Los problemas ambientales en Bolivia son pan de cada día, unos de origen natural y la mayoría provocados por una falta del cumplimiento de las leyes ambientales, y la fiscalización por parte de las autoridades. Es así que, en los últimos meses, dos problemas ambientales han generado bastante susceptibilidad y temor a los bolivianos, por un lado, la construcción de una carretera que atraviesa la zona de recarga de los acuíferos, de la cual se abastece de agua la región metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, y, por otro lado, la contaminación con mercurio que tienen los ríos y la afectación a sus pobladores.
Lo más triste de estos temas, es que nos estamos acostumbrando a tragarnos estos problemas sin azúcar o sal, es decir, son tantos y tan frecuentes, que el ciudadano prefiere dejarlos pasar de lado, que reaccionar ante ellos. En el caso de los ciudadanos promedio, es comprensible que ellos no quieran sumar un problema más a sus vidas, aunque no es correcto, ya que todos somos responsables de nuestro bienestar, sin embargo, no es admisible que las autoridades nacionales —que son las garantes de prevenir, evitar, mitigar, y solucionar estos problemas— hagan lo mismo.
Esta desatención técnica por parte de las más altas autoridades, pasa por una banalización inmediata y mediática del tema; generando confusión y minimizando las consecuencias evidentes de la minería, del impacto de las carreteras, de los incendios forestales etc. Es así que recurren a dar conclusiones rápidas, desacreditando décadas de estudios científicos hechos a nivel nacional e internacional. Los científicos, antes de dar una conclusión técnica sobre un tema que han estudiado, realizan una serie de pasos, es decir, que, a partir de una pregunta u objetivo inicial, buscan el mejor diseño, y un método adecuado para responder a su duda. Eso los lleva a tomar datos bajo distintas condiciones ambientales, a realizar experimentos u observaciones por meses y años, y posteriormente analizar los datos en gabinete o laboratorio, someter sus resultados a pruebas estadísticas, y luego de pasar todas estas etapas, recién pueden dar una conclusión, y recomendaciones según los resultados obtenidos.
En el caso del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien indicó a medios de comunicación nacional que: “Vamos a demostrar que esta carretera ya existía hace más de cien años, es decir, que los productores de esta zona sacan y han sacado desde siempre por allí los cítricos a la ciudad capital. Ninguna carretera en el mundo afecta el medioambiente”, demuestra una clara banalización del tema, e induce hacia un cambio de concepto a la población.
Primero, asegura que la carretera ya existía hace más de 100 años, sin embargo, el Manual de Carreteras Vol. 1, “Manual de diseño geométrico” de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC (2007), define claramente la diferencia entre lo que es un “camino” y una “carretera”. Siendo la ruta en cuestión un tipo de “camino” y no así una “carretera”, dada sus características de uso, velocidad de los vehículos, tipo de construcción, obras anexas etc. Cambiar y utilizar otro concepto del elemento en tela de juicio, ya denota la intención del ministro a forzar a la población hacia un cambio de percepción respecto al camino como tal.
La autoridad menciona que: “Ninguna carretera en el mundo afecta al medio ambiente”. Ahora bien, consideremos que el medio ambiente es la sumatoria de tres componentes: biótico, abiótico y social, y que un impacto ambiental es la ruptura del equilibrio natural de una zona o región. También tomemos en cuenta que la literatura técnica hace mención que los impactos pueden ser positivos o negativos; entonces, la sola remoción de un árbol ya es un impacto negativo, y si remueven miles de árboles el impacto pasa de ser impacto local a impacto regional. Ahora bien, la construcción de una carretera en el sentido estricto de la ABC, supondría la remoción de mucha vegetación, la compactación de los suelos, el ahuyentamiento de fauna y cambio de su comportamiento, el cambio del curso natural de las quebradas y otros cuerpos de agua, el aumento de impacto lumínico, de ruidos, de la calidad del aire, del agua etc. Entonces, una carretera sí genera un impacto ambiental.
