Este viernes 4 de abril, el Juzgado Agroambiental de Roboré será el escenario de una audiencia clave en la que se espera que el juez emita un dictamen que se espera ordene la destrucción inmediata de diques ilegales que han interrumpido el flujo natural del Río San Lorenzo, un afluente vital que forma parte de la cuenca de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca, en la región de la Chiquitania del departamento de Santa CRUZ, Bolivia.
Estas estructuras, construidas de manera irregular por empresarios privados, han alterado el cauce del río, afectando gravemente el ecosistema y las comunidades que dependen de este recurso hídrico en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este. Además de la demolición de los diques, se prevé que el fallo judicial incluya medidas para la restauración del ecosistema dañado y la indemnización a las poblaciones afectadas por los impactos ambientales.
El Comité de Gestión del Valle de Tucabaca se ha sumado a esta lucha, abogando por la defensa de los ríos libres y el resguardo de la biodiversidad en esta área protegida. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la protección de los recursos naturales de la región, en medio de crecientes tensiones por el uso indebido de tierras y cuerpos de agua. La comunidad local y organizaciones ambientalistas aguardan con expectativa el resultado de esta audiencia.
En un importante respaldo a la defensa del agua y los derechos de las comunidades indígenas de la Chiquitania, el Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, a través de su representante Rubén Dario Árias ha decidido sumarse como tercero coadyuvante en la demanda interpuesta por la comunidad de Buena Vista ante el Juzgado Agroambiental de Roboré. Esta acción fortalece el proceso judicial en curso, que busca la remoción de las presas que han afectado el flujo del río San Lorenzo e interrumpido el acceso a este recurso vital a las comunidades de la TCO Turubó Este.
UN PROCESO JUDICIAL EN MARCHA
Desde 2020, las comunidades de Buena Vista y Entre Ríos han enfrentado problemas de acceso al agua debido a la construcción de presas en el cauce del río que las abastecía. En agosto de 2024, presentaron una demanda de responsabilidad ambiental ante el Juzgado Agroambiental de Roboré, la cual fue admitida y se encuentra en trámite. A este proceso ya se han adherido diversas organizaciones, incluyendo la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), la Organización de Gestión Territorial Indígena (OGTI) Turubó Este y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca se suma ahora, en la recta final, al proceso judicial como tercero coadyuvante. El “Comité de Gestión es la instancia de participación, a nivel de cada AP, que incorpora en la gestión de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62o de la Ley del Medio Ambiente y art. 1o de la Ley de Participación Popular”. Su participación refuerza la legitimidad de la demanda y busca garantizar que las comunidades afectadas recuperen su derecho al agua.
El Comité destaca en la demanda que la UCPN y la RMSV Valle de Tucabaca están estrechamente vinculadas al río San Lorenzo, ya que este forma parte de la cuenca del río Tucabaca, el principal cuerpo de agua de la mencionada área protegida. La alteración de su caudal afecta directamente los ecosistemas y el equilibrio hídrico de la región.
EN LA DEMANDA SE SOLICITA:
- La remoción inmediata de las infraestructuras irregularmente construidas en la hacienda San Lorenzo para la restitución del cauce y caudal original del río San Lorenzo.
- Restauración del ecosistema afectado.
- Indemnización de las comunidades directamente afectadas.
La adhesión del Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca al proceso legal es un paso más en la lucha por la justicia ambiental en la Chiquitania. Las comunidades afectadas reiteran su llamado a las autoridades competentes y a la sociedad en general para que se garantice el cumplimiento de las normativas ambientales y se tomen medidas urgentes para proteger los recursos hídricos. El próximo viernes 4 de abril será la AUDIENCIA PRINCIPAL del caso, a las 9:00 en el Juzgado Agroambiental de Roboré (Av. Del ejército, inmueble Biblioteca Municipal).
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