– Hay cifras alarmantes sobre la deforestación. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia?
– Durante más de 40 años de monitoreo, Bolivia ha perdido más de ocho millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a un 12,5% de su cubierta forestal. Ciertas regiones han sido más afectadas que otras. Gracias a la colección de datos que FAN presentó recientemente, hemos podido observar la deforestación año por año desde 1985. Esto nos ayuda a identificar factores impulsores y períodos específicos de aceleración en la deforestación. Por ejemplo, en 1996, hubo un marcado incremento en Santa Cruz debido, en parte, a leyes destinadas a frenar la deforestación.
Los gobiernos también han impulsado modelos económicos que, indirectamente, han llevado a la deforestación en determinados períodos históricos. Sin embargo, lo más preocupante es que la deforestación en Bolivia ha alcanzado cifras récord en 2021 y 2022, con aproximadamente 400 mil hectáreas por año.
– ¿Cuáles son las razones detrás de esta alarmante tendencia en 2021 y 2022?
– Son múltiples factores. Por un lado, la pandemia ha influido; aunque se creía que la naturaleza estaba “respirando” debido a las restricciones urbanas, en zonas rurales, las actividades dañinas para el medio ambiente aumentaron. La atención enfocada en la salud y las restricciones por la pandemia debilitaron la fiscalización, permitiendo un incremento en actividades ilegales como la minería y la tala de árboles.
Sin embargo, más allá de la pandemia, el país ha experimentado cambios demográficos. Mucha gente se ha trasladado de tierras altas a tierras bajas desde el 2000. Estos nuevos residentes, no acostumbrados a la sinergia con el bosque, tienden a deforestar más. Además, la necesidad de titulación de tierras ha impulsado la deforestación: para obtener un título, los propietarios deben demostrar uso económico y social, lo que a menudo implica talar árboles.
Hasta 2015, el límite para el desmonte era de cinco hectáreas por propiedades pequeñas, predios comunitarios o colectivos en proceso de saneamiento o tituladas, y para asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización. Pero, desde ese año, se amplió a 20 hectáreas. Esta expansión, junto con políticas gubernamentales orientadas a aumentar la producción agrícola, ha llevado a más deforestación. Lamentablemente, muchas tierras deforestadas no son productivas a largo plazo y terminan siendo vendidas a inversionistas extranjeros, quienes establecen agroindustrias y perpetúan la deforestación.
– Durante la pandemia, cuando el movimiento era limitado, sorprendentemente observamos una intensa deforestación. ¿Cómo es que esto ocurrió, sobre todo considerando que se requería diésel para las máquinas y había restricciones de circulación?
– Es una cuestión que también me desconcierta. Si bien en Bolivia a veces lo que parece imposible para algunos es factible para otros, lo más probable es que, ante la menor supervisión en carreteras y la falta de controles rutinarios por parte de las autoridades sobre la tala ilegal, se haya facilitado esta actividad. La atención general estaba centrada en cuestiones de salud y en responder a la emergencia sanitaria, relegando otros temas importantes como la protección del medio ambiente.
La atención enfocada en la salud y las restricciones por la pandemia debilitaron la fiscalización, permitiendo un incremento en actividades ilegales como la minería y la tala de árboles.
– Teniendo en cuenta las cifras de pérdida de bosque en los últimos años, ¿podemos concluir que gran parte de esta deforestación ha sido ilegal?
– No podemos afirmar con certeza que la mayoría de esta deforestación ha sido ilegal. Hasta 2019, Bolivia tenía claramente delimitadas sus Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), que estaban protegidas por Decreto, Supremo 26075, del 16 de febrero de 2001, según la Ley Forestal. Estas tierras estaban designadas exclusivamente para la producción forestal, restringiendo actividades agrícolas o ganaderas. Sin embargo, a partir de 2019, este decreto cambió, permitiendo actividades agropecuarias en dichas áreas, especialmente en Santa Cruz y Beni. Por lo tanto, lo que antes se consideraba ilegal, desde 2019 es legal. Esto complica determinar la magnitud real de la deforestación ilegal en el país.
