
El Gobierno elaboró un proyecto de Código Minero sin incorporar, según observaciones planteadas, la voz de los pueblos indígenas y los defensores ambientales. La propuesta, de 200 artículos, ha enfrentado cuestionamientos por sus posibles impactos socioambientales en caso de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Entre los aspectos más controvertidos figura la posibilidad de habilitar actividades mineras en áreas protegidas, sitios Ramsar y reservas forestales, así como permitir la aprobación de contratos mineros sin pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Es el artículo 154 el que aprueba la actividad minera en áreas protegidas. En este apartado se establece que los derechos mineros adquiridos o preconstituidos en santuarios naturales, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Constitución, aprobada en 2009, serán reconocidos y respetados de acuerdo a la norma sugerida.
“La existencia de un área protegida no constituirá causal de extinción del derecho. Toda solicitud de otorgamiento de derecho minero dentro de un área protegida deberá contar con el Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas). En caso de otorgación de derechos mineros dentro de áreas protegidas subnacionales la solicitud de CCU estará sujeto a que estas áreas protegidas estén adscritas e integradas al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)”, dice parte del artículo 154.

En ese mismo Código también se menciona a áreas protegidas subnacionales. En estos casos la solicitud de CCU estará sujeto a que estas áreas protegidas estén adscritas e integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la base de datos integrada del SERNAP. Así, las áreas protegidas municipales o departamentales que no estén reconocidas en el sistema nacional no requerirán la CCU.
“Lo que está haciendo este proyecto de ley (Código Minero) es consolidar el saqueo, no solo ecológico sino económico de nuestro país”, afirmó la diputada Cecilia Requena, de filas de Alianza Unidad, a Revista Nómadas. La legisladora cuestionó que la elaboración de la propuesta se realizó solamente con participación de representantes del sector minero privado, sin incorporar a pueblos indígenas, quienes son los más afectados por la contaminación que sufren sus ríos por el uso de mercurio en la minería aluvial aurífera.
La diputada remarcó además que este proyecto permitiría el ingreso de operaciones mineras a territorios que actualmente cuentan con protección ambiental, mediante autorizaciones especiales del SERNAP. Requena remarcó que las disposiciones planteadas no ofrecen garantías para impedir la degradación de estos espacios. “La categoría de protegidas, de áreas protegidas, no sé de qué sirve si no se las puede proteger ni siquiera de una actividad que es tan devastadora como es la minería”, cuestionó.
Este proyecto de Código Minero está a un paso de ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el gobierno de Rodrigo Paz, esta iniciativa está en proceso de socialización con diversos sectores. Sin embargo, existen organizaciones, como los mineros cooperativistas y los asalariados, que están en contra del proyecto.
En el campo ambiental también existen rechazos. La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), Ruth Alipaz, afirmó a Revista Nómadas que esta iniciativa no debería ser aprobada, primero, porque no tomó en cuenta a los pueblos indígenas y porque afecta a las áreas protegidas y sitios Ramsar.
“Este Código Minero nunca llegó a los pueblos indígenas; es más, nunca nos pidieron una opinión. Pero ahora sabemos el por qué. Quieren ingresar a nuestras áreas protegidas, a pesar de que los mineros ya ingresaron. El claro ejemplo es lo que pasa en el parque Madidi, donde el río Tuichi está afectado por la contaminación por mercurio”, afirmó Alipaz.
El gran problema del mercurio
En relación con la contaminación por mercurio, este proyecto no establece un compromiso para eliminar progresivamente el uso de este metal en la minería aurífera, pese a los daños que ocasiona en la salud, especialmente entre las poblaciones indígenas que consumen peces de río. Un ejemplo es lo que sucede en la comunidad Eyiyoquibo, donde habitantes del pueblo ese ejja están afectados por la contaminación minera.
Además, la iniciativa tampoco ofrece reglas claras para la consulta previa, libre e informada, ya que los propios operadores mineros participarían en la explicación de los proyectos, sin contemplar el acompañamiento de instituciones académicas independientes.
“¿Cuál realmente es el recurso más estratégico, el agua o los minerales?”, cuestionó Requena, quien añadió que esta iniciativa no protege a las áreas protegidas ni a los sitios Ramsar.
En el Código Minero también se establece que los actores mineros podrán realizar actividades mineras en sitios Ramsar y humedales nacionales. “Toda solicitud de otorgamiento de derecho minero dentro de un Sitio Ramsar deberá contar con pronunciamiento técnico de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente, a efectos de establecer las medidas necesarias para preservar las características ecológicas del humedal, conforme al Reglamento de la DGBAP”, dice el artículo que abre las puertas de los sitios Ramsar a la minería.
En Bolivia existen 11 sitios Ramsar que abarcan una superficie total de aproximadamente 14,8 millones de hectáreas, que equivale cerca del 13% del territorio nacional. Los humedales son importantes porque brindan una variedad de servicios que benefician a la humanidad, entre ellos, la filtración del agua, el control de inundaciones, la captura de dióxido de carbono, la provisión de alimentos y recursos que sostienen la economía de las familias. Además, son el hogar de una diversidad de especies de animales: mamíferos, aves, peces e invertebrados.
La principal amenaza que sufren estos sitios es la desaparición por distintos factores, como el cambio de uso de suelo, deforestación, construcción de grandes infraestructuras, contaminación y, ahora, la minería.
“Con este proyecto se legalizan operaciones en sitios Ramsar, que son humedales de importancia internacional protegidos bajo la Convención de Ramsar para conservar su biodiversidad y asegurar su uso sostenible. Pero además, este proyecto permite la minería en zonas cercanas a cuerpos de agua”, afirmó Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Bolivia es parte de la Convención Ramsar desde el 27 de octubre de 1990 y los 11 humedales declarados sitios Ramsar por su importancia internacional son el río Yata, el río Blanco, el río Matos, el Pantanal boliviano, la laguna Concepción, los Bañados del Izozog y el río Parapeti, el Palmar de las Islas y Salinas de San José, los Lípez, el Uru Uru, la cuenca del Tajzara y el lago Titicaca.
Otra observación que lanza la diputada Requena es el proyecto de Código Minero permite aprobar contratos de explotación minera mediante procedimientos administrativos, sin pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y advirtió que esta modificación podría facilitar la expansión de la actividad minera sin suficientes controles ambientales.
Desde el Ministerio de Minería se informó que en los 12 años de vigencia de la actual normativa hubo 9.718 solicitudes de contratos mineros, y que solo 400 fueron aprobados por el Legislativo, lo que representa cerca del 4 %.
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