La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CANOB), junto a las autoridades y líderes del Pueblo Ayoreo, ha denunciado públicamente una grave ola de avasallamiento territorial y desplazamiento forzado en el departamento de Santa Cruz. Específicamente, se reporta que el nuevo líder del pueblo ayoreo y las comunidades se han visto afectados por invasiones en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tobité, en la zona de Tía Uño.
La denuncia, respaldada y condenada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), señala que estos actos no son incidentes aislados. Por el contrario, representan una “presión sistemática” ejercida por organizaciones campesinas, interculturales y empresariales cuyo objetivo es la expansión de monocultivos y el tráfico de tierras, vulnerando los derechos colectivos ayoreos.
El patrón de la impunidad y la recurrencia
La fuerza de la denuncia radica en que el pueblo ayoreo se encuentra en una situación de “alta vulnerabilidad” debido a la falta de respuesta estatal. El comunicado de CEJIS recuerda que este patrón de violencia es recurrente:
- Antecedente 2021: Se menciona un violento ingreso de grupos interculturales que derivó en el desplazamiento forzado de más de 40 familias.
- Situación actual: Las familias de la comunidad de Tobité, pese a haber denunciado formalmente los hechos ante la Policía y el Ministerio Público, no han recibido atención efectiva. Las autoridades de la comunidad de Roboré, donde se encuentran algunas familias desplazadas, continúan pidiendo garantías para un retorno seguro que no se ha concretado.
CANOB y CEJIS exigen que la grave situación sea atendida como una prioridad nacional e internacional. El comunicado es un llamado directo a las autoridades bolivianas, al Ministerio Público, a la Policía y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen, identifiquen y sancionen a los responsables de los avasallamientos y a los promotores de la violencia.
Finalmente, se realiza un llamado explícito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie y otorgue medidas cautelares que protejan la vida, la integridad y la seguridad territorial del pueblo Ayoreo y sus legítimos representantes, subrayando que la garantía de los derechos del pueblo indígena depende de la acción inmediata de las autoridades.
