Efraín Suarez, Secretario interino de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz
“El puente es totalmente clandestino”, dijo la autoridad, sobre la infraestructura que construyeron los menonitas de la propiedad Cuarirenda y que atraviesa del río Parapetí. Analiza también sobre lo que puede pasar con la obra a corto plazo.
– ¿Cómo se llega a la determinación del proceso penal que anunció la Gobernación de Santa Cruz?
– Primero, es importante mencionar que producto de las dos inspecciones de la Gobernación, se generaron informes técnicos preliminares que evidenciaron claramente un daño medioambiental. Hay tres elementos que son sumamente importantes para definir este punto. Primero, la evidencia del puente de casi 200 metros, que está sobre el río Parapetí, los pilares que lo sostienen está sobre el río, con lo que se comprueba que en lo físico hay una afectación a la naturaleza. Segundo, que este puente atraviesa el Parapetí que se encuentra dentro del Sitio RAMSAR que protege un humedal sumamente importante, no solo para el departamento y el país, sino, para el planeta. Y un tercer punto, que esta obra fue construida de manera clandestina y eso hay que dejarlo sentado, porque si bien existía un convenio con una comunidad indígena, este acuerdo no justifica desde lo legal la construcción de este puente. De acuerdo a lo establecido por la ley medioambiental, cuando existe un daño a la naturaleza que se enmarque dentro de un tipo penal, es obligación de cualquier funcionario público, no solo de la Gobernación de Santa Cruz, poder realizar esta denuncia.
Más allá de las competencias que pueda tener tanto la autonomía indígena de Charagua, la Gobernación o el mismo Estado central, nos apoyamos que hay los indicios para presumir que hay la comisión de un delito, de construir un puente sin ningún tipo de permiso ni estudio de impacto ambiental. Hemos actuado en el marco de la ley.
– ¿Hay un documento del acuerdo?
– Hemos recabado una documentación donde hay un acuerdo escrito entre los menonitas y la comunidad, para abrir el camino. No está especificado ahí la construcción del puente, pero el camino genera un impacto ambiental porque es la puerta de entrada al Parque Nacional Kaa Iya. Es una situación por demás de abusiva. Bajo ningún motivo ese acuerdo da legalidad al puente, el puente es totalmente clandestino.
– ¿Contra quién se sentó el proceso penal?
– Presentamos esta denuncia contra posibles autores. No se ha determinado específicamente los autores intelectuales y materiales del hecho. Esto por responsabilidad de no dañar a personas que no estén involucradas. Hay un delito, pero no podemos definir quiénes lo cometieron.
El puente cruza el Parapetí y va directo a la colonia Cuarirenda.
Foto: Revista Nómadas
– ¿El proceso penal puede afectar a la ABT y al INRA?
– No tenemos ninguna documentación sobre la participación de la ABT y del INRA, pero si contamos con información verbal de que el predio Cuarirenda presuntamente pondría el Plan de Ordenamiento Predial (POP) aprobado. Se trata de un plan de manejo de la propiedad donde se establece que para uso agrícola o ganadero se pueden realizar ciertas actividades. En base a ese POP se abrían otorgado permisos de desmonte para abrir el camino que llega hasta el puente. Por eso hemos solicitado a la ABT que certifique esta situación. Si fuera así, nosotros también entendemos que ha sido emitido de una forma irregular porque esta propiedad se encuentra dentro de un sitio RAMSAR.
En el caso del INRA, vamos a pedir información escrita sobre si el predio Cuarirenda ya estaría saneado, con títulos de propiedad, con lo que habría irregularidades porque es un sitio RAMSAR y no se puede cambiar el Plan de Uso del Suelo (PLUS).
– ¿Cómo se desarrollará la investigación?
– El encargado de la investigación, como en cualquier delito de acción pública, es el Ministerio Público en coordinación con la Policía. Obviamente que la Gobernación ayudará como denunciante de este hecho ilícito, presentaremos pruebas que tengamos, solicitando las diligencias respectivas como los peritajes. La otra parte es la administrativa. Hemos revisado en nuestros archivos y no hay solicitud de permiso de construcción ni de licencia ambiental para el puente.
– El proceso judicial demora tiempo, pero, mientras tanto, ¿qué va a pasar con el puente?
– Nosotros, dentro de nuestras competencias, vamos a levantar los informes técnicos, cálculos estructurales para definir cómo ha sido construido el puente. Si se va a demoler, hay que saber qué materiales se utilizaron para ver la forma en que se lo debe hacer. Hay que saber si el puente es un punto importante de acceso para la comunidad de Cuarirenda y alrededores. Con esto no quiero decir que la obra va a quedar ahí, sino, que para cerrar ese paso se tendrán que determinar los otros pasos alternos para las comunidades.
La destrucción o no del puente es un tema de un análisis más integral que tiene que ver con todos los niveles del Estado, porque hay competencias concurrentes. Tiene que intervenir el Ministerio de Medio Ambiente para determinar qué se hace con el puente que causa un daño ambiental y eso tiene que ser castigado.
El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, visitó el puente.
Foto: Gobernación de Santa Cruz.
– La Gobernación instruyó al gobierno de Charagua cerrar el paso en el puente para los vehículos motorizados. ¿Se está cumpliendo?
– Hemos instruido, como medida precautoria, de poner en riesgo a la población, que se limite la circulación vehicular por el puente. Pero sin la fuerza pública no podemos hacer mucho. Para no esperar eso, hemos iniciado el proceso penal y ahí podemos pedir a que se inmovilice el puente para precautelar el medioambiente y la seguridad de la gente que pasa por ese la estructura.
– ¿Qué pasará con el predio Cuarirenda de los menonitas?
– Hemos pedido documentación al INRA, para que certifique cuál es el estado de la propiedad del predio Cuarirenda, si tiene un propietario privado o es una comunidad. EL INRA es el encargado y vamos solicitar que haga una fiscalización del cumplimiento de la Función Económica Social (FES). La FES tiene que estar directamente vinculada con el plan de manejo, y en este caso, como es sitio RAMSAR debería estar destinado a temas que causen la menor cantidad de impacto ambiental en la zona.
– El ministro de Obras Públicas dijo que la Gobernación falló en su cumplimiento de deberes al no haber detectado la construcción del puente.
– Evidentemente, el gobierno, autónomo de Santa Cruz, a través del Searpi, debió de haber identificado esta situación y no lo hizo en su momento, pero estamos hablando que es una situación no solo del 2021, sino de más atrás, casi del último trimestre del 2020.
– ¿La Gobernación de Santa Cruz sabía de la existencia del puente o se enteró cuando salió el reportaje en Nómadas el 26 de enero?
– Particularmente yo no tenía conocimiento de la construcción del puente ni de que existía. En el tema del Searpi y de las direcciones de medioambiente encargadas de esta situación, no puedo decirle, porque no tengo la información, pero yo me entere de este puente con el reportaje que usted hizo.