– Dado el cambio en las regulaciones respecto a las TPFP, ¿es posible determinar cuánta de la deforestación es legal y cuánta es ilegal en la actualidad?
– Actualmente es complicado determinar esos porcentajes con precisión. Antes, las TPFP tenían límites claramente establecidos. Lo que no está claro es si ahora todas las áreas de TPFP están habilitadas para actividades agrícolas y pecuarias. Si ese es el caso, entonces la deforestación ya no sería considerada ilegal en esas zonas. Para obtener cifras precisas, deberíamos cruzar información con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), ya que manejan los registros de permisos de desmonte solicitados y aprobados. Antes, podíamos discernir entre deforestación legal e ilegal basándonos en los límites de las TPFP. Actualmente, creemos que las TPFP de Santa Cruz y Beni están abiertas a actividades agropecuarias, pero necesitamos confirmación.
– Si la deforestación fuera ilegal ya sería motivo de preocupación, pero, ¿es aún más alarmante si resulta ser legal?
– Definitivamente es altamente preocupante. Bolivia ha dejado de considerar a los bosques no solo desde una perspectiva ambiental, donde indudablemente ofrecen múltiples beneficios, sino también desde un punto de vista económico y social. Los bosques no solo albergan recursos madereros; ofrecen una variedad de servicios, como plantas medicinales, frutos silvestres y especies comestibles que benefician a las comunidades indígenas. Además, actúan como fuentes y purificadores de agua y aire para los millones de habitantes en las ciudades.
Su valor es inmenso, pero no está adecuadamente reconocido. Como sociedad civil, somos parte del problema, ya que no exigimos suficiente responsabilidad en el origen de los productos que consumimos. Por otro lado, las autoridades también han dejado de valorar a los bosques como un componente esencial para el desarrollo económico del país.
– Dada la extensión de deforestación que estamos experimentando, ¿ocupa Bolivia el primer lugar en términos de deforestación en América del Sur?
– En el contexto de la región amazónica, Bolivia es el segundo país con la mayor tasa de deforestación, después de Brasil. Aunque no tengo los datos de 2022 para Argentina y Paraguay, que también han eliminado grandes extensiones de bosque. En la Amazonía, solo somos superados por Brasil. Es lamentable. Si Brasil no tuviera una superficie boscosa tan extensa, posiblemente Bolivia estaría en una posición aún menos favorable.
– En cuanto a los municipios más afectados por la deforestación, ¿se encuentra Charagua entre ellos?
– Sí, Charagua es uno de los municipios más deforestados debido a su extensa área boscosa. Otros municipios gravemente afectados incluyen Pailón, San Julián y San Ignacio de Velasco, este último ha multiplicado por cinco su tasa de deforestación desde 2005. También es alarmante lo que ocurre en San José de Chiquitos, particularmente cerca de la laguna Concepción. Municipios como Cabezas, San Pedro y San Julián lideran la lista de deforestación. Cuatro Cañadas es un caso particularmente preocupante: ha perdido más del 90% de sus bosques originales, y la gente local está sintiendo las repercusiones en forma de sequías severas y una producción insostenible.
– Entonces, ¿consideraría a Cuatro Cañadas como el municipio con la mayor pérdida de bosques?
– Sí, Cuatro Cañadas es uno de los municipios que ha eliminado mucho bosque, pero también Pailón que está entre los municipios que han eliminado más bosque. También, todo el norte integrado, prácticamente, ha eliminado una gran cantidad de sus áreas de bosques.
– Al intentar elaborar una crónica sobre el municipio que ha experimentado la mayor pérdida de bosques, ¿a cuál deberíamos centrarnos: ¿Cuatro Cañadas o Pailón?
– Ambos municipios, Cuatro Cañadas y Pailón, tienen una tendencia similar en cuanto a la proporción de deforestación, con alrededor del 90% de su bosque original eliminado.
