El Juzgado de Roboré dicta sentencia histórica a favor de la TCO Turubó, ordenando la destrucción de las infraestructuras que cortaron el cauce del río y la indemnización a las comunidades por los perjuicios de la escasez de agua. Además, se sienta un precedente al declarar a sus miembros como Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

Hoy, el Juzgado Agroambiental de Roboré dictará la sentencia que podría liberar al río San Lorenzo, enjaulado por una hacienda desde hace más de una década y convertido en símbolo de injusticia hídrica en la Chiquitanía. La decisión definirá si Bolivia reconoce de manera efectiva a sus ríos como sujetos de derechos.