógica al valor productivo, no especulativo, del suelo.
4. Revisión de autorizaciones en áreas protegidas, zonas de uso forestal y territorios indígenas sin reconocimiento
Incluyendo casos emblemáticos como Paquió, Tucabaca, Espejillos, Laguna Concepción y colonias menonitas en tierras fiscales no tituladas.
¿Resultado? Detener el desmonte institucionalizado bajo autorizaciones contrarias a ley y vocación de uso y realizar reparaciones y restauración..
5. Investigación patrimonial de funcionarios y dirigentes
Revisar patrimonio de exautoridades del INRA, ex ministros, senadores, diputados, alcaldes y líderes agrarios que figuran con múltiples parcelas, fincas o comisiones ilegales documentadas.
¿Resultado? Iniciar procesos penales y decomisar bienes cuando corresponda.
Y todo esto debe hacerse bajo una Comisión Auditora Independiente, con:
- Contraloría General del Estado
- Expertos nacionales e internacionales en catastro, SIG y uso de suelo
- Representantes del sector productivo formal
- Organizaciones campesinas e indígenas legítimas
- Observadores de sociedad civil y academia creíbles
Con autoridad para exigir información, cruzar bases de datos, acceder a archivos del INRA, ABT, AJAM y Derechos Reales, usar tecnología satelital, y emitir recomendaciones de anulación, reversión o proceso penal.
Plazos:
- 6 meses para informe preliminar
- 12 meses para informe final
- Publicación completa y digitalizada de resultados, en acceso libre y abierto a la ciudadanía
Esto no es capricho. Es necesidad de país. Sin esto, el nuevo gobierno estará simplemente administrando el legado del MAS, mientras el modelo de saqueo y desmonte continúa. Sin esto, la CAO, ANAPO y otros gremios seguirán siendo vistos como cómplices pasivos, o activos, de la corrupción agraria, minera y forestal que tanto dicen rechazar.
Una vez realizado, se podrá partir sobre bases sanas y, de forma periódica y pública, informar a toda la población sobre la evolución de estos temas: deforestación, avasallamientos, concesiones mineras, acceso a la tierra, legalidad de títulos y grado de cumplimiento de la FES. Porque en el Estado Plurinacional de Bolivia, como dice la Constitución el articulo 342:
“Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales y la biodiversidad de manera sostenible, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. La gestión ambiental será participativa, con control y vigilancia social”.
Sin auditoría no hay confianza. Sin transparencia no hay democracia. Sin legalidad, no hay ecología posible.
Presidente Rodrigo Paz Pereira: Si usted no impulsa esta auditoría, estará admitiendo que el “cambio” era solo eslogan.
Sector productivo: Si no la apoyan, validan lo que durante más de 15 años el MAS dijo de ustedes.
Y para todos: Cada día sin auditoría es un día más de impunidad, de despojo, de deforestación. Y cada bosque que cae, cada territorio que se invisibiliza, cada río que se contamina, nos aleja más del país que decimos defender.
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