¿A cuánto ascienden los costos que la agroindustria no asume en su contabilidad? ¿Quién los paga? Ese tipo de preguntas generan las revelaciones de una reciente investigación realizada por una coalición de tres destacadas organizaciones aplicadas a problemas económicos y socioambientales: Tierra, Fundación Jubileo y CIPCA. El proyecto fue respaldado además por Misereor, la agencia de cooperación al desarrollo de la Iglesia Católica Alemana.
El resultado de dicha iniciativa es el libro titulado “Costos ocultos de la agricultura-Monocultivos y sistemas alternativos en áreas de expansión en Bolivia”. Un texto generoso en cifras y datos que marcan un contraste no cuantificado hasta el presente. El emprendimiento constituye el primero en su tipo y se plantea como un desafío para mejorar el desempeño de la agricultura en general. Gonzalo Colque, el responsable del equipo de investigación, conversó con Nómadas sobre los detalles y alcances del trabajo.
—Esta investigación es una especie de sinceramiento de los costos, sobre todo de la agroindustria de los monocultivos. Entre “el debe y el haber” hay una importante omisión, ¿no es cierto?
—Era algo pendiente. Se trabajó bastante en mostrar los impactos sociales, ambientales, económicos e incluso humanos, pero faltaba monetizarlos. Faltaba saber cuánto representan en términos económicos todos esos impactos. Eso hace este trabajo: aplicar una metodología, un trabajo sistemático para crear ese puente y, a partir de ello, incentivar que los estudios vayan necesariamente a calcular en términos económicos esos costos ocultos. Es fundamental para visibilizar su magnitud y para influir en las políticas públicas y decisiones sobre este tema.
—Normalmente los costos de producción se basan en semillas, fertilizantes, mano de obra, combustibles, maquinaria, tierra y algo más. ¿Qué es lo que no ingresa en esos cálculos y se convierte en costos ocultos?
—Los desmontes, las quemas, los incendios forestales relacionados al dióxido de carbono, la pérdida de capacidad de almacenamiento de los bosques desmontados… En términos sociales, se calculó siempre impactos sobre los territorios indígenas, temas de despojo, avasallamientos y también la conversión de zonas de protección en monocultivos. A partir de ello, lo que hicimos fue tomar, por ejemplo, el precio del carbono, que funciona a nivel internacional, y monetizamos.
El impacto más directo está relacionado a los monocultivos. En ese campo el costo oculto supera al valor de producción. Si una hectárea de soya produce, por ejemplo, 800 dólares, su costo oculto llega a 900 dólares. Entonces, en términos sociales, no es rentable. Para el productor puede ser rentable, pero para la sociedad no porque el costo oculto es mayor en relación al costo oculto que genera.
—¿Cuáles son las cifras más críticas que ha establecido el estudio?
—El costo oculto principal está relacionado al daño ambiental. La expansión horizontal de esta agricultura que no ha medido la generación de los costos ambientales vinculados a la deforestación e incendios. Nosotros no llegamos a medir los costos ocultos indirectos que son mucho más grandes aún. Por ejemplo: la quema de 10 hectáreas para habilitar una zona de monocultivo en muchas zonas se convirtió en 100 hectáreas incendiadas por la propagación descontrolada. Eso no entra en el cálculo que hicimos porque, finalmente, este primer ejercicio busca perfeccionar la metodología. Pero también busca sentar una bastante sólida base de un mínimo de costo oculto para desarrollar luego más estudios.
No queremos que el estudio sea cuestionado por abarcar demasiados costos. Algunas personas podrían decir que algunos no son atribuibles directamente a la agricultura. En este caso, los costos que hemos tomado en cuenta son atribuibles porque resultan de directo impacto, tienen relación directa con la agricultura.
—¿En cifras concretas, ¿cuánto implican esos costos ocultos?
—Estamos hablando de 2.800 millones de dólares de costos ocultos, lo que supera al valor bruto de producción en 300 millones de dólares. En términos de hectáreas, por cada dólar de ingresos económicos generados por este sistema, el costo oculto alcanza a 1,2 dólares, supera en un 20 por ciento el valor de producción.
