El vinculo entre el medio ambiente, los derechos humanos y la salud siempre ha sido una de mi mayores preocupaciones y ha generado intensos debates entre mis colegas periodistas. Las quemas, los incendios y el humo desencadenan enfermedades como las patologías pulmonares obstructivas crónicas, especialmente en niños y ancianos. Debido a la inhalación de humo, el gas Monóxido de Carbono (CO) evita que la sangre transporte el oxígeno. Asimismo, ocasiona irritación de los ojos y la garganta, náuseas, mareos, asfixias y disminución de las funciones del cerebro. Por otra parte, los problemas medioambientales también generan estrés, originando estados de ánimo como la ansiedad y la depresión.
En el contexto actual de los incendios recientes provocados por las quemas en Bolivia, el humo denso y ácido se extendió hasta cubrir varias ciudades como Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. La calidad del aire impactó directamente en la salud de la población. Igualmente, hubo un fuerte impacto en las comunidades indígenas ubicadas en la línea frontal del fuego. En tales casos, las personas cercanas a los incendios son intoxicadas por Monóxido de Carbono y los efectos directos del humo.
Recientemente, en Santa Cruz se declaró alerta sanitaria roja tras un incremento del 20 % en las atenciones por enfermedades respiratorias en hospitales públicos. Además, cuatro departamentos bolivianos fueron afectados por 21 incendios, devastando miles de hectáreas de campos agrícolas y causando daños significativos a la flora, la fauna y, especialmente, a la salud de la población.
Según los datos del Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA), Santa Cruz superó — durante episodios de contaminación severa— los niveles de contaminación de ciudades como Pekín, la cual presentaba un ICA de 185 ug/m3, ubicándose en el primer lugar del ranking mundial. El 24 de octubre pasado, la ciudad alcanzó los 313 microgramos por metro cúbico de partículas contaminantes en el aire, una cifra calificada como “extremadamente mala” por el ICA.
Así las cosas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, ha expresado su profunda preocupación por la situación de los incendios en Bolivia, que destruyen bosques y territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Ha exigido al Gobierno boliviano tomar medidas y prevenir los incendios, así como para respetar los derechos humanos.
Los incendios causaron estragos en los bosques y las tierras indígenas, desde las riberas de los ríos hasta los lagos y curiches. En medio de una profunda sequía, estos incendios avivan el debate en Bolivia en torno a los métodos de especulación en tierra que usan el “incendio provocado” para apropiarse de tierras rurales, el “chaqueo” que implica la quema de bosques y vegetación para preparar el terreno antes de la próxima temporada de siembra, o el uso de fuego para “renovar” estacionalmente los pastizales ganaderos.
Las quemas, incendios y humo causan patologías pulmonares, afectando especialmente a niños y ancianos.
La soya, principal cultivo de Santa Cruz y tercer producto de exportación de Bolivia, generó ingresos por más de 2.000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, esta rentabilidad ha venido acompañada de un aumento desproporcional del 80 % en la tala de bosques en Santa Cruz, según el informe de Global Forest Watch (GFW).
Los incendios están afectando de manera contundente al departamento de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, convirtiéndolo en la región más perjudicada del país debido al humo proveniente de estos siniestros. Los incendios forestales de 2019 en Bolivia dejaron huellas profundas en la salud física y mental de los ciudadanos, sin que se haya encontrado respuesta a estas adversidades.
Por otra parte, los incendios interactúan con las sequías extendidas, las cuales profundizan el riesgo de incendios forestales en el país y en la vasta región amazónica. Esto impacta el suministro de agua, además de la producción de granos, vegetales y pastizales para la ganadería en todo el país.
La expansión indiscriminada de la agricultura intensiva y la especulación en tierras, dirigidas por intereses políticos y económicos ejercen influencia en los poderes gubernamentales. Estos, junto con individuos inescrupulosos y mafias locales y globales, impulsan actividades ilegales como la siembra de coca y la quema indiscriminada de bosques.
Ante este dilema, en Santa Cruz surge la interrogante: ¿cuál sería la solución viable para abordar el problema de la contaminación medioambiental y sus impactos en la salud de la población? Hay que tener en cuenta que esta situación demanda la voluntad y el compromiso del Gobierno, incluso de las gobernaciones departamentales, para asumir sus obligaciones constitucionales en materia de salud y medio ambiente. Deben tomar medidas preventivas además de repuestas de emergencia.
Asimismo, requiere una ciudanía concientizada y capaz de establecer demandas judiciales y sociales en contra de crímenes ambientales, promover campañas publicitarias en favor de reformas de leyes, cuya implementación daña la salud pública y fortalecer la educación ambiental.
Todo esto se arrastra, cabe hacer notar, debido al legado negativo de las leyes y normativas de Evo Morales que permitían la tala de árboles para convertir tierras en áreas cultivables: Las leyes incendiarias de Bolivia siguen vigentes.
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