El asesinato de Liz Vania Amutari Chao, no solo dejó un vacío en su hogar, sino que se truncó una carrera que apenas empezaba a rodar. Se afilió a la Asociación de Mototaxi “Dr. Vaca Diez” en junio del 2024 y en poco tiempo ya se destacó con energía. Su presidente, Friz Quiroga Velazco, la recuerda no solo como una conductora, sino como un líder en potencia “apoyaba en la organización de campeonatos de futsal, le gustaba el deporte, y trabajaba a la par de nosotros”. Un 24 de octubre del 2024 se detuvo su vida de forma violenta, Liz Vania no llegó a cumplir ni siguiera seis meses dentro del gremio.
Exactamente a los 30 días de la desaparición, la violencia volvió a golpear al gremio, confirmando los peores temores de las afiliadas. Martha Rivera Oviedo, se convirtió en la segunda víctima de un ataque brutal, fue apuñalada en múltiples ocasiones y abandonada inconsciente. Tras permanecer tres días en el Hospital Roberto Galindo Terán. Para ese momento las autoridades no lograron ni un aprendido sobre el caso de Liz Vania.
“ES PELIGROSO, PERO ME AYUDÓ A MANTENER A MI FAMILIA”
Mientras Liz Vania se convirtió en una estadística fría de los violentos asesinatos en la Amazonía, otras mujeres en Cobija encienden sus motores por pura necesidad, una de ellas es Esther Durí Apire, tiene 50 años y su jornada sobre dos ruedas no era una elección, sino un acto de necesidad. Como madre soltera, Esther encontró en el manubrio la única forma de sacar adelante a sus cuatro hijos, empezó en el oficio hace 15 años; hoy, ya abuela de cuatro nietas, dos de ellas gemelas, sigue recorriendo las rutas de Pando.
“Este oficio me permitió ser independiente”, explica Esther con la firmeza de quién ha domado el asfalto por más de una década. Sin embargo, no oculta la cara amarga de su realidad “es peligroso, pero me ayudó a mantener a mi familia”
La vulnerabilidad de las mujeres en el gremio no es una novedad para Aida Aguilera. La hoy concejal del Municipio de Cobija, es la primera mujer en ocupar este cargo en representación directa por el sector de mototaxis, tras su posesión en noviembre del 2024. Conoce el peso del casco desde los 13 años, cuando empezó como mototaxista. Su historia también está marcada por la violencia: en 2015, mientras cumplía su turno, fue víctima de un ataque con arma de fuego, casi le arrebatan la vida. “Subió en el Parque Piñata, aún Cobija era chica, le quité el arma y se la entregué a la policía”, cuenta la concejala, que aquella vez burló la muerte.
LUCHA ENTRE EL PREJUICIO EXTERNO Y LA REALIDAD DE UNA MADRE QUE VIVÍA PARA LOS SUYOS
La búsqueda de justicia para Liz Vania no solo se enfrentó a la inercia institucional, sino también a una narrativa social que buscaba culpabilizar a la víctima. Ruth Araúz Cayami, del Foro Ciudadano de la Mujer (FOCIDEM), denuncia que mientras los días pasaban, la investigación se contaminaba con juicios de valor que mellaban la dignidad de Liz Vania: “Se instaló la corriente de que ella había abandonado a su marido, a sus hijos y a su familia por voluntad propia”, explica Araúz, señalando que este estigma suele ser la primera barrera que frena la urgencia de las búsquedas en casos de mujeres desaparecidas.
Incluso dentro de su propio gremio, las dudas se filtraban como veneno. Friz Quiroga recuerda versiones que aseguraban haber visto a Liz subiendo su motocicleta a una flota de la empresa Yungueña para huir de la ciudad. Sin embargo, la lógica del afecto desafiaba al rumor: “Nos preguntábamos, ¿quién dejaría así a sus tres hijos?”, relata Quiroga, exponiendo la lucha entre el prejuicio externo y la realidad de una madre que vivía para los suyos.
Para la concejala Aida Aguilera, este escenario no es más que el reflejo de un machismo estructural que impera incluso en los espacios de trabajo. Aunque las mujeres son aceptadas en los sindicatos, Aguilera advierte que el respeto sigue siendo una deuda pendiente: “Dicen que somos una familia, pero si es así, también deben proteger a las mototaxistas”. Su reclamo es una crítica directa a una camaradería que, a menudo, se detiene donde empieza el género, dejando a las conductoras solas frente al peligro y frente a la maledicencia.
