La conservación de las Áreas Protegidas (APs) en Bolivia es fundamental para salvaguardar la biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico y ecosistémico tanto a nivel nacional como regional. Estos espacios, de altísimo valor ecológico, no son ecosistemas inalterados ni desprovistos de población; por el contrario, en muchos casos son territorios indígenas en los que la gestión de las APs representa prácticamente la única presencia estatal para sus comunidades.
El núcleo de las 185 APs del país radica en las 23 Áreas Protegidas Nacionales (APNs), que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y abarcan, por sí solas, un total de 17 millones de hectáreas. Las APNs contienen el 24% de los bosques y el 8.5% de los ecosistemas no boscosos del país. Si bien su conversión de uso de suelo, o desmonte, es limitada, enfrentan graves amenazas. Entre ellas destacan la minería a cielo abierto, ya que el 18,4% de toda la superficie dedicada a esta actividad en el país se encuentra dentro de las APNs, y los incendios forestales, que cada año dejan una huella devastadora. Solo el año pasado, 12 de las 23 áreas protegidas fueron afectadas por incendios y tan solo en Santa Cruz que concentró cerca del 70% de la superficie quemada, 1,5 millones de hectáreas quemadas fueron en APNs.
En este contexto, los recientes despidos de guardaparques destacados, que hemos reportado en nuestras redes sociales y columna de opinión, son motivo de preocupación e indignación a nivel nacional. El SERNAP, lejos de garantizar la protección de las Áreas Protegidas Nacionales (APNs), brindar respaldo institucional o proveer las condiciones mínimas necesarias para su personal, se ha convertido en un órgano de represalia contra los defensores ambientales que son los guardaparques. Son años que vamos reportando casos emblemáticos de guardaparques que trabajan sin las mínimas condiciones necesarias, que hacen una labor ejemplar de defensoría ambiental y que incluso han sido despedidos como represalia a denuncias ambientales que realizaron. Es tiempo de poner en perspectiva esta situación crítica que se gesta desde años y empeora con cada nueva gestión del SERNAP.
Estos últimos despedidos representan el último capítulo de un proceso de debilitamiento institucional de un históricamente deficiente SERNAP y constituye un precedente nefasto para su personal. En otras palabras, indica que los guardaparques reconocidos por su compromiso y que asumen un rol activo en la defensa ambiental en zonas amenazadas por intereses extractivistas, pueden ser despedidos sin justificación alguna. Peor aún, pueden enfrentar procesos administrativos por alertar sobre la crítica situación de las APNs, por denunciar irregularidades y crímenes ambientales o incluso por abogar por un seguro de salud para sus pares.
Entre los guardaparques despedidos, destacan las figuras de Marcos Uzquiano, que hasta antes de su despido que se le hizo conocer el 31 de diciembre del 2024, era jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni (RB-EBB), cuya trayectoria ejemplar incluye la lucha contra la minería ilegal, la contención de incendios forestales y la denuncia de todo tipo de delitos ambientales incluyendo tráfico de especies. Además de Uzquiano, también fue destituido el director del Parque Nacional Kaa Iya, Guido García, conocido por su enfoque en la integración de las comunidades locales y llevar adelante, en un contexto muy adverso, una efectiva gestión en el ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco.
Un primer paso para recuperar la credibilidad del SERNAP debe ser la inmediata restitución de Marcos Uzquiano y Guido García, dos profesionales cuyo trabajo ha sido clave para la conservación ambiental. Asimismo, la destitución de Jhonson Jiménez, actual director ejecutivo, es necesaria para garantizar una gestión que priorice la protección del patrimonio natural sobre intereses políticos o económicos.
Este panorama ha provocado numerosas protestas y reclamos de organizaciones ambientalistas y comunidades locales e incluso de los mismos guardaparques de las APNs. Resulta significativo, aunque nada sencillo, que guardaparques de más de cuatro APNs se atrevan a denunciar públicamente la situación a la que están sometidos, e incluso a exigir la destitución del director nacional del SERNAP. Esto refleja el profundo malestar y la indignación creciente dentro de este gremio.
El riesgo de ser despedidos es real, y el coraje con el que hacen su denuncia admirable. Ante esta realidad, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es desalentador: la defensa de nuestros ecosistemas parecería estar sujeta a intereses políticos o económicos que solo los ven como recursos a ser explotados, y que algunas instituciones públicas no solo toleran, sino que con su accionar se vuelven cómplices.
La situación en el SERNAP es crítica. Su presupuesto efectivo está en descenso: en 2021 fue de Bs 59,9 millones, con una ejecución del 85%; en 2022 se mantuvo en Bs 59,1 millones, pero la ejecución bajó al 76%. Para 2023, el presupuesto se redujo drásticamente a Bs 45,8 millones, con un nivel de ejecución que aún no se conoce.
El SERNAP cuenta con 467 personas en su plantilla, de las cuales solo 162 tienen ítems, mientras que el resto son trabajadores “eventuales“. Las condiciones de trabajo en las Áreas Protegidas Nacionales (APNs), donde operan los guardaparques, son notoriamente deficientes y riesgosas. Además, el presupuesto es insuficiente, ya que cerca del 70% se destina al pago de sueldos. Entre los guardaparques, los salarios varían entre Bs 4.691 y Bs 13.500 por mes para el director de una AP.
El presupuesto asignado a cada APN varía considerablemente. Por ejemplo, la APN Cotapata recibe apenas Bs 80 471 anuales, cantidad que apenas alcanza para cubrir algunos salarios. En el extremo opuesto, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, que concentra la mayoría de las visitas turísticas del país, tiene un presupuesto de Bs 6.829.572 y el Parque Nacional Madidi Bs 2 071 090 que, incluso en este caso, resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades de su gestión.
Es importante recordar que, en promedio, el 30% del presupuesto del SERNAP proviene de fondos de cooperación internacional, principalmente de la Unión Europea y organizaciones ambientales internacionales. En ese sentido el estado tiene que asumir sus responsabilidades presupuestarias y dar la condiciones mínimas para un trabajo digno y efectivo de parte de los guardaparques.
El SERNAP debe rectificar su rumbo y recuperar su misión esencial: proteger las Áreas Protegidas y respaldar a quienes enfrentan actividades ilegales para defenderlas. Es imprescindible eliminar las represalias contra los guardaparques que denuncian irregularidades y establecer un compromiso institucional con la transparencia y la ética.
Un primer paso para recuperar la credibilidad del SERNAP debe ser la inmediata restitución de Marcos Uzquiano y Guido García, dos profesionales cuyo trabajo ha sido clave para la conservación ambiental. Asimismo, la destitución de Jhonson Jiménez, actual director ejecutivo, es necesaria para garantizar una gestión que priorice la protección del patrimonio natural sobre intereses políticos o económicos.
Bolivia necesita un SERNAP fuerte, comprometido con la naturaleza y su gente. Revertir estas arbitrariedades no solo sería un acto de justicia, sino el inicio de una transformación institucional que devuelva la confianza de la ciudadanía.
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