La amenaza latente de violencia se concretó, impidiendo el inicio de la temporada de cosecha de almendra (zafra) en la barraca San Miguel, Pando. Un grupo de aproximadamente 60 zafreros que se dirigía a la zona fue interceptado y obligado a regresar, dejando a las familias en una situación de desempleo inmediato y desesperación.
Los trabajadores, que históricamente han conservado y trabajado estas áreas del bosque amazónico, confirmaron que no pudieron ingresar a los predios donde tradicionalmente realizan la zafra, ya que el área de acceso fue encontrada “sellada” por grupos que reclaman la propiedad de la tierra.
Bloqueo armado y causa de la retirada
Según testimonios recogidos, el bloqueo fue ejecutado por comunarios y nuevos asentamientos que ya esperaban a los zafreros en la entrada de una de las principales comunidades de la zona, a varias horas de distancia del centro de la barraca.
“Llegamos a la entrada y nos encontramos con gente con banderas, esperando, y lamentablemente también con armas de fuego, con escopetas. Ellos nos dijeron que ya no iban a dejar pasar porque ahora eran los dueños de esas tierras”, relató uno de los zafreros afectados, quien solicitó resguardar su identidad.
La decisión de no confrontar a los avasalladores fue motivada por el temor a una nueva tragedia. Los zafreros recordaron un deceso fatal ocurrido en 2022 durante un conflicto similar en la zona. Además, había niños en el grupo de zafreros, lo que aumentó la cautela.
“No quisimos exponer a la gente. Tuvimos que regresarnos sin nada, con hambre y cansancio, y quedamos sin la fuente de trabajo que nos sustenta cada año”, lamentó el trabajador.
Clamor por una auditoría Urgente
Ante la pérdida de su medio de vida y la toma ilegal de sus áreas de trabajo, los zafreros han hecho un llamado urgente a las autoridades competentes.
Piden a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que realicen una auditoría inmediata a las comunidades cercanas, como Palma Real y San Roque, a las que acusan de tener ya sus propias tierras y de seguir avanzando en el avasallamiento de áreas forestales clave.
“Estos grupos ya tienen sus tierras, y sin embargo siguen con más exceso y quieren avasallar más. Necesitamos que las autoridades hagan cumplir la ley y eviten que se siga traficando con la tierra y los recursos del bosque”, enfatizaron.
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