Dos de las organizaciones indígenas más representativas del oriente boliviano —la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y el Gobierno de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae— han emitido un pronunciamiento (cada una por separado) de rechazo al proyecto de ley que busca incorporar el tramo carretero “Roboré – Hito VII” a la red vial departamental. Advierten que esta iniciativa no solo viola derechos constitucionales, sino que amenaza la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el corazón del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu.
La denuncia se produce tras conocerse que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz había convocado una sesión para debatir este proyecto, sin cumplir el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, ni considerar el altísimo valor ecológico y espiritual de los territorios involucrados.
“Este proyecto atraviesa de norte a sur el Ñembi Guasu, un territorio ancestral protegido por ley y habitado por nuestros hermanos ayoreos en aislamiento voluntario. Es una amenaza directa a la vida”, señala el pronunciamiento de Charagua Iyambae.
Tanto la CANOB como el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Guaraní Charagua Iyambae subrayan que el Ñembi Guasu —con una extensión de más de 1.2 millones de hectáreas— ha sido reconocido por el Estado boliviano a través de la Ley Autonómica 033/2019, inscrito en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y está amparado por medidas cautelares de la justicia agroambiental que han establecido una pausa ecológica desde 2021. A pesar de ello —lamentan— el proyecto impulsado por la Gobernación y respaldado por sectores privados vinculados a intereses agroindustriales, avanza sin responder a las múltiples comunicaciones enviadas por las autoridades indígenas.
“Ratificamos nuestro rechazo a esta iniciativa que promueve el saqueo territorial a costa de nuestras vidas. Nuestros hermanos en aislamiento están protegidos por la Constitución y el Decreto Supremo 1286. Cualquier intento de contacto forzado o afectación territorial constituye una violación a sus derechos humanos”, sostuvo el pronunciamiento de la CANOB.
La propuesta de carretera, en caso de que se haga realidad, cortará en dos la franja de intangibilidad establecida por dicho decreto para proteger la vida de los ayoreos en aislamiento, cuya decisión de no contacto ha sido reconocida como un derecho colectivo fundamental tanto por la Constitución Política del Estado como por tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
Las organizaciones denuncian que el avance de esta carretera no solo pondría en riesgo la integridad de las familias ayoreas, sino que abriría las puertas a una nueva ola de destrucción del bosque seco chiquitano, intensificando los incendios forestales, los avasallamientos y la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Durante los últimos años, el Ñembi Guasu ha sido severamente afectado por incendios forestales que destruyeron entre el 30 y el 40% de su superficie. Ante esta crisis ambiental, las comunidades de Charagua Iyambae promovieron acciones judiciales para proteger su territorio, logrando que el Tribunal Agroambiental emita medidas de protección vigentes hasta hoy. A pesar de ello, ni el gobernador Mario Aguilera ni la Asamblea Legislativa han respondido a las solicitudes de audiencia ni a los pronunciamientos de rechazo emitidos en 2024 y 2025.
“El silencio institucional ante nuestros llamados es una forma de violencia. No permitiremos que decisiones impuestas desde afuera destruyan nuestros espacios sagrados y violen nuestra autodeterminación como pueblos indígenas”, reafirmaron las autoridades del GAIOC.
Ambas organizaciones han elevado su denuncia a instancias nacionales y llaman a la sociedad civil boliviana a manifestarse contra un proyecto que vulnera el derecho a la vida, a la autodeterminación y a la integridad territorial de pueblos que históricamente han sido excluidos y violentados.
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