El alcalde de San Ignacio de Velasco, (Santa Cruz, Bolivia), Ruddy Dorado, recibió en su despacho a Revista Nómadas el miércoles 14 de septiembre, tres días antes de que la Gobernación de Santa Cruz visite las zonas deforestadas, encuentro al que él no asistió. Esta entrevista gira en torno al por qué —él como autoridad— mantiene una actitud pasiva frente a los avasallamientos perpetrados dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá. Estas son sus respuestas.
“Ahora, lo que queremos es hacer las cosas de una forma amigable, responsable, porque no tenemos la fuerza (para sacar a los avasalladores)”.
– ¿Por qué no hace algo para evitar que los avasallamientos sigan deforestando en Bajo Paraguá?
– Desde que nos hicimos cargo del Gobierno municipal, hace un año y cuatro meses, lo primero que hicimos fue hacer una inspección al Bajo Paraguá, pero lamentablemente necesitamos el apoyo de la ABT, del INRA, a las que invitamos muchas veces… y bueno, nos sentimos solos, necesitamos siempre el apoyo del Gobierno central, no lo podemos dudar.
A nuestra área protegida es prohibido ingresar y nosotros lo que no queremos es eso, que se termine como fue Choré que fue entregado por los gobiernos que les cedieron miles y miles de hectáreas.
Ahora, lo que queremos es hacer las cosas de una forma amigable, responsable, porque no tenemos la fuerza (para sacar a los avasalladores). Cuando dicen: Vamos al desalojo. El desalojo con qué, ¿con la fuerza?, ¿llevando qué? ¿Llevado a quiénes? Existen 5.000 personas en la zona, no dentro del Área Protegida, sí en las comunidades asentadas legalmente, las que están hasta antes de la línea límite. Son cerca de 40 comunidades, es a ellas a las que hay que llamarlas a la reflexión, nosotros los tratamos a ellos como ignacianos, son parte de nosotros, los queremos, conversamos, son gente amiga, pero también les pedimos que nos ayuden a cuidar el área protegida, ese es el primer paso que tenemos que dar sin descuidarnos en la parte legal que ya hemos luchado, hemos ido y lamentablemente tuvimos algunos problemas, evitamos los enfrentamientos y vimos que no es ser macho ir a enfrentarnos, podríamos perder la vida, eso no queremos, no queremos derramar sangre de ningún lado, las cosas hay que seguir tratándola institucionalmente entre todos y ver cuál es la mejor forma.
– ¿Los habitantes de esas comunidades que están antes de la línea fronteriza son los que están avasallando ahora el área protegida?
– Efectivamente, son gente vecina al Área Protegida que han ocupado esas tierras. No sabemos cuánto, todo es rumor, no podemos negar que hay asentamientos, pero usted no ve viviendas, pueden haber, 100, 200, 300 hectáreas (deforestadas) pero no ve viviendas porque ellos duermen aquí y van y trabajan al otro lado. Esa es la ventaja que tienen y la desventaja que tenemos nosotros. No es lo mismo que a un área protegida venga alguien de una distancia de 200 kilómetros y ahí es fácil sacarlo. Ellos están a 10 metros del área protegida, son 5000 personas, viven aquí, pueden trabajar allá. Esa es la ventaja que tienen, por eso se nos hace más difícil.
El alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, en entrevista con Roberto Navia.
Foto: Karina Segovia.
– Está confirmado que la deforestación sigue avanzando. Revista Nómadas ha realizado una expedición y también se logró ver los avasalladores llegan en vehículos hasta de lujo.
– Nosotros estamos como autoridad, para ir las veces que sea, para sentarnos, para negociar. Estamos obligados a hacerlo porque somos autoridad. Nosotros no podemos huirle a jeringa, es nuestra responsabilidad estar a la cabeza de todo esto, pero hay que pensar bien cómo vamos a actuar. Nosotros no tenemos el apoyo de nadie, estamos solos como municipio, como autoridades. ¿De qué sirve una visita? ¿Cuántos vamos a ir, cinco, 10, 20 autoridades? ¿Cuando allá nos esperan 3.000 personas y no nos están esperando con cuñapé?
“Cuando dicen: Vamos al desalojo. El desalojo con qué, ¿con la fuerza?, ¿llevando qué? ¿Llevado a quiénes? Existen 5.000 personas en la zona, no dentro del Área Protegida, sí en las comunidades asentadas legalmente, las que están hasta antes de la línea límite.”
– ¿Con qué les esperan?
– Con rabia, no quieren diálogo, ellos tienen una posición definida, entonces es difícil, es duro. Así como hay cosas bonitas como alcalde, ésta es una de las cosas que no nos gusta enfrentar, pero tenemos que hacerlo.
– ¿Los comunarios que están antes de la línea fronteriza se habían comprometido con usted de no entrar al área protegida?
– No, no hay ningún compromiso, ellos lo que quieren es pleito, pelea, gritos. No hay una forma de diálogo. Tampoco nosotros podemos decirle: Hasta aquí basta y cuiden, eso no es buen negocio. No podemos negociar lo que por ley nos corresponde y es un pulmón de todos.
– El INRA y la ABT dicen que es el Municipio el que tiene que solucionar el problema de los avasallamientos y usted no lo está haciendo.
