
La Facultad de Teología San Pablo de Cochabamba, de la Universidad Católica Boliviana, proyectará el documental Mi cuerpo, mi territorio, y abrirá un conversatorio académico sobre los desafíos ecológicos y sociales que atraviesa el país. El encuentro se realizará el viernes 19 de septiembre a las 15:00 en el Aula Magna.
Del 18 al 21 de septiembre, Santa Ana de Velasco será escenario de un festival que une arte y conciencia ambiental. Con conciertos, talleres y reforestación, jóvenes músicos convertirán la Chiquitania en un himno de esperanza para la naturaleza.
La parlamentaria denuncia que El botadero a cielo abierto de San Ignacio de Velasco opera hace más de 15 años sin licencia ambiental, contaminando suelos, aguas y poniendo en riesgo la salud de la población.
La performance “Regresando a casa” convirtió al artista plástico, Leoni Antequera, en un espejo del cautiverio de las aves silvestres, despertando emoción y reflexión en el público. La iniciativa busca sensibilizar sobre el tráfico de fauna y la necesidad de devolver a los animales a su hábitat natural.
Delegados de Asia, África y América Latina llegarán a Bolivia para intercambiar saberes y fortalecer la defensa de los territorios a través de la cartografía comunitaria, durante el 15 y 16 de septiembre.
Guardaparques denuncian inacción institucional y falta de recursos en la atención de la emergencia en el único Patrimonio Natural de la Humanidad que tiene Bolivia. Exigen atención urgente.
Tejiendo esperanza desde los territorios: mujeres indígenas unen fuerzas para proteger los bosques y demandan acción global frente a la crisis climática.
El Tribunal Agroambiental dictó una sentencia inédita que obliga al Estado a rendir cuentas por la devastación de la naturaleza. Una victoria ciudadana que abre un nuevo capítulo en la defensa de los bosques y de la vida.
Brigadas de bomberos revisan puntos de calor ocultos entre cenizas en Ñembi Guasu: la etapa de liquidación exige precisión milimétrica para evitar rebrotes.
En un fallo sin precedentes, el Tribunal Agroambiental de Bolivia desestimó las impugnaciones de 16 instituciones estatales y gremiales —incluyendo la Procuraduría, la ABT, y varios ministerios— y reconoció como prueba válida la documentación elaborada por la sociedad civil, abriendo un nuevo capítulo en la justicia climática al consagrar el derecho ciudadano a fiscalizar y exigir cuentas al Estado frente a la devastación de los bosques.
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