En medio del debate sobre la denominada la ley 1720 que fue abrogada recientemente y a la que se conocía como “ley Marinkovic”, algunos sectores han planteado que la salida sería “regionalizar” la aplicación de la norma, es decir, que cada departamento decida si la aplica o no. Pero ese planteamiento evita discutir el verdadero problema de fondo: cómo esta ley puede terminar consolidando un modelo de concentración y mercantilización de la tierra construido durante años mediante tráfico de tierras, avasallamientos y procesos irregulares de saneamiento.
La discusión no debería limitarse a si la ley se aplica o no en Santa Cruz. La pregunta real es: ¿a quién terminará beneficiando esta norma y sobre qué tipo de tierras?
El mapa adjunto muestra un dato que debería preocupar profundamente: más de 1.025.000 hectáreas clasificadas como pequeña propiedad en el departamento de Santa Cruz. Muchas de estas propiedades aparecen bajo nombres de comunidades campesinas, sindicatos, como Tupac Amaru y otros nombres característicos de organizaciones interculturales. Sin embargo, más allá de la denominación colectiva, jurídicamente están registradas como pequeña propiedad.
Y ahí aparece un tema del que pocos quieren hablar.
Una parte importante de estos predios tiene antecedentes de denuncias por tráfico de tierras, avasallamientos y ocupaciones promovidas durante años desde estructuras políticas vinculadas al gobierno del MAS. Todo esto ocurrió además pasando por encima del espíritu de la propia Ley INRA, que establece que primero debe garantizarse acceso a tierra para la población local. En muchos casos eso nunca ocurrió. Por el contrario, se promovieron asentamientos irregulares y ocupaciones que terminaron consolidándose mediante procesos de saneamiento como pequeña propiedad.
El patrón territorial incluso puede observarse en los propios nombres registrados en numerosos predios: comunidades campesinas, sindicatos agrarios y otras denominaciones utilizadas para asentamientos que, en teoría, debían cumplir una función social vinculada a pequeños productores, pero que en muchos casos terminaron formando parte de procesos de ocupación y consolidación territorial altamente cuestionados.
Y ese detalle es clave.
Porque justamente esos predios saneados como pequeña propiedad son los que ahora podrían convertirse en medianas propiedades, habilitando su hipoteca y permitiendo además su posterior fusión conforme al artículo 181 del Decreto Supremo 29215 sobre propiedades fusionadas. Es decir, tierras obtenidas mediante mecanismos altamente cuestionados podrían terminar facilitando procesos posteriores de concentración territorial.
¿Y quiénes terminarán teniendo la capacidad económica para concentrarlas?
Los grandes sectores con poder económico.
Por eso resulta contradictorio escuchar discursos sobre “defensa de Santa Cruz” o “defensa del territorio” por parte de sectores de la agroindustria, la CAO y de instituciones que se han convertido en férreos defensores del agronegocio, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, mientras se impulsa una ley que facilitará la concentración de tierras provenientes incluso de procesos irregulares. Esto demuestra que para ciertos sectores del agrocruceño el problema nunca fue realmente el origen de la tierra ni la defensa territorial. Lo importante es que esas tierras puedan finalmente hipotecarse, fusionarse y concentrarse.
La llamada “regionalización” termina siendo entonces una falsa salida, porque no enfrenta el problema estructural. El problema no es únicamente quién administra la ley, sino el modelo territorial que se está consolidando: uno donde la tierra deja de verse como territorio, bosque, agua o sustento comunitario, y pasa a entenderse principalmente como mercancía y activo económico.
Mientras algunos sectores ciudadanos intentan defender bosques, áreas protegidas y fuentes de agua frente al avance de desmontes y especulación, otros buscan consolidar jurídicamente mecanismos que permitan seguir acumulando tierra, incluso cuando parte de esa tierra proviene de procesos históricamente cuestionados.
La discusión de fondo debería ser otra: ¿qué modelo territorial queremos para el país y para Santa Cruz? ¿Uno basado en la concentración progresiva de tierras y la expansión sin límites, o uno que garantice sostenibilidad, protección ambiental y seguridad territorial para las futuras generaciones?
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