LAS GRIETAS DEL SISTEMA QUE SILENCIARON A LAS MOTOTAXISTAS EN PANDO
La delgada búsqueda de justicia para Liz no solo tropezó con el dolor; se estrelló contra una estructura llena de grietas. El primer obstáculo fue el protocolo de recepción de denuncias. Juan Carol Hurtado, esposo de Liz Vania, relata que en cuanto notó la ausencia de su esposa el 24 de octubre del 2024, acudió a la policía por ayuda; se topó con el muro de la burocracia. Le dijeron que debía esperar 48 horas. Al respecto, la delegada Defensorial de Pando, Cinthya Jordán, confirmó que tuvo que intervenir para guiar a Juan Carol, que se encontraba desorientado en un sistema que, bajo un rigor mal interpretado, exige esperar dos días antes de actuar.
En un escenario donde cada minuto cuenta, las contradicciones institucionales son evidentes. El Cnel Mag. Carlos Antonio Pardo Gallardo, actual director de la Fuerza del Lucha Contra el Crimen (FLCC), sostiene que los informes de la fecha indica que, “de inmediato se realizó el afiche de búsqueda y se difundió en los grupos WhatsApp”. No obstante, queda un vacío crítico en su explicación; el jefe policial no aclara si la denuncia ingresó formalmente al sistema nacional de búsqueda desde el primer día, o si la respuesta se limitó a una difusión informal por redes sociales.
Segunda grieta. Para el Fiscal Especializado en el Delito Contra la Vida, José Quispe Salinas, los tiempos procesales se mantuvieron dentro de los márgenes del código penal, asegura que lograr un sospechoso en 40 días es “normal”, dado que los plazos preliminares se extienden hasta los 60 días. Por su parte, en el informe policial justifica la demora señalando que los tiempos se dilataron debido a requerimientos tecnológicos ante de telefonía, un trámite que es un cuello de botella en las investigaciones.
Aunque la delegada Defensorial coincide en los plazos “acorde al proceso” y son legalmente válidos. El abogado activista, José Luis Vargas, cuestionó con dureza, que de la desaparición de un cuerpo solo encontraron restos óseos: “Dejaron pasar mucho tiempo, prácticamente recogieron huesos en el lugar”. El caso de Liz Vania deja al descubierto una verdad incómoda: dichos procesos ignoran una realidad amazónica que exige mayor celeridad. Lo que para el sistema es un “plazo normal”, para una víctima desaparecida es una sentencia de muerte.
La investigación identifica la tercera grieta técnica: la interpretación jurídica. En Pando, el debate sobre cuándo una desaparición deja de ser “trata de personas” para ser investigado como “asesinato” o “feminicidio”, es una discusión pendiente que cuesta vidas. El Fiscal Quispe Salinas justifica la decisión inicial de sus colegas de tipificar el caso de Liz Vania como trata y tráfico bajo el argumento de que, en ese momento, no se contaba con un cuerpo. Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la postura de la delegada Defensorial, quien sostiene que todo hecho que involucre a una mujer debe ser abordado bajo sospecha de feminicidio “más allá de entender que puede ser una trata, nunca debemos dejar de lado que sea un hecho violento contra la mujer”, sentencia Jordán.
Por su parte, el abogado activista, José Luis Vargas, añade una capa de complejidad al análisis. Explica que aunque el caso tenía tintes de feminicidio, el sistema terminó inclinándose por la figura de asesinato, debido a que el móvil incluyó el robo de la motocicleta —posteriormente vendida en Brasil— y del teléfono celular. Fue precisamente el rastreo de este equipo, adquirido por una tercera persona, lo que permitió dar con el sospechoso.
Esta falta de claridad no es solo un tecnicismo; es la diferencia entre una investigación que busca a una persona viva o una que simplemente procesa un cuerpo, una brecha, entre códigos y artículos, es donde la esperanza de la familia de Liz terminó por quebrarse.
VIVO REFUNDIDA EN MI CASA, MUERTA DE MIEDO… Y EL SOLDADO NO ES EL CULPABLE
Mientras el gremio gritaba por justicia en las calles, el horror se repetía con un guion casi idéntico. José Luis Ruiz, presidente del Sindicato “La Amistad”, relata la noche en que la suerte de su afiliada, Martha Rivero, se quebró: “Ella salió a comprar comida y en el trayecto recogió a su victimario”. El hombre la condujo bajo amenazas hasta el Barrio San Pedro, el mismo lugar donde, semanas después, se encontrarían los restos óseos de Liz Vania. Allí, Marta fue atacada brutalmente con un cuchillo; ella recibió múltiples puñaladas, pero en un último acto de defensa, logró morder profundamente el dedo de su agresor.