– ¿Podría precisarnos la cantidad de bosque eliminado en hectáreas?
– Claro. Cuatro Cañadas ha deforestado aproximadamente 400 mil hectáreas. Por otro lado, Pailón, a pesar de conservar el 30% de sus bosques, ha eliminado una cantidad impresionante de 1.millón de hectáreas. Esto tiene mucho que ver con el tamaño del municipio.
– ¿Qué superficie boscosa queda en Pailón?
– Pailón todavía cuenta con alrededor de 400 mil hectáreas de bosque remanente.
– ¿Qué cantidad de bosque le queda a Cuatro Cañadas?
– Actualmente, le quedan aproximadamente 43 mil hectáreas de bosque.
Bolivia ha dejado de considerar a los bosques no solo desde una perspectiva ambiental, donde indudablemente ofrecen múltiples beneficios, sino también desde un punto de vista económico y social.
– ¿En qué período de tiempo se produjo esta deforestación?
– Esta masiva pérdida de bosques ha ocurrido durante los últimos 22 años, el 59% de la deforestación se concentra en esta época según el monitoreo que realizamos desde 1985.
– Dada la situación actual de deforestación en Bolivia, ¿cuál es el futuro que enfrenta el país a nivel climático?
– Las repercusiones ya nos afectan. En un reciente evento, FAN reveló que el 56% de los glaciares bolivianos han desaparecido, una pérdida significativa atribuible al calentamiento global, que está intrínsecamente ligado a la deforestación. Los bosques actúan como estabilizadores del clima local y global. Con la deforestación en aumento, observamos que, al eliminar una hectárea de bosque, la temperatura local puede aumentar entre 9 y 16 grados centígrados. Esto está provocando un aumento promedio anual de un grado centígrado en la temperatura y una reducción del 17% en las lluvias.
Estas alteraciones generan un desequilibrio en el ciclo hídrico, afectando la humedad atmosférica y la acumulación de agua en las fuentes hídricas. Las consecuencias ya son evidentes en lugares como La Paz, Guarayos y San Ignacio de Velasco. Si consideramos los debates globales sobre el cambio climático, los bosques son esenciales para fortalecer nuestra resiliencia y adaptarnos a sus impactos. Aquellos municipios que eliminan grandes extensiones de bosque aumentan su vulnerabilidad frente a los desafíos climáticos. Restaurar lo perdido será una tarea a largo plazo.
– Frente a esta crisis, ¿podría identificar a los principales responsables de este desastre ecológico?
– Más que señalar a individuos o entidades específicas, todos compartimos cierta responsabilidad. Muchos no distinguen entre lo legal e ilegal, y no valoramos suficientemente las iniciativas de los que sí lo hacen. Como consumidores y ciudadanos, formamos parte de la cadena que afecta nuestros bosques. La falta de planificación a nivel nacional, departamental y municipal ha llevado a una visión anticuada del bosque como obstáculo al desarrollo, en lugar de como un activo valioso.
Europa, por ejemplo, está trabajando para restaurar sus áreas forestales, mientras que en Bolivia parecemos avanzar en sentido contrario. Además, la distribución de tierras y la falta de valorización de los bosques intactos desempeñan un papel crucial en la deforestación. Somos un país con bajos rendimientos agrícolas, y en lugar de invertir en tecnología y mejorar la producción en áreas ya deforestadas, expandimos la frontera agrícola. A esto se suma la debilidad institucional, la falta de financiamiento y logística para la supervisión y control. Aunque contamos con leyes
– Los datos que ha presentado, ¿provienen del proyecto Mapbiomas?
– Así es. Estos datos provienen de Mapbiomas, un mapeo anual en el que trabajamos. Somos parte de la Red Amazónica Socioambiental Georreferenciada y de la Red Mapbiomas, Raisg. Con la experiencia adquirida en Brasil, hemos mejorado y acelerado nuestro mapeo, con el objetivo de obtener resultados en corto tiempo que contribuyan a una planificación más eficaz en Bolivia.
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