El movimiento ambientalista y la opinión pública, especialmente los jóvenes que protestan cada año durante la época de los incendios forestales, han exigido durante años cambios legislativos fuertes para frenar los desmontes y las quemas ilegales en Bolivia.
Desde 2019, estas demandas incluyen la abrogación del denominado “paquete de leyes incendiarias” y el aumento de las multas por quemas y desmonte ilegal, que actualmente oscilan entre 1 UFV y 6 UFV por hectárea, lo que equivale a Bs 2,5 a Bs 15 por hectárea. Además, se solicitan medidas que favorezcan la restauración de áreas afectadas por estos delitos ambientales.
Durante este mes de junio, la Cámara de Senadores, específicamente la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, está analizando un proyecto de ley que busca marcar un hito en la protección del medio ambiente y la lucha contra los desmontes y quemas ilegales en el país. El proyecto, denominado Ley de Prevención de Quemas e Incendios y Restauración de las Áreas Afectadas, plantea medidas contundentes para erradicar estos problemas que han causado graves daños a los ecosistemas bolivianos en los últimos años. La norma que se está trabajando cuenta con ocho proyectistas.
Actualmente las multas por quemas oscilan entre 1 UFV y 6 UFV por hectárea, lo que equivale a Bs 2,5 a Bs 15 por hectárea
Una de las propuestas más destacadas es la actualización del régimen sancionador para los infractores, con multas que pueden variar entre 20 UFV (Bs 50) por hectárea y 560 UFV (Bs 1.400) por hectárea por quema o desmonte ilegal. Los montos varían según el tipo de propietarios, con mayores multas para los actores de mayores recursos y la superficie afectada, incrementando las sanciones a medida que aumenta la superficie. Con estos montos, las multas en Bolivia se acercarían a niveles similares a los de los países vecinos. Además plantea, una serie de mejoras para aumentar la cobertura y eficiencia y los fondos destinados a la Autoridad de Bosques y Tierra, ente competente en materia de fiscalización y control de quemas y desmonte.
Además, se introduciría una nueva categoría de colonias de convenio con el Estado, correspondiente a las colonias menonitas. Se establece que los desmontes y quemas no podrán ser considerados como justificación del cumplimiento de la Función Económica Social en ningún tipo de propiedad, argumento utilizado por el sector agroindustrial y ganadero cuando es cuestionado por el desmonte y quema ilegal.
Otro aspecto crucial es la prohibición de otorgar permisos para actividades económicas en áreas afectadas por desmontes, quemas e incendios desde 2019, a menos que cuenten con los permisos legalmente establecidos. Esto busca frenar la depredación de estas zonas vulnerables y permitir su regeneración natural.
El proyecto también prevé medidas de transparencia y rendición de cuentas, como la creación de un Catastro Agroambiental y Forestal, donde se registrará información detallada sobre propiedades, títulos, autorizaciones de desmonte y áreas protegidas. Asimismo, se exigirá a las instituciones públicas informar anualmente sobre los avances en la restauración de las áreas afectadas.
También se propone incorporar disposiciones para mejorar la asistencia a los pueblos indígenas originarios campesinos desplazados por los incendios, garantizando su retorno voluntario y seguro a sus territorios, así como medidas de recuperación en favor de estas comunidades.
Una de las propuestas más destacadas es la actualización del régimen sancionador para los infractores, con multas que pueden variar entre 20 UFV (Bs 50) por hectárea y 560 UFV (Bs 1.400) por hectárea por quema o desmonte ilegal
Ayer hubo, en el seno del Senado, la primera audiencia pública de socialización del proyecto de ley, a los grupos interesados, dado que este proyecto responde a varios de los pedidos de la sociedad civil. Dicho proyecto de ley inicio en noviembre del 2023, mes en el que se realizó desde la sociedad civil, una recaudación de formas de 14.000 personas, pidiendo la abrogación del paquete de leyes incendiarias y aumento de multas entre otros.
La senadora Cecilia Requena, impulsora del proyecto de ley de Prevención de Quemas e Incendios y Restauración de las Áreas Afectadas, compartió su visión sobre el panorama legislativo y los desafíos que enfrenta su iniciativa.
En cuanto a la relación de fuerzas con los otros parlamentarios para mantener el contenido del proyecto, Requena expresó: “Estamos muy conscientes de que nuestro proyecto es ambicioso, por eso lo describimos como un estándar que se acerca mucho a lo óptimo en un escenario ideal, donde la voluntad política está claramente del lado de la defensa de la vida.”
Requena destacó que muchos proyectos abrogativos no resuelven las causas ni generan políticas públicas para el futuro. Además, mencionó que la implementación será compleja, así como la respuesta a intereses de corporaciones en lugar del interés nacional.
“Para lograrlo, tendremos que buscar acuerdos con otras fuerzas políticas, aunque no será fácil. Estamos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones que, aunque no sean óptimas, avancen hacia una mejora en la situación actual. No podemos permitirnos mantenernos en el statu quo. Terminamos diciendo que no todo lo que se necesita se puede lograr en un solo periodo, pero es necesario avanzar hacia soluciones que sean responsables y efectivas para todos”, enfatizó.
El proyecto de ley establece que los desmontes y quemas no podrán ser considerados como justificación del cumplimiento de la Función Económica Social en ningún tipo de propiedad.
Ángelina Rodas, representante indígena chiquitana, en el municipio de Roboré, expresó su apoyo al proyecto de ley para combatir los incendios forestales y proteger las áreas naturales alrededor de las comunidades indígenas.
Tras leer el proyecto de ley, destacó la importancia de abrogar o modificar varias leyes existentes para evitar los incendios forestales en áreas restringidas o fiscales que rodean a las comunidades. Destacó positivamente la propuesta de aumentar las multas para aquellos que deforestan en gran escala, ya que considera que las multas actuales son demasiado bajas y pueden no disuadir a los infractores.
Ángelina también enfatizó la necesidad de consultar previamente a las comunidades antes de llevar a cabo actividades de deforestación a gran escala, ya que esto afecta directamente a las comunidades indígenas que cuidan activamente su territorio y sus bosques.
El proyecto de ley Prevención de Quemas e Incendios y Restauración de las Áreas Afectadas representa un paso trascendental en la protección del medio ambiente en Bolivia. Su aprobación e implementación adecuada podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra los desmontes y quemas ilegales, contribuyendo a la preservación de los valiosos ecosistemas del país y al bienestar de las generaciones futuras.
Sin embargo, la pregunta sobre si logrará pasar los pasos necesarios para su aprobación en el legislativo sin sufrir demasiadas modificaciones a sus elementos claves, y si posteriormente tendrá una implementación exitosa, permanece abierta. ¿Contará con el apoyo necesario para su aprobación?
***