La versión oficial no tardó en cerrar el círculo. El Cnel. Carlos Pardo informó que, gracias a la georreferenciación del celular de Liz Vania, identificaron a quien vendió su motocicleta. El rastro llevó a los investigadores hasta un soldado del Batallón Riosinho. Al aprehenderlo, la policía encontró la “prueba reina”: una marca de mordedura en su dedo que, según ellos, lo vinculaba directamente con el ataque a Marta. Caso cerrado para las autoridades, pero no para la víctima.
“Marta nunca estuvo de acuerdo con la hipótesis policial”, asegura José Luis Ruiz. Según el líder sindical, la descripción de Marta era tajante: su verdugo era un hombre alto, blanco y de cabello claro; un perfil que no coincidía con el del soldado detenido.
El miedo terminó por silenciar a la testigo clave. Al buscar a Marta en su domicilio, solo queda el rastro del abandono; sus vecinos confirman que huyó de Cobija inmediatamente después del ataque. Sin embargo, en un registro de incógnito obtenido de TVU Pando el 28 de noviembre de 2024, se escucha la voz de una mujer rota por el sistema: “Ellos se alteraron conmigo porque en el desfile de identificación no reconocí a ninguno de los tipos. Me dijeron que yo estaba entorpeciendo la investigación”, confesaba Marta, sintiéndose intimidada por quienes debían protegerla.
“Vivo refundida en mi casa, muerta de miedo. Para venir a mis curaciones tengo que salir con dos o tres hermanas para poder caminar por la calle”, decía Marta en su último testimonio público. Hoy, su silla en el sindicato está vacía y su casa en silencio. Mientras las autoridades celebran una aprehensión, el grito de Marta queda suspendido en el aire de la Amazonía: su verdadero agresor podría seguir suelto, y ella, la única que se atrevió a contradecir la versión oficial, ha sido empujada al destierro por un sistema que prefiere culpables rápidos antes que verdades incómodas.
CARAVANA QUE RECORRIÓ LA CIUDAD EXIGIENDO RESULTADOS
La paciencia de las calles se agotó. En un acto de unidad sin precedentes, el sector mototaxista organizó una masiva caravana que recorrió la ciudad exigiendo resultados. El rugido de los motores llegó hasta las puertas de la FELCC, la Fiscalía Departamental y el Tribunal Departamental de Justicia. El grito era uno solo: justicia para Liz y seguridad para Marta, una demanda que desnudaba la vulnerabilidad de un gremio que es el motor económico de Pando, pero que el sistema parecía haber dejado en el olvido.
“SEGURO ELLA SE SENTÍA MUY SOLA”
Pero su lucha no se quedó en la anécdota valiente. Aguilera impulsó la Ley Municipal 38/2025, promulgada el 11 de agosto del 2025, que establece el 24 de octubre como Día de la Mujer Mototaxista. La fecha no es casual, es el día en el que Liz Vania desapareció. Al recordar el caso de Liz Vania, la concejal baja la voz: “Seguro ella se sentía muy sola”, reflexiona, subrayando que su labor en el Concejo es precisamente lograr que ninguna otra mujer deba enfrentar esa soledad frente a la violencia.
UN SOSPECHOSO, HERMETISMO: LA JUSTICIA QUE NO LLEGA
A más de un año del feminicidio de Liz Vania y del destierro forzado de Marta, la justicia en Pando parece haberse estancado en el mismo asfalto donde ocurrieron las tragedias. El proceso se resume hoy en una detención preventiva en el penal de Chonchocoro; un sospechoso tras las rejas, pero sin una sentencia que otorgue verdadera paz. El sistema, lejos de transformarse, ha optado por el hermetismo.
Durante semanas, este equipo de investigación solicitó acceso a los avances del caso, pero la respuesta del Tribunal Departamental de Justicia de Pando fue un portazo burocrático. A través de un comunicado oficial, la institución negó el acceso al cuadernillo de investigación argumentando que “no corresponde otorgar dicha información”. Este secretismo institucional no solo bloquea la labor periodística, sino que deja en la penumbra un proceso que debería ser un ejemplo de transparencia ante la sociedad.
Mientras tanto, Juan Carol, su esposo, hoy carga con la crianza de tres hijos y el peso de un litigio por asesinato que parece no tener fin. Su mayor temor es que el silencio del sistema se convierta en libertad para el acusado, ya que, hasta la fecha, el juicio oral no ha sido instalado.
En Cobija, cuando el sol calienta las calles, el rugido de los motores no cesa. Las mujeres mototaxistas siguen rodando, esquivando baches y peligros, con el mismo casco que usaba Liz y el mismo miedo que exilió a Marta. La Ley 38/2025 está escrita en el papel, pero en las calles, la verdadera justicia sigue siendo un pasajero que nunca llega a su destino.
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