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19 diciembre, 2024
La Federación Internacional de Guardaparques (FIG) ha encendido las alarmas a nivel internacional al pronunciarse contra los despidos injustificados de guardaparques en Bolivia, generando un escándalo que trasciende fronteras. En una carta dirigida al presidente Luis Arce, a los ministros de Medioambiente, Trabajo y al Defensor del Pueblo, la FIG exige la restitución inmediata de los trabajadores afectados y el cese de represalias contra quienes defienden el patrimonio natural del país.
La carta, firmada por Werhner Atoche Montoya, representante sudamericano de la FIG, subraya el rol crítico de los guardaparques en la protección de las áreas naturales protegidas (ANP). Estas áreas son pilares fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales como agua, aire limpio y alimentos, además de proteger contra desastres naturales y preservar el patrimonio cultural.
El detonante principal del pronunciamiento fue el despido del reconocido guardaparque Marcos Uzquiano Howard, quien el 31 de diciembre de 2024 recibió su destitución mientras EL mundo se preparaba para celebraba el Año Nuevo. Uzquiano, ampliamente conocido por su compromiso con la conservación y su valentía al denunciar delitos ambientales, enfrenta ahora un proceso administrativo sancionador. Este hecho se inscribe en un contexto de hostigamientos, amenazas y represalias hacia los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
La FIG, que respalda las acciones de la Asociación de Guardaparques de Bolivia (ABOLAC), señala que la destitución de Uzquiano y de otros guardaparques del SERNAP, no solo son injustificadas, sino que constituyen un acto sistemático de amedrentamiento por parte de las autoridades del SERNAP. La organización internacional demanda al presidente de Bolivia, Luis Arce y a las autoridades correspondientes “sensibilizarse y reponer a los guardaparques, especialistas y jefes de áreas protegidas que han sido despedidos”, destacando que estas decisiones afectan gravemente la defensa del patrimonio natural y cultural del país.
Apoyo internacional: preocupación en organismos clave
La carta enviada por la FIG no se limita al ámbito nacional, ya que fue remitida con copia a importantes figuras internacionales, incluyendo a la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Subsecretaria General de las Naciones Unidas y el Director Regional de la UICN-SUR, entre otros. Este respaldo internacional refleja la gravedad de la situación y subraya que los despidos y hostigamientos hacia los guardaparques bolivianos ya son un tema de interés global.
Los guardaparques de Bolivia, a menudo trabajando en condiciones extremas y con recursos limitados, son la primera línea de defensa contra la deforestación, la cacería furtiva y otros delitos ambientales que amenazan los ecosistemas únicos del país. A pesar de los riesgos, su labor ha sido invisibilizada y desvalorizada, como señala la FIG en su comunicado.
El llamado a la acción
La FIG concluye su carta exigiendo no solo la restitución de Marcos Uzquiano y los demás despedidos, sino también el cese inmediato de cualquier tipo de represalia contra quienes trabajan en la conservación de las ANP. Además, hace un llamado a las autoridades bolivianas para que reconozcan el valor del trabajo de los guardaparques y brinden las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
El pronunciamiento de la Federación Internacional de Guardaparques resalta que el personal afectado mantiene un compromiso inquebrantable con la conservación a pesar de las adversidades. Sin embargo, advierte que el desconocimiento de su importancia por parte de las autoridades no solo vulnera sus derechos, sino que también pone en peligro la riqueza natural de Bolivia.
La misiva internacional deja en evidencia que los despidos en el SERNAP no son un tema aislado, sino un problema de proporciones globales que afecta la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el respeto a los derechos humanos. Ahora, la respuesta está en manos del gobierno boliviano, mientras la comunidad internacional observa con atención.
14 áreas protegidas se suman pronunciándose
Este pronunciamiento internacional se suma a los que se han realizado en Bolivia desde diversas organizaciones ambientales. También los guardaparques de diferentes áreas protegidas se han pronunciado, entre ellos los de los parques Noel Kempff Mercado, Eduardo Avaroa, Aguaragüe, San Matías, Tipnis, Madidi, Manuripi, Cotapata, Apolobamba, Pilón Lajas, Otuquis, Carrasco y de las reservas de Sama, en Tarija, y de la Estación Biológica del Beni, lugar donde Marcos Uzquiano fungía como jefe de Protección.
Asimismo, se pronunció la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Defensoría del Pueblo, entidad que demandó un informe al SERNAP y presentó una acción de amparo constitucional en favor de Uzquiano, quien también enfrenta un proceso administrativo sancionador por denunciar irregularidades en las áreas protegidas.
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