Durante jornadas intensas, Santa Cruz de la Sierra se transformó en la capital ambiental de América Latina y el Caribe. Del 6 al 10 de octubre de 2026, el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC 2026) reunió a más de 30 fondos ambientales, organismos multilaterales, filántropos, expertos, líderes indígenas y actores privados. El encuentro midió la magnitud de la crisis climática que atraviesa la región y también trazó un giro pragmático sobre cómo financiar, gestionar y proteger la biodiversidad en el territorio.
El balance que dejó el Congreso no es neutro, sino, dejó claro que la conservación tradicional necesita urgentemente trascender los discursos y las áreas protegidas “de papel” para avanzar hacia modelos integrales que combinen financiamiento directo a comunidades, alianzas con el sector productivo privado, innovación tecnológica y una gestión estructural frente a los incendios.
La brecha financiera y el fin de los esquemas reactivos
Uno de los diagnósticos más urgentes planteados durante el encuentro fue la enorme desproporción entre las necesidades globales de protección y los fondos realmente ejecutados. Alcanzar las metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (30×30) exige la movilización de miles de millones de dólares; sin embargo, como advirtió Roberto Vides, director ejecutivo de la FCBC, actualmente apenas se moviliza una pequeña fracción de lo requerido debido a las tensiones geopolíticas y económicas globales.
Para un país como Bolivia —que en la última década sufrió un estancamiento en el acceso al financiamiento ambiental internacional producto de trabas normativas e ideológicas—, el Congreso marcó el inicio de una etapa de apertura.
Asimismo, en el ámbito del fuego, la necesidad de un giro conceptual fue categórica. En un país que acumula más de 100 millones de hectáreas quemadas de forma recurrente en los últimos 24 años —liderando el ranking de recurrencia en todo el continente americano—, el experto Oswaldo Maillard (FCBC) enfatizó que es imprescindible abandonar el enfoque meramente reactivo y de “combate” para pasar a una arquitectura financiera territorial del fuego. Esto implica canalizar recursos permanentes hacia la prevención, la restauración asistida de ecosistemas degradados y el fortalecimiento de las brigadas y municipios en primera línea.
Pueblos indígenas: de beneficiarios a socios estratégicos con acceso directo
Si algo quedó claro en las discusiones encabezadas por especialistas como la antropóloga peruana Avecita Chicchon (Fundación Gordon y Betty Moore), es que no se puede proteger la Amazonía ni el Gran Chaco sin quienes viven en ellos. A pesar de que las poblaciones indígenas custodian la mayor parte de la biodiversidad conservada del planeta, históricamente han recibido menos del 1 % del financiamiento climático global.
RedLAC 2026 marcó un cambio de paradigma. Las comunidades originarias no deben ser vistas simplemente como ejecutoras de proyectos o beneficiarias de asistencia, sino como socios estratégicos y tomadores de decisión. La creación de fondos territoriales de acceso directo y esquemas de cogestión —como el histórico caso del ANMI Kaa-Iya o la experiencia del TIOC Monte Verde— demuestran que la gobernanza indígena garantiza la conservación a largo plazo cuando se prioriza el bienestar social y cultural de sus habitantes.
El Congreso abordó también los límites de las áreas protegidas tradicionales. Como explicó la bióloga Rosa Leny Cuéllar, declarar un espacio en el papel no garantiza su salud ecológica si no hay datos, monitoreo ni integración con los paisajes circundantes.
Ahí radica la relevancia de las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) y de los Paisajes Productivos Protegidos (PPP). En Bolivia, experiencias que articulan a ganaderos, agricultores privados y territorios indígenas ya están permitiendo blindar más de 200.000 hectáreas bajo esquemas de producción sostenible que regeneran suelos y mantienen los corredores biológicos. Reconocer el rol activo del sector privado en la conservación aparece así como una condición indispensable para sostener la conectividad de los ecosistemas.
A este abanico de soluciones se sumó la tecnología como un acelerador del impacto. La incorporación de inteligencia artificial, imágenes satelitales, sensores remotos, bioacústica y drones dispersores de semillas en proyectos de restauración muestra cómo la ciencia y la innovación digital permiten medir resultados tangibles y optimizar la inversión en conservación.
La ruta hacia RedLAC 2030
El cierre del XXVIII Congreso en Santa Cruz consolidó una visión regional compartida. RedLAC se proyecta hacia 2030 como una red de fondos y un puente articulador capaz de canalizar inversión de impacto, coordinar redes nacionales y alinear los intereses de la filantropía, la banca multilateral y las comunidades locales.
Con la posta entregada a Bogotá (Colombia) para la edición 2027, el mensaje dejado en suelo cruceño es contundente. El futuro de la biodiversidad en América Latina ya no depende de promesas abstractas, sino de la capacidad de articular recursos financieros transparentes, legitimidad territorial y una visión pragmática que ponga en el centro a la gente y a los ecosistemas que nos sostienen.
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