– Nosotros, todo acercamiento, todo viaje a la zona ha sido con carta al INRA y a la ABT, para no ir solos. Lamentablemente no hemos podido coordinar, se habían comprometido en entrar juntos, en ir, pero a la hora de la verdad no han aparecido. Entonces, nos gustaría, porque ellos son parte del Gobierno y son los que manejan todo.
– El subgobernador de San Ignacio, Aurelio Vaca El Hage Ribera, dijo a Nómadas que el Gobernador está preocupado, pero que usted debería encabezar, como alcalde la expulsión de los avasallamientos, que debe usted llevar la batuta.
– Yo creo que eso (el Bajo Paraguá) es de todos, nosotros somos pasajeros en este cargo. Para defender nuestra área protegida, San Ignacio, no necesitamos cargo. Porque si veo algo malo, tengo que salir por mi consciencia propia, sea o no mi competencia. Ese es un discurso como para sentarse.
– Pero usted no está saliendo a defender el Bajo Paraguá.
– Si usted mira la norma, efectivamente, es el Gobierno Municipal el que tiene que encabezar todo y lo estamos haciendo… pero yo le cuento, una vez que fuimos, nos encontraron seis camionetas llenitas de policías, dijeron que nosotros íbamos armados, a buscar enfrentamientos y poco más nosotros terminamos presos. Y se llevaron una camioneta detenida porque encontraron un arma. Usted tiene que cuidar todo eso.
Un desmonte, dentro del Bajo Paraguá.
Foto: Revista Nómadas.
– ¿Cree que se trata de una política estatal los avasallamientos?
– Yo no le echo la culpa a este Gobierno, ¿no? Todos los asentamientos que hubo en el país, siempre los gobiernos ya sean municipales, departamentales o nacionales, siempre van a estar a favor de las mayorías, siempre hubo una inclinación a ceder y no quieren quedar mal con ellos. Eso no lo podemos dudar, es de siempre y esto va a seguir. Pero nosotros tenemos que, primero, buscar la unidad y no pelearnos ni echar la culpa a nadie porque aquí debe haber un plan entre todos, un proyecto de cómo vamos a enfrentar este problema, cómo vamos a ir y hacer. Es difícil, no echamos la culpa a nadie, pero tampoco tiramos la toalla. Hay que llamar a la conciencia a esa gente.
“Nosotros estamos como autoridad, para ir las veces que sea, para sentarnos, para negociar. Estamos obligados a hacerlo porque somos autoridad”
– ¿Qué es no tirar la toalla, qué acción concreta asumirá usted para sacar a los avasalladores que están dentro del área protegida del Bajo Paraguá?
– Lo que tenemos que hacer es un solo camino, unirnos todas las autoridades y llamar al Gobierno. Necesitamos de un INRA, de una ABT que nos de la mano, que estén de nuestro lado. Porque si usted tiene un mundo de autoridades y de instituciones que estén a favor de ellos (de los avasalladores) y en contra de nosotros, es una guerra perdida. Primero, tenemos que consensuar con ABT, con el INRA, llegar a un acuerdo.
Porque si nos vamos a la letra muerta, que la defensa del Bajo Paraguá es competencia municipal, las competencias son muchas, las competencias del Gobierno es darnos la salud y la educación, pero San Ignacio paga 200 ítems de maestros. Hay un mundo de competencias, pero están en papeles. La forma de actuar, de luchar, de buscar una estrategia, no debemos ver de quién es la competencia. Esto nos debe llamar a la unidad a todos para evitar que sigan avanzando una hectárea más, porque si nosotros estamos discutiendo, peleándonos entre nosotros, todo mundo está avanzando y deforestando.
– Justo ahora mismo, mientras usted dice todo esto, la deforestación sigue en el Bajo Paraguá.
– Claro. Por eso, es una alianza de todos.
– Pero, ¿cuánto tiempo puede demorar para se logre esa alianza? Los caciques dijeron que le pondrán fecha a los colonos para que salgan. ¿Qué hará usted?
– Lo que tenemos que hacer nosotros es no adelantarnos a lo que puede venir. Creo que debemos seguir trabajando con los caciques. Esa fuerza que tienen los caciques, tenemos que tenerla nosotros, unirnos a ellos, y ellos a nosotros. No podemos dejar a un cacique que vaya por su cuenta, que se enfrente, le vaya mal, sabemos que, en los enfrentamientos de tierras, los muertos son normales y eso no queremos. Para mí, primero está el diálogo con el Gobierno central, sentarnos, explicarle cómo es esto y eso tenemos que buscarlo entre todas las autoridades.
– ¿Usted apoya a este Gobierno??
– Nosotros ganamos la Alcaldía con una agrupación ciudadana. No tenemos compromiso con ningún político, eso es bueno porque estamos para trabajar con el Gobierno departamental y nacional.
– ¿Cree que hay tráfico de tierras?
– Aquí (en este municipio) se han asentado más de 100 comunidades y todas ellas están legalmente avaladas. Es un municipio inmenso, el segundo más grande de Bolivia. El Gobierno vio que aquí hay tierra para todos, y bueno, el tráfico de tierras siempre hubo, de los gobiernos de turno, de los empresarios, de los cruceños, ignacianos, de los bolivianos, todo mundo vendió tierra a extranjeros. Todos se han enriquecido. Todos han negociado con tierras. Eso no podemos ocultarlo.
