
El nuevo informe de la ONU advierte que el consumo de agua ha superado la capacidad de recuperación de los ecosistemas, transformando las crisis locales en un estado de quiebra sistémica e irreversible. En Bolivia, esta realidad se refleja en varias realidades, entre ella, en la amenaza sobre la reserva de Tariquía, cuya degradación pone en riesgo el “ahorro” hídrico que sostiene la vida y la economía de toda una región.

La demanda cuestiona el avance del proyecto petrolero DMO-X3 en Tariquía pese a una resolución de protección del jaguar y su corredor biológico. También denuncia la criminalización de 17 comunarios y defensores ambientales que se oponen a la exploración.

El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en Tarija, ordenó la suspensión temporal del pozo Domo Oso X-3 por posibles riesgos ambientales, tras admitir medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo. La decisión frena el proyecto mientras se realizan una inspección técnica y una audiencia pública para evaluar impactos ambientales y la situación de defensores del territorio.

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La movilización ciudadana y la Defensoría del Pueblo demandan la suspensión inmediata de la actividad petrolera. Defensores denuncian que se ha incumplido la pausa ecológica dictada por el Tribunal Agroambiental, como también estaría criminalizando a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Luchar para evitar que la actividad petrolera consolide su ingreso en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en el departamento de Tarija (Bolivia), tiene un alto precio. Las defensoras y defensores de este vergel importante para el mundo, que es fuente de agua para seres humanos y especies incontables de animales silvestres, sufren ataques que van desde “ofertas indecentes” hasta agresiones físicas y desprestigios personales. Pero ningún hostigamiento puede más que la convicción de defender esta casa vital que le pertenece al planeta.

Tras la intervención policial en la reserva natural, personal defensorial constató el estado de los manifestantes en Entre Ríos y el inicio de procesos penales contra diecisiete comunarios.

Los municipios de Guanay y Teoponte (La Paz) crearon un corredor biológico de 66.831 hectáreas para proteger el agua y la biodiversidad frente a la minería. Esta iniciativa indígena leco combina leyes locales, tecnología satelital y vigilancia comunitaria para blindar el territorio contra el extractivismo y los incendios.

El equipo de Revista Nómadas llega a Palestina, Pando, un punto clave en la ruta de los castañeros donde la vida se detiene bajo el sol amazónico. Entre ropa tendida y maderas gastadas, la micro crónica retrata la pausa necesaria de quienes habitan el corazón de la zafra boliviana.

La plataforma Defensores de Tariquía denuncia el incumplimiento de pactos ambientales y priorizar la apertura de brechas en las cabeceras de agua de la reserva.
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