El equipo de la delegación de la Defensoría del Pueblo de Tarija se desplazó hasta el municipio de Entre Ríos para realizar una inspección directa tras los recientes operativos policiales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. El objetivo primordial de esta misión, encabezada por la delegada Cecilia Bolívar, fue evaluar el respeto a los derechos humanos de los activistas que mantienen una vigilia en defensa del área protegida.
Durante la verificación, el personal institucional identificó la presencia mayoritaria de mujeres y adultos mayores de origen campesino en los puntos de movilización. Uno de los hallazgos más relevantes fue la confirmación de que 17 defensores ambientales han sido notificados con el inicio de procesos penales. Se les acusa de delitos como asociación delictuosa, situación que la Defensoría seguirá de cerca para asegurar que se respete el debido proceso y no se utilice la justicia como un mecanismo de amedrentamiento.
La institución recordó que Bolivia es signataria del Acuerdo de Escazú, un compromiso internacional que obliga al Estado a proteger a los defensores del medio ambiente y a garantizar la transparencia y participación pública en asuntos ambientales. En este sentido, la Defensoría del Pueblo instó a que el uso de la fuerza policial se enmarque siempre en los principios de legalidad y proporcionalidad, evitando cualquier vulneración a la integridad de quienes ejercen su derecho a la protesta y a la protección de su territorio.
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