A un año de haberse interpuesto la Demanda de Responsabilidad Ambiental por Daños al Medio Ambiente, la Biodiversidad y la Salud Pública, las comunidades de la TCO Turubó Este, en el municipio de San José de Chiquitos, mantienen firme su lucha por justicia frente a los impactos provocados por la construcción de presas ilegales que bloquearon el curso del río San Lorenzo, afluente del río Tucabaca y principal fuente de agua para la región.
La demanda fue presentada por el cacique de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado Perrogón, contra el representante legal de la hacienda San Lorenzo, a la que se acusa de ser la responsable de construir diques que interrumpieron el flujo del río San Lorenzo.
A la acción legal se sumaron como terceros interesados la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), la Organización de Gestión Territorial Indígena (OGTI) Turubó Este, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos y el Comité de Gestión de la AP/UCPN Tucabaca.
El caso se sustenta en pruebas contundentes recogidas desde 2020, cuando el río se secó dejando sin agua a las comunidades indígenas Buena Vista y San Juan. Una inspección técnica realizada ese mismo año por autoridades municipales y departamentales confirmó la existencia de las infraestructuras que causaron el corte del cauce natural.
El informe técnico de la Gobernación de Santa Cruz (INF.TEC.DICAM/CONTROL/KVF/FMA N° 258/2020) detalla:
“El representante legal de la Hacienda San Lorenzo implementó dos infraestructuras civiles de contención (diques) y un muro de concreto para la obstrucción y represamiento del cauce principal del río San Lorenzo, afluente secundario del río Tucabaca, lo que ocasionó un embalsamiento de aguas por corte del flujo natural.”
Durante el proceso, la parte demandada intentó desvirtuar la naturaleza del río afectado, asegurando que no se trataba de un río y negando que las estructuras fueran presas, calificándolas de simples caminos internos. Sin embargo, informes técnicos, imágenes satelitales e incluso estudios hidrológicos de la propia defensa contradicen esas afirmaciones, confirmando que se trata de un curso de agua vital para el consumo humano.
Una inspección realizada por el juez agroambiental Álvaro Flores, en presencia de las partes, verificó nuevamente la existencia de estas obras y su impacto sobre el sistema hídrico.
Un avance importante se dio el 13 de noviembre de 2024, cuando el juez ordenó la remoción de una de las tres presas, ubicada en tierra fiscal según informe del INRA. La orden se ejecutó el 27 de diciembre de 2024 con la participación activa de autoridades de la TCO Turubó Este, la CCICH-T y el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos.
Actualmente, el caso se encuentra en su etapa final, a la espera del peritaje técnico ambiental a cargo de la ingeniera Carla Patricia Álvarez, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, designada por el juez agroambiental de Roboré. Las comunidades exigen que esta evaluación se realice con ética, transparencia e imparcialidad, y solicitan el seguimiento del proceso por parte del Colegio de Ingenieros Ambientales.
El peritaje busca determinar si hubo afectación significativa a la naturaleza del cuerpo de agua y a los derechos de las comunidades. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones defensoras del medio ambiente están llamadas a ejercer control social sobre un caso que podría sentar un precedente histórico en la protección de los derechos indígenas y la defensa del agua.
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