La autoridad menciona que: ‘Ninguna carretera en el mundo afecta al medio ambiente’. Un impacto ambiental es la ruptura del equilibrio natural de una zona o región.
El punto es que no podemos ir contra el desarrollo y la necesidad del pueblo, es por eso que cuando se realiza un estudio de impacto ambiental, se desarrollan también alternativas que mitigan los impactos negativos o disminuyen las actividades dañinas, y generalmente se eligen opciones de trazo menos perturbadores a los distintos factores del medio ambiente. Además, debemos ser conscientes de que el hecho de realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental no garantiza que la Actividad Obra o Proyecto (AOP) se deba realizar sí o sí. En este punto es que la sociedad y las autoridades se deben manifestar en busca del bien mayor, y si esta sociedad indica que debe buscarse alternativas menos impactantes, por un tema de lógica debe buscarse soluciones a las demandas locales.
Es irónico que el trazo alternativo que no pasa por la zona de recarga de acuíferos, es la más barata, y la que menos recursos demanda. Y si fuera el caso de que la alternativa menos impactante sea la más cara en términos de recursos, el Gobierno debería asumir ese costo, ya que la premisa es la conservación del medio ambiente y su gente. No solo es una cuestión de gastar menos dinero, sino de garantizar una calidad de vida a la población actual y futura. Al final de todo, son nuestros impuestos que financian las obras públicas y pagan los préstamos obtenidos por el gobierno, entonces, ¿porque no hacer caso a la población? Las autoridades deben asumir su responsabilidad legal de garantizar que los bolivianos tengamos un medio ambiente saludable, como indica las leyes ambientales, así esto implique un gasto mayor de recursos.
Señores, que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenga agua de calidad y a bajo costo todos los días, es algo que ningún político ni autoridad puede garantizarnos con sus promesas, la única garantía de ello es la conservación de las zonas de recarga del acuífero, y eso incluye los montes y pampas del Urubó, el Parque Nacional Amboró y demás zonas naturales de la región.
Por otro lado, tenemos al ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, quien en un conversatorio sobre: “La minería aurífera: el mercurio en cuestión”, organizado por la vicepresidencia de Bolivia, Naciones Unidas y otras instituciones, dijo que cree que es cierto lo que alguien le contó, que después de mucho tiempo de contacto con la sustancia no tenía ningún síntoma. “Le creo porque soy de Potosí y he vivido frente a la mina. Prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio de niño”. E insistió: “Por las calles de Potosí, cuando llueve, sigue corriendo mercurio. Los niños de Potosí siguen juntando mercurio en botellas para vender; no sé si están enfermos”. ¿Quién nos asegura que el mercurio no hace daño, ya que el de niño jugó con este elemento?
Sin duda, estas declaraciones de la autoridad máxima del Estado en temas ambientales, causó admiración. Tristemente, sus palabras también inducen hacia la banalización de la contaminación por metales pesados, y ni qué decir de los impactos ambientales que genera la minería. Ya que su opinión dice explícitamente que “cree que es cierto”, sin embargo, los efectos del mercurio sobre la salud humana han sido estudiados por años, y los científicos “no creen” que los efectos sean mínimos, ya que no fue alguien que les conto eso, sino que fue una conclusión a la que llegaron después de mucho tiempo de trabajo.
Un aspecto que olvidan ambas autoridades, es que la ciencia no acepta relatos, tampoco concluye a través de conversaciones con los amigos y conocidos, no se basa en opiniones personales; se basa en la observación, toma de datos y análisis. Y solo para recordar, la Real Academia Española (RAE), define como ciencia en nuestro idioma al “Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Por ende, las declaraciones de ambas autoridades caen en saco roto, ya que no tienen ninguna base técnica ni científica que los respalde, y a pesar de su investidura de autoridad, sus declaraciones no pueden cambiar lo evidente, “Una carretera sí genera impacto, jugar con mercurio si puede afectar a las personas”.
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