Pilcomayo indómito: el río que respira vida
30 junio, 2025
El 13 de julio, en pleno corazón de la Amazonía boliviana, más de 60 personas —entre autoridades del Gobierno Municipal de Palos Blancos, representantes del Pueblo Indígena Mosetén y comunarios de base— realizaron una inspección en el río Alto Beni. Lo que encontraron fue tan evidente como alarmante: actividad minera ilegal en curso, maquinaria pesada operando y 5.000 litros de diésel enterrados bajo tierra, como parte de una operación clandestina de extracción de oro.
No es un hecho cualquiera. En un país donde denunciar la minería ilegal puede costar la vida, este fue un acto político de control territorial y ambiental. Una respuesta colectiva tomada en un municipio que ha declarado su territorio libre de minería, en defensa de su vocación agroecológica y del derecho de los pueblos indígenas y campesinos a decidir sus condiciones de vida sin que la contaminación minera las imponga por la fuerza.
La inspección confirmó lo que desde hace tiempo se denuncia: operaciones auríferas ilegales avanzan impunemente en la región del Norte de La Paz ante la omisión sistemática de las autoridades nacionales llamadas a fiscalizar y proteger los ríos y bosques. Esta vez no hay margen para la ambigüedad. Hay pruebas concretas: desmonte, excavaciones recientes, maquinaria operando y amenazas a la vida de las autoridades locales e indígenas.
Todo comenzó con una denuncia que alertaba sobre daño ambiental en la zona de Muchanes y Apichana, territorio ancestral Mosetén. Ante la gravedad de la información, el gobierno municipal coordinó con la dirigencia de la organización de ese pueblo indígena y organizó una comisión conjunta para realizar una verificación in situ.
A orillas del río Alto Beni, se constató actividad minera con remoción de suelos a lo largo de la ribera y una poza de unos 30 por 30 metros, con tres metros de profundidad. Se encontró maquinaria de grandes dimensiones como una retroexcavadora hidráulica, una motobomba industrial, alfombras de filtrado de oro, lavadora y clasificadora de mineral. Un campamento improvisado completaba el escenario, confirmando que se trataba de una operación sostenida y organizada.
“Ellos indican que se trataría de un mejoramiento de camino, sin embargo, hemos verificado que se están dedicando a la minería. Las evidencias de la actividad sobre la ribera del río, la maquinaria e insumos encontrados no dejan lugar a dudas”, declaró en el lugar Juan De Dios Soto, director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. “Se ha informado que, de acuerdo a la Ley Municipal No. 233, Palos Blancos es un municipio libre de minería y se les ha notificado con la orden de paralización y retiro inmediato. Como municipio procederemos a las denuncias correspondientes por la vía administrativa”, afirmó.
En el lugar también se encontraba Marcelo Tellería, quien se identificó como dueño de la maquinaria y alegó haber sido contratado para abrir caminos comunales. La presencia de Tellería no pasa desapercibida: fue viceministro de Minería durante el gobierno de Jeanine Áñez y hoy aparece impulsando actividades extractivas en un Municipio oficialmente libre de minería. Que un ex alto funcionario del sector esté al mando de una operación ilegal no es un dato menor: sugiere redes de poder, protección e impunidad.
Según las coordenadas recabadas, la actividad se sitúa en las cuadrículas solicitadas por la cooperativa aurífera “Fátima 2”. No obstante, la Ley 535 de Minería es clara, cualquier intervención anterior a la firma de un Contrato Administrativo Minero es ilegal. Además, en virtud de la Sentencia 004/2023 —ratificada por el Tribunal Constitucional— el municipio de Palos Blancos ha logrado que la minería esté restringida en toda su jurisdicción, justamente para preservar su modelo productivo agroecológico y los derechos del río Beni en toda su cuenca.
Cuando la comisión ya se disponía a regresar a Palos Blancos, un hallazgo inesperado detuvo la retirada: tres contenedores de mil litros y diez turriles de 200 litros, todos llenos de diésel, estaban enterrados en la zona, ocultos bajo tierra. En total, unos 5.000 litros de combustible almacenados inadecuadamente formaban parte de la instalación clandestina, poniendo en riesgo la calidad ambiental del suelo, el río y la biodiversidad.