—Un elemento que, a veces, suele ser cuestionado por los afectados: ¿cuáles han sido las bases metodológicas con las cuales realizaron este trabajo?
—Hemos adoptado metodologías internacionales, hemos trabajado con expertos internacionales que realizaron la asesoría para la aplicación de este caso en Bolivia. También trabajamos con gente de la FAO (Agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) que hizo este primer trabajo a nivel global. Así que cuidamos de que tenga la solidez y suficiencia. Eso, sabiendo y reconociendo que la debilidad siempre está en que estos primeros desarrollos de cálculos de costos ocultos todavía no están estandarizados a nivel internacional. Todavía es una metodología en progreso, pero que va mejorando. También las universidades van tomando bases científicas mucho más sólidas para cuantificar los daños ambientales, primero, y luego para monetizarlos.
—¿Qué antecedentes sobre costos ocultos hay en otros países?
– Colombia tiene casos interesantes, todavía sectoriales, de aplicación de los costos ocultos. Estados Unidos los tiene, también países de la mancomunidad británica y varios países europeos. En Brasil se está avanzando en alianza con universidades extranjeras.
—Haciendo una interpolación, ¿entonces también se puede calcular los beneficios ocultos de los modelos alternativos agroecológicos?
—Sí, varios. Todo aquello integrado al bosque, los diversificados, los de pequeña escala tienen costos ocultos menores al valor de producción. Eso resulta importante reconocer. Hay incluso unidades que lo son a nivel comercial, incluso de carácter ganadero. Pero todavía resultan sistemas marginales que no tienen condicionamientos suficientes del entorno como para alcanzar un mayor valor comercial.
Hay cultivos ejemplares, por ejemplo, la piña en la zona de Guarayos que es mucho más rentable que una hectárea de soya. Pero que no cuenta con un mercado amplio de comercialización. Se halla restringido porque no hay el fomento de políticas públicas.
—¿Cuáles son los tres sectores que le causan mayores costos ocultos al país?
—El monocultivo nuevo, ese que se habilita a costa del bosque en la zona de avance de la frontera agrícola provocando incendios. Segundo, el que avanza sobre zonas que, según el Plan de Uso de Suelos (PLUS), no son aptas para la agricultura. Allí está toda la Chiquitania, todo San Ignacio de Velasco, todo lo que es Guarayos, no son zonas con mayor vocación productiva. Eso causa altos costos ocultos. En tercer lugar, tenemos al monocultivo exclusivamente de soya. Este trata de sacar el mayor provecho posible, en un plazo de tres a cuatro años, en tierras, se sabe técnicamente, que no son agrícolas. Sin embargo, a pesar de ello, lo hacen porque los primeros años sí pueden dar rendimientos, pero luego eso resulta abandonado.
—La coyuntura económica y política más las alertas ambientales permiten prever que habrá mayores costos ocultos en los siguientes años, ¿es así?
—Sí, el costo oculto tiene a aumentar. Por eso es importante introducirlo en las políticas públicas. Incluso puede empeorar en el caso de los costos ocultos económicos que están relacionados a las subvenciones. La subvención al diésel es uno de los costos fiscales más altos que tenemos en este momento.
—Empresarios extranjeros que usan tierras bolivianas y se llevan el capital, asimismo empresarios que usan mañosamente instrumentos financieros de la Gestora Pública generan costos ocultos. ¿Es así? ¿Pueden abrirse las evaluaciones a esos escenarios?
—Por supuesto, en el país somos muy permisivos con los costos ocultos. Por eso vienen las empresas, sobre todo, brasileñas. Son empresas privadas que ven en su relación de costo – beneficio que en Brasil hay mayor control ambiental. Eso significa mayores costos de producción para ellos. Entonces prefieren invertir en Bolivia. En Bolivia, estas tierras afectadas por esta permisividad, tienen menor precio de mercado por hectárea. Entonces invierten comprando tierras en Bolivia. Si, por encima hay un sistema financiero favorable con este caso de la Gestora, por ejemplo, obviamente es un apalancamiento del dinero público para este tipo de agricultura. Si bien son negocios de exportación, pero tienen esta otra cara que no se contabiliza, no se monetiza. Esa es la razón por la que estamos haciendo este trabajo.
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