ante el Tribunal Agroambiental. Las comunidades advierten que el río San Lorenzo está perdiendo caudal y temen que una nueva sequía vuelva a dejar a varias familias sin agua.
Las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este expresan nuevamente su preocupación por la retardación de justicia en el caso del río San Lorenzo y exigen a la magistrada Rocío Vásquez, de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, resolver el recurso de casación. Advierten que el río ya está perdiendo caudal y que una nueva sequía podría dejarlas nuevamente sin agua si las represas no son retiradas a tiempo.
Las comunidades demandantes señalan que han transcurrido cinco meses desde que el recurso de casación llegó al Tribunal Agroambiental sin que hasta la fecha exista una resolución definitiva. Para las familias que dependen del río San Lorenzo, esta demora no es solamente un problema procesal: mientras la justicia tarda, el daño ambiental continúa y se posterga el cumplimiento de una sentencia que ordena retirar las represas y restituir el cauce del río.
La situación se vuelve cada vez más urgente. Las comunidades observan que el nivel del río San Lorenzo está disminuyendo y temen que la profundización de la sequía durante los próximos meses vuelva a poner en riesgo su abastecimiento de agua. Las familias ya conocen las consecuencias de esta situación. En 2020, el río dejó de correr en sectores de las comunidades de Buena Vista y San Juan que tuvieron que abastecerse durante semanas mediante cisternas. “No podemos esperar a quedarnos nuevamente sin agua para que se cumpla la sentencia”, advierten.
Dificultades para seguir el proceso
A la demora en la resolución del recurso se suman las dificultades que las comunidades denuncian haber enfrentado para ejercer un seguimiento efectivo del proceso. Señalan que no han sido notificadas oportunamente de determinados actos procesales y que también han encontrado trabas para acceder al expediente del caso.
Según las comunidades, se ha argumentado para ello la existencia de una resolución de suspensión de plazos procesales dictada por la propia magistrada Rocío Vásquez, cuyo sustento jurídico cuestionan. Consideran especialmente preocupante que una medida de esta naturaleza termine dificultando el acceso de las partes demandantes a información sobre un proceso que involucra directamente su territorio y su derecho al agua.
Una sentencia que sigue esperando ser cumplida
En noviembre de 2025, una histórica sentencia declaró probada la demanda presentada para proteger el río San Lorenzo y ordenó la remoción de las represas que alteran su cauce, además de establecer responsabilidades institucionales para avanzar en su recuperación. Sin embargo, la interposición del recurso de casación y la demora en su resolución mantienen pendiente la ejecución plena de esta decisión.
Para las comunidades, cada semana que pasa reduce el tiempo disponible para intervenir antes de los meses más críticos de sequía. Mientras las represas permanezcan, advierten, continúa la afectación al río y aumenta el temor de volver a enfrentar una emergencia por falta de agua.
El 8 de septiembre esperan una respuesta
El próximo 8 de septiembre se realizará la Audiencia de Fundamentación del recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental. Las comunidades consideran esta audiencia un momento decisivo y esperan que, después de meses de espera, el proceso avance hacia una resolución definitiva.
Su demanda es clara: esperan que la magistrada Rocío Vásquez y la Sala Especializada Primera confirmen la sentencia y permitan avanzar, sin más demoras, en el retiro de las represas y la restitución del cauce del río San Lorenzo.
Para estar presentes en la audiencia y defender nuevamente su derecho al agua, representantes de las comunidades deberán viajar otra vez desde la TCO Turubó Este hasta la ciudad de Sucre, asumiendo los costos y dificultades que implica trasladarse cientos de kilómetros para hacer seguimiento a su propio proceso.
Por ello, solicitan el acompañamiento y apoyo de organizaciones indígenas, instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la defensa del agua y los derechos de los pueblos indígenas para hacer posible esta nueva movilización.
“El río se está secando y nosotros ya sabemos lo que significa quedarnos sin agua. No queremos volver a depender de cisternas para nuestras familias. Esperamos que la magistrada Rocío Vásquez escuche nuestra demanda y que después de la audiencia del 8 de septiembre se resuelva el recurso y se confirme la sentencia. El río San Lorenzo y nuestras comunidades no pueden seguir esperando”, lamentan los comunarios afectados.
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