Alrededor de las 19:30, mientras se excavaban los últimos turriles, unas veinte personas de la comunidad de Muchanes, en alianza con el empresario Tellería, se acercaron intentando negociar la devolución del combustible. Pero los caciques se negaron rotundamente. “No se haría ningún acuerdo en ese lugar”, resolvieron, y exigieron que cualquier conversación se trasladara a la Casa Grande de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM).
Durante toda la noche, la zona quedó bajo una tensa vigilancia. La situación estalló la mañana del 14 de julio cuando el grupo aliado al empresario intentó a la fuerza llevarse el diésel y se desató un enfrentamiento violento. “Salieron con flechas, pedazos de hierro, y una escopeta amenazando a los de la comisión —relata Renan Lipa, presidente de la OPIM— fue un altercado de casi una hora, que puso en riesgo nuestra vida e integridad física.”
Ante la amenaza, los caciques tomaron la decisión de trasladar al empresario —considerado el principal responsable de la actividad ilegal e instigador del conflicto— hasta Palos Blancos para ponerlo en manos del Ministerio Público.
La denuncia ya ha sido presentada. El Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y la OPIM se han constituido formalmente como parte querellante ante el Ministerio Público, exigiendo que se investigue y sancione a los responsables.
Las figuras penales son claras y múltiples. La más evidente es la explotación ilegal de recursos minerales, tipificada en el artículo 232 ter del Código Penal, que castiga con privación de libertad a quienes realicen actividades extractivas sin la debida autorización estatal. A esto se suma el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado, dado que la maquinaria empleada y el desmonte realizado afectan directamente los suelos, el cauce del río y los bienes comunes naturales del territorio.
Pero no es todo. También se configura tala ilegal de bosques conforme al artículo 109 de la Ley del Medio Ambiente, pues se han intervenido zonas de vegetación ribereña sin ninguna autorización. El hallazgo de combustible enterrado activa el tipo penal de almacenamiento ilegal de sustancias peligrosas, mientras que el amedrentamiento armado contra los miembros de la comisión constituye un caso de amenazas agravadas.
Además de la denuncia penal, el Gobierno Municipal de Palos Blancos ha activado todas las vías institucionales a su alcance. En el transcurso de la semana, se presentaron denuncias administrativas formales ante la AJAM, la ABT y la ANH, acompañadas de las pruebas recabadas durante la inspección.
La AJAM —Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera— tiene en sus manos la responsabilidad de suspender de manera definitiva la actividad, iniciar el procedimiento sancionador y remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público. La gravedad de los hechos y el carácter deliberadamente ilegal no permiten ninguna dilación.
La ABT —Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra— debe intervenir por la afectación forestal generada. Aunque los hechos se vinculan a la minería, lo que está en juego aquí es el bosque. Su destrucción constituye una infracción autónoma.
En cuanto a la ANH —Agencia Nacional de Hidrocarburos—, la denuncia apunta al almacenamiento clandestino de diésel detectado en el área intervenida. Corresponde que esta entidad realice una inspección técnica urgente, decomise el combustible y formalice la denuncia penal.
Cada una de estas instituciones ha sido puesta en conocimiento directo. Ya no hay margen para excusas. Si no actúan, quedará al descubierto no solo su negligencia, sino una ausencia deliberada del Estado en territorios donde el extractivismo avanza sin ley.
En Palos Blancos, la defensa del territorio no es un discurso ni una consigna: es una práctica diaria. Mientras las autoridades nacionales miran para otro lado, el municipio, la organización indígena y las comunidades campesinas están haciendo el trabajo que le corresponde al Estado.
Hace dos años, Palos Blancos se declaró territorio libre de minería a través de una Ley Municipal trabajada junto a las comunidades. Pero esa norma no se quedó en el papel. Desde entonces, las organizaciones sociales han sostenido una vigilancia activa frente a las amenazas externas.
Porque la minería ilegal no avanza sola. Avanza amparada en la inacción o la complicidad. Este caso es una prueba clara de ello. A pesar de la gravedad de los hechos, las instituciones responsables han brillado por su ausencia.
Pero en Palos Blancos, como en otros territorios que luchan, la impunidad no será naturalizada. Aquí hay comunidades organizadas, leyes propias y una voluntad política que no se resigna. Aquí, la resistencia tiene rostro colectivo y compromiso cotidiano. Y no está sola.
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