La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se ha convertido en el epicentro de una batalla legal y social que escala a nivel nacional. Tras una multitudinaria audiencia pública en Tarija, una coalición de ciudadanos, activistas y organismos de derechos humanos ha unificado su voz para exigir la paralización total de las actividades extractivas en la zona, advirtiendo que la biodiversidad y el patrimonio hídrico de la región están en riesgo inminente.
A este reclamo se ha sumado la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución, Pedro Callisaya, confirmó la solicitud de medidas cautelares para suspender los actos de ejecución material del proyecto, priorizando la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades campesinas de Chiquiacá.
La demanda ciudadana es drástica. Hoy, a través de un memorial, defensores solicitan acciones al Tribunal Agroambiental ante la criminalización de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una auditoría integral que abarque el cambio del Plan de Manejo de la reserva, los procesos de consulta previa y el uso de recursos públicos.
Daniela Justiniano, representante de Alas Chiquitanas, subrayó que lo que sucede en Tariquía vulnera flagrantemente la Pausa Ecológica dictada en abril del 2025 para proteger el hábitat crítico del jaguar. Indica que: “El problema de fondo es que el Estado boliviano no puede seguir validando, heredando ni encubriendo una cadena de irregularidades, negligencias y posibles delitos cometidos por la anterior gestión desde el inicio de las acciones de exploración y explotación petrolera, en un área protegida creada y blindada por ley. El problema en Tariquía no es dónde está el último pozo, sino por qué el Estado con sus decisiones pone en riesgo el agua, el medioambiente y el futuro de Tarija”.
Denuncian intervención policial y avance ilegal
El conflicto alcanzó un punto crítico el pasado 5 de enero de 2026. Según la denuncia formal interpuesta ante el Tribunal Agroambiental, Petrobras Bolivia habría consolidado su ingreso al área mediante el uso de la fuerza policial, desplazando a comunarios que mantenían una resistencia pacífica.
Este avance, según Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, ignora la Resolución SP-TAA 001/2025 AA, que protege el corredor biológico del jaguar (Panthera onca), específicamente en el Polígono 5 de las Unidades de Conservación, que están dentro del Plan Plan de Acción para la Conservación (2020-2025) de esta especie. Esta área es estratégica, ya que conecta ecosistemas vitales entre Bolivia, Argentina y Paraguay.
Criminalización de defensores bajo el Acuerdo de Escazú
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la “criminalización sistemática” de 17 defensores ambientales, en su mayoría indígenas guaraníes y campesinos de Chiquiacá y Loma Alta. Petrobras ha impulsado procesos penales bajo cargos de “asociación delictuosa” y “atentados contra la libertad de trabajo”, lo que los activistas califican como una estrategia de persecución judicial para silenciar la oposición.
Ante este escenario, los recurrentes entre sus 12 puntos exigen:
- Reconocimiento formal de los afectados como Defensores de Derechos Humanos, bajo el amparo del Acuerdo de Escazú. Esto incluye el cese inmediato del hostigamiento judicial y la desestimación del proceso penal, por ser infundado y violatorio de derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión.
- Suspensión inmediata de toda actividad extractiva en áreas protegidas y en zonas con incidencia directa o indirecta en las Unidades de Conservación del Jaguar (UCJ) y sus corredores biológicos.
- Auditorías técnicas, jurídicas y financieras por la Contraloría General del Estado al cambio del Plan de Manejo de Tariquía, y al uso de los recursos de compensación ambiental transferidos por YPFB al SERNAP.
- Multas pecuniarias contra Petrobras Bolivia S.A. por la ejecución irregular de obras en zonas protegidas.
- Revisión, auditoría y eventual suspensión de las licencias ambientales emitidas con posterioridad a la Resolución emitida por el Tribunal Agroambiental, por posibles vicios de nulidad.
La postura de la ciudadanía y los defensores de Tariquía es firme. La defensa del agua y la vida no es un delito. Mientras el Juzgado Agroambiental evalúa las medidas, la sociedad civil permanece en alerta ante lo que consideran un atropello a la soberanía ambiental del país.
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