El rumor de los motores diésel atraviesa la madrugada pandina. Son las 4:30 AM y por los senderos de tierra de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi (Pando, Bolivia) circulan camiones que los lugareños llaman “triples” —vehículos especiales diseñados para transportar grandes cargas por terrenos difíciles. Llevan trozas de cumarú, cedro y otras maderas valiosas rumbo a Perú, donde estos recursos alcanzan precios que duplican los del mercado boliviano.
Los traficantes han convertido los caminos comunales en rutas de contrabando, aprovechando la debilidad de la fiscalización estatal. Germán Góngora, secretario general de Villa Florida, denuncia que “del lado de la frontera de Perú, no solamente hacen aprovechamiento de la castaña, sino también realizan el aprovechamiento de la tala indiscriminada de los árboles que están dentro de la Reserva Manuripi”.
El problema se agrava por la ausencia de control efectivo. “No tenemos los medios para llegar hasta la frontera, al margen del río”, explica Góngora, describiendo las limitaciones que enfrentan las comunidades para fiscalizar su propio territorio.
La situación se complica por la corrupción institucional. Góngora denuncia que “los mismos agentes de conservación están implicados en este tema. Hacen los patrullajes, encuentran infraganti a los mineros, pero sin embargo los mineros los sobornan y no pasó nada”. Esta corrupción se extiende también al tráfico maderero: “algunos dirigentes [se dejan sobornar] con los infractores, en este caso con los mineros y con los peruanos que vienen a sacar la madera ilegal del territorio boliviano”.
Esta actividad clandestina vulnera las leyes forestales bolivianas y amenaza directamente el sustento de las familias campesinas que desde hace décadas han vivido de los frutos del bosque, particularmente de la castaña amazónica —un producto que en 2024 se consolidó como el segundo rubro de exportación no tradicional de Bolivia, generando hasta octubre más de 146 millones de dólares y superando en 26% el valor total obtenido en 2023.
La columna vertebral de Manuripi
En Villa Florida, ubicada en el cantón Chivé dentro de la Reserva Manuripi, las 205 familias que habitan esta comunidad campesina han construido su economía en torno a dos pilares fundamentales. “La recolección de la castaña, que va desde diciembre hasta abril, y una planta procesadora de azaí“, explica Góngora, detallando una estrategia productiva que se replica en las diez comunidades legalmente establecidas dentro del área protegida.
Jorge Lenguaña, secretario general de Luz de América —otra comunidad con 84 familias afiliadas—, explica la importancia de la diversificación productiva: “Trabajamos en el rubro de la castaña y el azaí. Tenemos una planta moderna para el azaí que estamos trabajando desde hace tres años. Es una fuente de ingresos para los comunarios”.
Estas comunidades operan dentro de un sistema complejo de aprovechamiento forestal. Según Rolando Toyama, responsable de Recursos Naturales de la Reserva Manuripi, el área protegida maneja “747,000 hectáreas con diez comunidades campesinas y cuarenta predios individuales conocidos como barracas“.
Los datos oficiales sobre la población residente permanente de Manuripi son fragmentarios y no existe un censo específico para el área protegida. Las fuentes más confiables incluyen registros del SERNAP que documentan “más de 400 familias” distribuidas en las diez comunidades campesinas, mientras que datos locales específicos registran 205 habitantes en Villa Florida y 84 familias afiliadas en Luz de América. A esta población permanente se suma una significativa migración estacional: aproximadamente 3,400 familias ingresan anualmente al área protegida como zafreros y ayudantes comunales durante la época de recolección de castaña.
La importancia de Manuripi trasciende lo local. Bolivia se consolidó como el primer exportador mundial de castaña en 2023, reportando 115 millones de dólares con una participación del 49% del mercado global. Para 2024, estas cifras se incrementaron significativamente, y solo hasta agosto las ventas externas de productos no tradicionales superaron los 1,700 millones de dólares.
En este contexto nacional, las exportaciones amazónicas representan el 28% del total exportado en productos no tradicionales durante el primer trimestre de 2024, posicionando a regiones como Pando en el centro de la estrategia económica nacional de diversificación productiva.
La organización económica de Manuripi se sustenta en el CISCO (Cobro por Aprovechamiento de la Castaña), un instrumento implementado desde 2013 que establece el pago de 4 bolivianos por hectárea de aprovechamiento en tierras fiscales. “Esta patente genera depósitos a las arcas del Estado donde se supera más del millón de bolivianos de recaudaciones”, explica Toyama.
Sin embargo, las comunidades mantienen una relación directa con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que les genera beneficios adicionales. “Nosotros pagamos cuando vendemos castaña a EMAPA y tenemos un incentivo como retorno del 20%”, detalla Lenguaña. “Vendemos producto castaño orgánico de origen, entonces ellos nos dan un 20% que nos llega a pagar en agosto, septiembre. Ese 22% del total, pero 2% viene a beneficiar a la reserva y el 20% directamente al comunario”.
Esta certificación orgánica constituye una fortaleza clave de Manuripi y la única de su tipo en el sistema nacional de áreas protegidas de Bolivia. “Toda nuestra producción que sale al mercado internacional tiene estándares de calidad reconocidos. Tenemos certificaciones que hacen que esto se reconozca”, afirma Toyama, destacando que la reserva produce “el 15.5% en toneladas que aporta Bolivia a nivel internacional”.
El modelo de gestión de Manuripi, iniciado en 2012 con planes de manejo y reglamentación específicos, ha logrado producir 11 mil toneladas de producto orgánico certificado, convirtiéndose en referente continental de conservación productiva.
