La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), junto a más de 20 organizaciones de pueblos indígenas y colectivos ciudadanos, ha hecho público un pronunciamiento contundente: acusan al Gobierno de Bolivia y a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) de haber excluido deliberadamente a las comunidades indígenas afectadas por la contaminación con mercurio, en la elaboración del Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de este metal en la minería aurífera.
Según las organizaciones firmantes, el PAN fue desarrollado con el apoyo técnico del programa Planet Gold de ONUDI, ejecutado por la organización MedMin, y con participación exclusiva de actores estatales y mineros. En el proceso no se consideró a las poblaciones ribereñas amazónicas que sufren los impactos del mercurio, ni a las organizaciones que han documentado esta problemática desde hace años. “¿Cómo puede diseñarse un plan para proteger la salud y el medioambiente, sin contar con quienes están siendo envenenados?”, cuestionan.
La exclusión ha generado críticas no solo por su carácter ético, sino también por el incumplimiento de compromisos internacionales. Las organizaciones denuncian que este proceso ha vulnerado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 19) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 6.1.a), los cuales exigen la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en políticas públicas que los afecten directamente.
La elaboración del PAN, cuya urgencia nació tras denuncias nacionales e internacionales sobre el alarmante nivel de contaminación con mercurio en la Amazonía, fue financiada con medio millón de dólares. La etapa de ejecución contará con cerca de 7 millones de dólares provenientes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), gestionados por Projekt Consult dentro del programa GEF GOLD+. Sin embargo, según el pronunciamiento, el 80% de ese presupuesto estaría destinado a consultorías, con honorarios que alcanzarían los 300 mil dólares por persona, mientras las poblaciones afectadas no han sido tomadas en cuenta ni para opinar ni para beneficiarse con acciones concretas.
Otro punto de la crítica es la supuesta “falsedad de origen” del proyecto, que afirma estar enfocado en la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM, por sus siglas en inglés), cuando en realidad, según investigaciones independientes, muchas cooperativas mineras operan con maquinaria pesada y financiamiento de grandes capitales, incluyendo empresas extranjeras, bajo un modelo extractivo a gran escala.
“Lo que el PAN y su ejecución buscan en realidad es perpetuar la minería en nuestros ríos amazónicos, bajo el discurso de una minería ‘más limpia’, cuando el problema de fondo no es solo el mercurio, sino la destrucción del territorio y los modos de vida de nuestras comunidades”, señalan. También subrayan que la verdadera minería artesanal indígena —realizada sin químicos— fue despojada legalmente por la Ley de Minería y Metalurgia 535, que prioriza el modelo cooperativo empresarial.
El pronunciamiento fue dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a distintas relatorías especiales (de Pueblos Indígenas, Niñez, Mujeres, Medioambiente y Pobreza), a la Defensoría del Pueblo en Bolivia y a las comisiones legislativas relacionadas con pueblos indígenas. Asimismo, exige que el Comité de Aplicación y Cumplimiento del Convenio de Minamata —ratificado por Bolivia mediante la Ley N.º 759— actúe para corregir las irregularidades y garantizar la participación efectiva de las víctimas de la contaminación.
Finalmente, los firmantes hacen un llamado a la sociedad civil boliviana, particularmente en las ciudades, a solidarizarse con la lucha por los territorios, los ríos, la salud y la vida de los pueblos indígenas amazónicos. “El PAN, tal como está planteado, no protege nuestros derechos. Los vulnera aún más. No es un plan de protección ambiental, es una hoja de ruta para seguir saqueando con permiso internacional”, concluyen.
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