El día que la justicia encendió una luz de esperanza en el bosque

El fallo del Tribunal Agroambiental de Bolivia que emitió el lunes 8 de septiembre 2025, no es solo una acto jurídico. Es un punto de inflexión histórico, un giro radical en la lucha por la justicia ambiental que redefine el papel de la ciudadanía frente al poder del Estado y los intereses económicos.

Por primera vez, el Estado, con 13 instancias, y los gremios agro empresariales (ANAPO, CAO, CAINCO, FEGABENI, FEGASACRUZ) que sostuvieron —y defendieron— el modelo de ‘’desarrollo‘’ deforestador e incendiario sufren una derrota en los estrados.

Lo que ocurrió en esa sala va más allá de una derrota técnica. Fue una derrota política conjunta: ministerios y gremios agroempresariales, que suelen presentarse como antagonistas, se alinearon para intentar sepultar la Acción Popular presentada por siete jóvenes activistas. Fracasaron. Esa convergencia desnuda lo que por años se quiso ocultar, que el agronegocio no es adversario del gobierno, sino su socio en la arquitectura legal que abrió las puertas al desmonte y al fuego.

Hasta ahora, las sentencias favorables en el Tribunal Agroambiental habían resuelto casos concretos: la demolición de un dique ilegal, la paralización de una operación minera, entre muchos casos.

Este proceso es distinto. No se limita a un hecho aislado, sino que cuestiona de manera estructural el papel de las instituciones llamadas a prevenir incendios y desmontes, debilitando la impunidad con la que han actuado. Pero conviene no engañarse: esta resolución no cambia, por sí sola, la política gubernamental ni revertirá el modelo primario agroexportador. El Legislativo, dominado por intereses agroempresariales, difícilmente se dejará doblegar por exhortos judiciales. El Ejecutivo ha demostrado inercia. Y la justicia boliviana atraviesa una crisis de credibilidad que solo podrá empezar a revertirse si lo dictado se cumple de manera efectiva. El verdadero desafío no es la letra del fallo, sino su acatamiento, y eso depende, en gran medida, de la presión social.

Esta decisión judicial abre, sin embargo, un precedente histórico, ordenó medidas concretas y urgentes: activar en 48 horas acciones contra los incendios, movilizar jueces en territorios críticos, dotar recursos a bomberos voluntarios, revisar las llamadas “leyes incendiarias” y garantizar protección a las y los defensores ambientales. Ninguna de estas disposiciones es retórica. Todas son mandatos, respaldados con la advertencia de remisión al Ministerio Público y sanciones económicas por incumplimiento.

Por primera vez, también, la justicia reconoce que la sociedad civil no es un actor decorativo, sino un sujeto con plenos derechos para vigilar, exigir y obligar al poder público a rendir cuentas.

Nada de esto cayó del cielo. Se logró con persistencia, con años de frustraciones judiciales, con intentos fallidos en 2019 y 2020, con la tragedia de 2024 que arrasó 12,6 millones de hectáreas y dejó humo en los pulmones de todo un país. Se logró pese a la resistencia del agronegocio y del Estado, que juntos intentaron cerrar la causa. Y se logró porque un grupo de siete jóvenes se negó a normalizar la devastación y decidió llevar al tribunal la voz de miles. Estos nombres no se deben olvidar nunca: María de los Ángeles Mamani Rocha, Fabiana Marcela Pérez Morales, Mariana Orias López, Ana Paola Ortega Ustárez, Selva Fabiana Revollo Ortubé, Gabriel Meneces Heredia y Claribel Villarroel Irala.

La presencia de estos siete jóvenes en los tribunales encarna una verdad incómoda para quienes se escudan en la retórica del “progreso”: que no fueron los ministerios, ni los gobernadores, ni los gremios del agronegocio quienes defendieron la vida, sino, un grupo de ciudadanos que se negaron a normalizar la devastación. Ellas y ellos rompieron la inercia y abrieron un camino jurídico que nadie había recorrido antes. Lo hicieron en nombre de todos los que respiraron humo, de los animales calcinados, de las comunidades desplazadas, de las generaciones futuras que heredan un país cada vez más seco y frágil.

Pero no basta con celebrar. Este fallo es un punto de partida, no de llegada. El verdadero reto comienza ahora: asegurar que el Estado cumpla con lo dispuesto, que las instituciones no diluyan su responsabilidad en burocracias o excusas, que la Asamblea revise de verdad las leyes que abrieron la puerta al fuego y no para expandirlo aún más. Y, sobre todo, que la sociedad civil entienda la dimensión de la herramienta conquistada. Porque si algo nos enseña esta victoria es que el poder ciudadano, cuando se organiza y se sostiene en pruebas y convicciones, puede derrotar incluso a los aparatos más blindados del Estado y del capital.

La grieta abierta por María de los Ángeles, Fabiana, Mariana, Ana Paola, Selva Fabiana, Gabriel y Claribel no derrumba todavía el muro de la impunidad ambiental, pero lo resquebraja. Y esa grieta es peligrosa para quienes lucran con la destrucción. Demuestra que el modelo incendiario y ecocida puede ser enfrentado, que el monopolio del poder no es absoluto y que la justicia puede, aunque tarde, ponerse del lado de la vida.

Depende ahora de la ciudadanía, de los colectivos, de los pueblos indígenas y de todos quienes defienden la tierra, ensanchar esa grieta hasta que lo viejo y destructivo se venga abajo. Porque el fallo, aunque histórico, no revertirá por sí solo la deforestación ni detendrá el ecocidio en curso. Su fuerza está en lo que hagamos con él. En convertirlo en acción colectiva, en exigir su cumplimiento, en multiplicar su alcance hacia otras luchas —contra la minería depredadora, contra el tráfico de tierras, contra el comercio ilegal de fauna, contra la contaminación urbana— que también nos están arrebatando futuro.

Este editorial de Revista Nómadas no es un canto ingenuo. Sabemos que el fallo puede convertirse en letra muerta si la ciudadanía no lo defiende. Lo que ocurrió es histórico, sí, pero su historicidad será frágil si no se convierte en acción sostenida. La justicia habló. Ahora toca escucharla, asumirla y, sobre todo, hacerla cumplir. Que nadie olvide que fueron siete jóvenes los que encendieron esta chispa. Que nadie olvide que la esperanza volvió a entrar a la sala de audiencias junto con ellos. Y que nadie se equivoque: la lucha apenas comienza.

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