La geografía del despojo: 259 kilos de mercurio cada mes
Según la dirigencia indígena de la comunidad Tacana Buenaventura, 120 dragas ingresaron al Manuripi en diciembre de 2024 desde el municipio de Riberalta, en el departamento de Beni. Sin embargo, esta cifra representa solo una fracción del problema regional: un estudio del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social registró 180 dragas en el río Madre de Dios, de las cuales 166 operan de manera ilegal, liberando mensualmente 259 kilos de mercurio.
La magnitud de la contaminación trasciende las fronteras comunales. Cada draga ilegal procesa entre 200 y 400 metros cúbicos de sedimento diariamente, removiendo el lecho del río y liberando mercurio que se biomagnifica en la cadena alimentaria. Los estudios técnicos revelan que el mercurio permanece activo en los ecosistemas acuáticos durante décadas, afectando no solo la fauna íctica sino también los frutos de palma que las comunidades recolectan en las orillas de los ríos, incluida la castaña amazónica que crece en los bosques de várzea adyacentes a los cursos de agua contaminados.
La respuesta estatal ha sido esporádica pero contundente cuando ocurre. En julio de 2023, un operativo policial destruyó 27 dragas, aprehendió 57 personas y causó daños por 1.5 millones de dólares a la minería ilegal. Los procesados enfrentan sanciones de cuatro a ocho años de prisión por explotación ilegal de recursos minerales, con causas ampliadas por delitos ambientales vinculados al uso de mercurio.
La crisis de Manuripi está dentro de una debacle institucional. A finales de 2024, tres directores y un jefe de áreas naturales protegidas fueron destituidos de sus cargos, mientras que la Unión Europea alertó en febrero de 2024 sobre posibles hechos de corrupción y fraude en el SERNAP, sin que su director Johnson Jiménez fuera removido hasta enero de 2025.
El desfinanciamiento tiene dimensiones nacionales preocupantes. Bolivia ingresó a 2025 con más de 10 millones de hectáreas de bosques devastados por incendios forestales durante 2024, mientras que el país cuenta con 22 áreas protegidas nacionales que suman 17 millones de hectáreas, más 25 áreas departamentales con 5 millones de hectáreas y 83 áreas municipales con 2 millones de hectáreas —un sistema que requiere recursos que el Estado ya no puede proporcionar.
Manuripi recibió 160,000 bolivianos en 2024, frente a los 2 millones que manejaba antes. Con estos recursos, cinco guardaparques deben controlar la reserva completa. Mientras tanto, sus comunidades producen el 15.5% de las exportaciones bolivianas de castaña, en un mercado donde Bolivia tiene el 49% de participación mundial. Es la única reserva del país con certificación orgánica.
El presupuesto se redujo 92%. La producción castañera cayó 70% por la contaminación con mercurio y las quemas. Las comunidades procesaron 40 toneladas de azaí este año para compensar las pérdidas. Los mineros ilegales operan 166 dragas que liberan 259 kilos de mercurio mensualmente al río Madre de Dios.
La resistencia económica ante la devastación ambiental
La reducción del 70% en la producción castañera de 2024-2025 contrasta dramáticamente con el crecimiento exportador nacional. Lenguaña describe la supervivencia a través de la diversificación: “Nosotros compramos el fruto de otras tres comunidades, lo procesamos y lo vendemos al mercado nacional. Le estamos vendiendo a Natur como 40 toneladas este año”.
Esta estrategia comunitaria de resistencia económica opera con recursos limitados pero objetivos claros. La planta procesadora de azaí de Luz de América, construida con 50,000 dólares de WWF y equipamiento valorado en casi un millón de bolivianos, representa un modelo de autogestión que podría replicarse en otras de las más de 130 áreas protegidas bolivianas, si existieran las condiciones institucionales para hacerlo.
El SERNAP debe rectificar su rumbo y recuperar su misión esencial: proteger las Áreas Protegidas y respaldar a quienes enfrentan actividades ilegales para defenderlas. Sin embargo, la evidencia sugiere que la crisis institucional trasciende las voluntades individuales.
Las familias de Villa Florida y Luz de América mantienen su trabajo cotidiano conscientes de que representan algo más que comunidades campesinas: son pioneras de un modelo de conservación productiva que, en el contexto de la crisis climática global, podría determinar la viabilidad económica y ambiental de la conservación en países en desarrollo.
“En sí, yo creo que todas las cosas de la minería ilegal, el mercurio, supuestamente, alguien nos decía, algunos talleres que hemos pasado, que a 50 kilómetros, ese que afecta el mercurio, puede afectar a las plantas de castaña fuerte. Puedo estar creyendo porque este año ha habido un gran bajón de la castaña”, admite Lenguaña, reconociendo que las causas de la reducción del 70% en la producción no están científicamente confirmadas. Góngora observa efectos similares en el asaí: “Hemos visto que los racimos ya maduran, al mismo tiempo tiene verde, tiene seco y tiene maduro. Entiendo que a raíz de lo que se está haciendo ha afectado todo el cambio climático y eso hace que ya no haya una maduración homogénica de los racimos”.
Las comunidades construyeron plantas procesadoras con recursos propios mientras las 166 dragas ilegales continúan liberando 259 kilos de mercurio mensualmente. Góngora reconoce los riesgos de denunciar: “A veces te amenazan, entonces a veces es preferible dejarlo por ahí”. Sin estudios científicos rigurosos ni protección estatal efectiva, el modelo de conservación productiva más exitoso del país se deteriora bajo amenazas que sus defensores enfrentan sin respaldo institucional.
*Reportaje realizado en la Incubadora de Proyectos de Investigación Periodística Ambiental, dentro del Premio al Reportaje sobre Naturaleza impulsado por Conservación Internacional Bolivia y aliados.
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