En Bolivia, ejercer el periodismo ambiental con seriedad y compromiso es, cada vez más, un acto de resistencia. Lo hemos visto en la selva incendiada, en las tierras arrasadas por el extractivismo, y hoy lo vemos nuevamente, en el intento de amordazar la voz de una periodista que cumple su rol con integridad: informar, cuestionar y defender el derecho de la sociedad a saber.
Desde Revista Nómadas, expresamos nuestra profunda solidaridad con Jimena Mercado, periodista de la Agencia de Noticias Ambientales, quien ha sido —según su propio testimonio— amenazada por una funcionaria con impedirle ingresar al segundo día del foro internacional “Intercambio de experiencias regionales en la implementación del Convenio de Minamata y Plan de Acción Nacional para la MAPE”, organizado el 26 y 27 de junio en La Paz, por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con Gold Planet como instancia operativa del Programa Global de Gestión de Mercurio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
El hecho sucedió después de la publicación de una nota que realizó Jimena Mercado durante el primer día del encuentro, sobre el manejo institucional del mercurio en el país. El pretexto de la represalia: su enfoque “no gustó”. Su artículo, titulado “Plan de Acción Nacional sin participación indígena plantea reducir al 60% el uso de mercurio al 2031”.
Pero lo más grave fue el mecanismo de intimidación relatado por Jimena. Ella no se infiltró. No actuó en la sombra. Se identificó en el ingreso, firmó una planilla, explicó que tenía acceso virtual al foro pero que, por la importancia del tema, decidió asistir en persona. Aunque su nombre no figuraba en la lista —porque no había sido formalmente invitada— fue registrada como asistente en ese momento, recibió material de apoyo y una credencial oficial. Nadie le objetó su presencia.
Todo cambió cuando difundió su cobertura. Al final del primer día de la jornada, la moderadora del evento —según contó Jimena— se acercó para cuestionarle el enfoque de su nota. Jimena le pidió esperar hasta que terminara la ponencia de una especialista mexicana, y que conversarían luego. Pero al salir de la sala, mientras guardaba su computadora, la estaban esperando al pie del ascensor la misma moderadora y otro funcionario —alto, corpulento, silencioso— cuya sola presencia resultaba intimidante.
Ahí, sin rodeos —cuenta Jimena— le dijeron: “Tu nota no refleja la realidad, no conoces la metodología que se empleó.” Jimena respondió con claridad: lo que publicó fue dicho por los mismos encargados del plan durante el evento. Incluso la meta del 60% de reducción de mercurio para 2031 fue mostrada en una presentación oficial. Cuando se quedaron sin argumentos para rebatirla, pasaron al terreno de lo personal: “¿Cómo te enteraste del foro? ¿Quién te invitó? Esto era un evento cerrado.” Y finalmente, la amenaza directa:
“Mañana ya no te dejaremos ingresar. Y mañana se leerán las conclusiones.”
Jimena no volvió. No por falta de valor, sino porque —como lo expresó— “no iba a hacerme maltratar por segunda vez”. Y menos aún mientras continúa en recuperación de un accidente que la obliga a desplazarse con muletas.
La amenaza contra Jimena Mercado no es un hecho menor. Es una señal alarmante de censura institucional y de desconocimiento absoluto del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que Bolivia ha firmado y que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección a las y los defensores del medioambiente. Cuando una funcionaria de cualquier institución —que debería garantizar estos derechos— opta por restringir el acceso de una periodista a un evento clave sobre la contaminación por mercurio, no solo vulnera su libertad de prensa. Vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre temas que afectan su salud, su territorio y su futuro.
Jimena actuó con transparencia. Se presentó con nombre y credencial, en calidad de periodista, en un foro donde se discuten temas de vital interés público. ¿Es esa la “realidad” que molestó?
Jimena actuó con transparencia. Se presentó con nombre y credencial, en calidad de periodista, en un foro donde se discuten temas de vital interés público. Lo que molesta, como bien advierte Jimena en su denuncia, no es un enfoque equivocado, sino un periodismo que no es complaciente. Porque el periodismo no está para quedar bien con nadie, y menos con el poder, de la índole que sea. Está aquí para servir al interés público, para preguntar, contrastar, visibilizar y exigir responsabilidad. Y conviene recordarlo: Jimena Mercado no es una improvisada. Es una periodista que desde hace décadas realiza un trabajo serio, riguroso y altamente valorado por sus lectores y por varios premios conseguidos a lo largo de su carrera. Representa el tipo de periodismo que nuestra sociedad necesita: el que incomoda, el que fiscaliza, el que actúa con coraje y compromiso.
Nos preocupa que, mientras las cifras de contaminación aumentan, mientras niños y adultos en la Amazonía tienen mercurio en la sangre, mientras los ecosistemas se degradan, haya quienes vean al periodismo como una amenaza y no como un aliado para el bien público. La prensa libre es una herramienta de vigilancia, sí. Pero también es una puerta hacia la conciencia colectiva, hacia la construcción de políticas más justas, más transparentes, más humanas.
En lugar de obstaculizar a quienes informan con ética y rigor, el Estado debería garantizarnos protección y condiciones para nuestro trabajo. Porque un país que no respeta a sus periodistas, es un país que le da la espalda a la verdad.
Desde Revista Nómadas, no callamos. No aceptamos la censura disfrazada de “protocolos cerrados”. No toleramos que se margine a quienes investigan con valentía. Y no dejaremos de acompañar las luchas que merecen ser contadas, aunque incomoden al poder.
Toda nuestra solidaridad con Jimena Mercado. Porque el periodismo ambiental no se silencia. Porque el derecho a saber no se negocia.
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