La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz (SIB-SC) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su profunda preocupación ante la reciente promulgación del Decreto Supremo 5390, aprobado el pasado 14 de mayo, por considerar que representa una seria amenaza al marco legal ambiental del país y a la conservación de las Reservas Forestales.
En su comunicado, la institución advierte que la norma reescribe el marco de intervención en tierras fiscales con cobertura boscosa, habilitando instrumentos que facilitan cambios de uso de suelo y desmontes. De acuerdo con la Ley Forestal N° 1700 y la Constitución Política del Estado (CPE), estas áreas deben tener un uso forestal exclusivo, sustentable y bajo administración estatal. Sin embargo, el decreto —según el análisis técnico del colegio profesional— vulnera esa disposición y abre la puerta a una legalización de actividades irregulares, como la ocupación ilegal de tierras y el avasallamiento.
Uno de los principales cuestionamientos recae en la creación de mecanismos como los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGIBT), Planes de Ordenamiento Predial (POP) y otros instrumentos ambiguos, que, a juicio de la SIB-SC, son comúnmente utilizados para justificar desmontes. La inclusión del término “otros instrumentos de gestión”, consideran, otorga a la autoridad forestal una discrecionalidad excesiva, atentando contra el principio de legalidad establecido en el artículo 229 de la CPE.
Además, el decreto facilitaría el reconocimiento posterior de la Función Económica Social (FES) en territorios ocupados de manera irregular, lo cual permitiría el acceso a la titularidad de tierras a través del INRA. “Esto transforma el delito de avasallamiento en una oportunidad de legalización”, señala el pronunciamiento, advirtiendo un debilitamiento grave del marco institucional agrario y ambiental del país.
El pronunciamiento contextualiza la promulgación de la norma en un año electoral, con altos índices de deforestación, incendios forestales y pérdida de biodiversidad, lo que —según afirman— revela una motivación política más que técnica. Asimismo, subraya que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia ambiental, como el Acuerdo de París y la Convención de Diversidad Biológica.
Exigencias concretas
La SIB-SC plantea cuatro exigencias al Estado boliviano:
- La derogación inmediata del Decreto Supremo N° 5390.
- Investigación sobre avasallamientos y desmontes dentro de Reservas Forestales, con identificación de responsables.
- Ampliación del monitoreo y fiscalización con mecanismos de participación social y transparencia.
- Un proceso de diálogo amplio y vinculante sobre el futuro de las Reservas Forestales y el ordenamiento territorial rural en Bolivia.
Con este pronunciamiento, los ingenieros forestales buscan abrir un debate técnico y social que frene el avance de medidas que consideran inconstitucionales y ambientalmente peligrosas para el futuro del país.
***
