“La deforestación en Bolivia constituye un problema de múltiples dimensiones que demanda un análisis exhaustivo de sus causas. En el epicentro de esta crisis ambiental se halla el sector inmobiliario, cuya tendencia a subvalorar los bosques desempeña un papel crucial en la aceleración de la degradación forestal. Es imperativo comprender que la valoración (o subvaloración) de los bosques por parte de este sector tiene un impacto directo y significativo en su conservación o destrucción.
En el mercado inmobiliario actual, los bosques son a menudo considerados menos valiosos en su estado natural en comparación con su potencial para desarrollo agrícola o urbano. Este enfoque mercantilista ignora el valor ecológico y cultural incalculable de los bosques, lo que conduce a una explotación insostenible y contribuye al cambio climático.
En este contexto, es relevante señalar que el bosque está valorado a menos de US$100 por hectárea, en comparación con la tierra agrícola trabajada que se cotiza a más de US$2,500 por hectárea. Además, como se mencionó un Editorial anterior de Revista Nómadas, la subvención subsidia con Bs 736 por cada hectárea de bosque desmontada.
La subvaloración de los bosques en el mercado inmobiliario es crucial en la aceleración de la degradación.
La inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario y agricultura intensiva, especialmente en cultivos de alto rendimiento, se ve atractiva por sus altos rendimientos financieros esperados. Este flujo de capital hacia la transformación de bosques en tierras para uso agrícola o urbano es un poderoso catalizador de la deforestación. Adicionalmente, las ‘leyes incendiarias’ y las denuncias de irregularidades en políticas públicas, advierten que facilitan la adquisición y explotación de tierras forestales, favoreciendo el desarrollo económico sobre la conservación.
Para abordar esta problemática de manera efectiva, es crucial repensar y reformar el negocio inmobiliario, comenzando con la abrogación de leyes que permiten y promueven la deforestación. Además, es fundamental exigir una mayor regulación del sector financiero, asegurando que los fondos no se canalicen hacia actividades que aceleren la destrucción de nuestros bosques. Es igualmente importante revisar las políticas de subvenciones, como las del diésel, para evitar su uso en prácticas que contribuyen a la deforestación.
El desafío que enfrentamos es considerable, pero no insuperable. Necesitamos políticas y prácticas que fomenten un enfoque más sostenible y responsable en el negocio inmobiliario, promoviendo la conservación y el uso sostenible de los bosques. Esta no es solo una cuestión de protección ambiental, sino también de justicia social y económica. El futuro de nuestros bosques, y por ende, el futuro de Bolivia, depende de nuestra capacidad para implementar soluciones que aborden las causas y raíces de la deforestación. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa y dejar un legado de sostenibilidad para las generaciones venideras”.
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